El alcalde de Arico, Sebastián Martín, recibió durante este martes al diputado del común, Rafael Yanes, y a la adjunta de Igualdad de dicha institución, Beatriz Barrera, en el marco de la ronda de visitas que están realizando a todos los ayuntamientos de Canarias. En el caso de Arico, Martín y Yanes despacharon las diferentes cuestiones que nles han planteado los vecinos del municipio con el objetivo de tratar de encoentrar soluciones en el desarrollo de este mandato.
En ese sentido, el regidor ariquero le ha trasladado a Rafael Yanes la voluntad del gobierno municipal de impulsar las políticas de igualdad y de bienestar social. En palabras del alcalde, "una de las demandas del Diputado del Común era que añadiésemos a nuestro organigrama las concejalías de Accesibilidad y Bienestar Animal, algo que hicimos el pasado mes de diciembre". Al respecto, Rafael Yanes afirmó haber acabado "particularmente satisfecho al ver que se han creado estas áreas, iniciativa que el Diputado del Común trasladará al resto de ayuntamientos".
El encuentro se desarrolló en vísperas de que se cumpla el 35º aniversario de la puesta en servicio de la institución del Diputado del Común, a la cual el alcalde, Sebastián Martín, pone en valor por cuanto se trata "del defensor de todos los canarios". Tras agradecer la presencia de Yanes en Arico, el regidor señaló que "en su 35º aniversario toca reconocer la gran labor que llevan haciendo en estas tres décadas y media, una función de vigía con un trabajo singular que coloca a las administraciones públicas en una constante y necesaria curva de aprendizaje".
El Diputado del Común es el Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta institución tiene encomendada la defensa de los derechos y libertades constitucionales y la supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas canarias de acuerdo con lo que establece la ley.
El Diputado del Común puede iniciar, de oficio o a petición de una persona interesada, cualquier investigación que esté dirigida a esclarecer los actos y las decisiones adoptadas por los organismos de la Administración pública canaria en sus relaciones con los ciudadanos. Cuando la persona interesada entienda que, en el desarrollo de esa relación, el organismo público en cuestión no está cumpliendo las normas que regulan los correspondientes procedimientos; o no se le están respetando los derechos que le reconocen las normas, puede acudir a presentar su queja ante el Diputado del Común para que se investigue la actuación del organismo en cuestión.
