El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) valora con cautela, pero positivamente, la posibilidad de que el proyecto de Reglamento de Costas sea suspendido por el Gobierno central. El CEST anima al Ejecutivo a "dar marcha atrás con un proyecto que amenaza con desmantelar y asfixiar a cientos de empresas que desarrollan su actividad situadas total o parcialmente cerca del mar y en la ribera de los ríos".

Empresarios y profesionales consideran que, caso de confirmarse dicha decisión, "decaería la amenaza que la hasta ahora anunciada reforma del Reglamento de Ley de Costas supone para cientos de miles de empleos vinculados a sectores como la industria agroalimentaria, la hostelería y el turismo". Desde el CEST se reitera la preocupación, expresada desde hace meses y trasladada a las autoridades autonómicas, insulares y locales.

La posible suspensión de la tramitación de la reforma del Reglamento de Ley de Costas implicaría, entre otros efectos, que decaiga la pretensión de cambiar los plazos de las concesiones ya otorgadas, sus renovaciones autorizadas, renovaciones en curso y renovaciones futuras. En ese sentido, el presidente del CEST, Roberto Ucelay, considera que el Gobierno de España debe renunciar a la reforma en los términos que ésta fue planteada. "Es una buena noticia, si finalmente se confirma, para todas las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, tanto en España como en Canarias y, en particular, en Tenerife. Confiamos en que la sensibilidad del actual Gobierno de España se traduzca en una gestión razonable del litoral", señala Ucelay.

El CEST recuerda que desde la práctica totalidad de asociaciones consultadas por el Ministerio se ha denunciado que la reforma, en los términos en que se redactó, generaría infinidad de problemas. Según el presidente del CEST, "sería una buena noticia para los titulares de las concesiones en Canarias". Las inversiones de la iniciativa privada "son fundamentales para complementar las públicas y mejorar los paseos marítimos, las zonas de baño y las playas, que son para uso y disfrute gratuito tanto de residentes como de turistas, además de constituir una infraestructura clave de nuestra oferta turística como destino de sol y playa", recalca Ucelay. El presidente del CEST afirma que "se había generado un ambiente de inseguridad jurídica", por lo que "la retirada del proyecto acabaría con incertidumbres, que siempre acarrean desinversión".