Ninguna de las 21 viviendas que pretendió desalojar y precintar ayer el gobierno municipal de Güímar fue desalojada ni precintada en el barrio de Santa Lucía, del litoral de Agache. Los vecinos recibieron la notificación de manos de la secretaria municipal, firmándola con la acotación "no conforme", por lo que permanecen en sus casas. El procedimiento obliga ahora al alcalde a informar al juez y solicitar la autorización correspondiente para materializar el desalojo forzoso de los inmuebles comprendidos entre los números 94 y 116.

En el decreto 2019-4892, de 4 de diciembre pasado, el alcalde, Airam Puerta, reiteró la orden de "inmediato desalojo" de estas viviendas "por razones de seguridad para las personas" -al estar vigentes tres decretos emitidos en 2011 (los números 2262, 2301 y 2992)-, así como "el precinto acordado por el Decreto 2196/2011, de 9 de junio, de las calles El Delfín, La Fula y El Culaso". El desalojo y precinto se basa en que los informes técnicos constatan "la situación de riesgo inminente de desprendimiento de rocas en la zona de Los Barrancos-Santa Lucía" desde el talud.

El ambiente que encontró ayer Airam Puerta -quien estuvo acompañado del concejal de Obras y Servicios Municipales, Juan Delgado, así como de efectivos de la Policía Local y de una patrulla de la Guardia Civil, haciendo acto de presencia la edil de Ciudadanos, Raquel Díaz- fue menos amable que en días anteriores, aunque no hubo incidentes.

Pasadas las 11:30 horas, la secretaria municipal, acompañada de un policía local y técnicos municipales, entregó las notificaciones a los titulares de 18 de los 21 inmuebles afectados (tres estaban desalojados) en esta fase. El inglés David (reside en el número 94) fue el primero en firmar "no conforme" y quedarse en su casa. Durante la siguiente hora y media, los funcionarios completaron el periplo con idéntico resultado.

El alcalde escuchó ayer críticas a su gestión de esta situación por parte de los afectados al tiempo que transmitía un mensaje que pretendía ser tranquilizador y conciliador, "siempre en positivo". En esa línea, comunicó a los afectados que alguno de los informes encargados aclare "si el riesgo de desplome es inminente o latente". Una permuta de palabras que cambiaría la situación, puesto que ese hecho evitaría el desalojo.

Otra cuestión que quedó clara para vecinos y regidor es que la Alcaldía no tiene constancia de la existencia de un proyecto que abarque todo el tramo del talud, algo en lo que insisten los habitantes de Santa Lucía asegurando que "nos lo presentaron aquí con mucho detalle".

Tampoco tiene constancia el alcalde de que Costas emitiera autorización en 2018 para realizar obras, sino que aclaró que no tenía competencia en la zona para la que se pedía permiso.

Puerta explicó a los afectados que el 92% de la obra necesaria se podrá realizar por la vía de la autorización de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar y que su coste será de 380.000 euros. Los trabajos afectarían al tramo que pretendían desalojar y precintar ayer. El resto de la zona afectada por el riesgo de desprendimiento, que abarca del número 117 al 140 y que completa la cifra de 34 casas afectadas, precisa de otro proyecto. La orden de desalojo de esta zona está a expensas del resultado del estudio geotécnico que encargó el pasado miércoles, incidió el alcalde de Güímar ante los ciudadanos.

El problema comenzó en Santa Lucía el domingo 5 de junio de 2011. Se produjo un desprendimiento en la cueva afectando a algunas de las viviendas situadas en ella, siendo preciso el desalojo de varias de las casas del lugar y del entorno, así como el realojo de sus habitantes. El retorno se produjo casi un año después, causando un procedimiento judicial del que salieron victoriosos los vecinos que se saltaron el precinto aplicado por el Ayuntamiento. El siguiente incidente ocurrió a las cinco y media de la madrugada del 19 de octubre de 2017, con otro desprendimiento de rocas sobre el número 96 de la carretera TF-616, que dañó 32 tejas de la casa cueva. Hasta la actualidad.