Los habitantes del centenar de viviendas que conforman el barrio de Santa Lucía, en el litoral de Agache, permanecen a la espera de que el alcalde de Güímar, Airam Puerta, les transmita la situación en la que se encuentran después del acuerdo plenario adoptado el pasado día 15. Una de las medidas acordadas consiste en proceder al desalojo, total o parcial, del núcleo en el caso de que los informes técnicos autorizados determinen la existencia de un "peligro inminente" de desprendimiento desde el talud del barrio.
"Estamos a la espera, no sabemos absolutamente nada", asegura Rafael de Armas, uno de los portavoces vecinales, quien define el momento como una "situación incómoda", pero lo viven "sin preocupación alguna ni por una cosa ni por la otra", en alusión a que se produzca el desalojo o no.
El domingo 5 de junio de 2011 se registró un desprendimiento notable que afectó directamente a algunas viviendas situadas en la zona de la cueva, siendo preciso el desalojo de varias de las casas del lugar y del entorno, así como el realojo de sus habitantes. El retorno se produjo hasta casi un año después, causando un procedimiento judicial del que salieron victoriosos los vecinos que se saltaron el precinto aplicado por el Ayuntamiento.
Los vecinos dicen que "llevamos casi diez años sin que se registre otro desprendimiento", aunque en torno a las cinco y media de la madrugada del 19 de octubre de 2017 hubo uno de rocas sobre el número 96 de la carretera TF-616, que dañó 32 tejas de la casa cueva (deshabitada en ese momento), cortó el servicio de fibra óptica, abrió tres agujeros en la vía y causó su cierre parcial al tráfico. "El arreglo costó 20 euros".
La solución
A raíz de este suceso, el Ayuntamiento de Güímar y el Cabildo trataron de buscar una solución definitiva optando el gobierno que lideró Carmen Luisa Castro (PP) por afrontar, en solitario, dicha actuación, según anunció a los vecinos a tres meses de las elecciones municipales.
Un estudio geotécnico proponía dos intervenciones para asegurar el talud de la cueva y el que está sobre la carretera TF-616. Las dos propuestas requieren el uso de hormigón y la elegida tiene un coste de medio millón de euros. La obra no se hizo. El gobierno local está a la espera de que los técnicos determinen lo procedente.
