Las universidades canarias se ven obligadas a devolver más de un millón de euros tras el fiasco de los contratos Catalina Ruiz

Los contratos postdoctorales Catalina Ruiz, que el Gobierno de Canarias creó en 2020 para honrar la figura de la catedrática de Física de la Universidad de La Laguna (ULL), han resultado ser un fracaso. Los contratos para investigadores recién doctorados que nacieron con el propósito de incentivar las estancias en el extranjero y retener el talento en el Archipiélago no han tenido el efecto deseado. En total, 12 de los 33 científicos que habían accedido a estos contratos en sus tres convocatorias (2021, 2022 y 2023) han renunciado a él antes de finalizarlo. Una situación que obliga a las universidades a devolver todo el dinero que se había destinado a tal fin, incluido el que ya ha sido disfrutado por sus beneficiarios. Un importe que supera el millón de euros entre ambas.

Esto ocurre, según ha explicado la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), por un incumplimiento de las bases por parte de los beneficiarios. No en vano, los contratos no están cumpliendo el objetivo con el que fueron concebidos, pues lo que buscaba esta convocatoria era que los beneficiarios obtuvieran conocimiento fuera de Canarias para luego retornar y establecerse en las Islas.

Esta fórmula de retención de talento estipulaba una estancia de dos años en un centro de excelencia fuera de Canarias acompañado de un año de trabajo en la universidad de origen. Sin embargo, no ha ocurrido así en un tercio de los casos. "Hemos detectado que a algunos investigadores les hacían ofertas de contratos mucho antes de acabar su proyecto adscrito a esta convocatoria", resalta Javier Franco, director de la Aciisi, que adelanta que la convocatoria, tal y como se conoce, se extinguirá.

Según las bases, que se publicaron en julio de 2020, el incumplimiento de las normas de la convocatoria supone el reintegro total del montante percibido. Algo que no repercute en el beneficiario, pero sí en las universidades. De ahí que tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como la Universidad de La Laguna (ULL), encargadas de gestionar los fondos de la Agencia, sean quienes deben ahora devolver ese dinero que no ha satisfecho el propósito de la convocatoria.

A tenor de las cantidades que se destinaron a cada uno de los beneficiarios en las convocatorias –que ha fluctuado con el tiempo siendo de un mínimo de 91.500 euros y un máximo de 126.500–, se calcula que el importe a devolver por parte de las instituciones académicas supera el millón de euros.

Antonio Aparicio, vicerrector de Investigación de la ULL ha calificado esta cláusula de "desastrosa" porque no solo obliga a devolver la proporción no disfrutada, sino la totalidad del contrato. "Cada uno puede ascender a más de 120.000 euros", advierte Aparicio. Por su parte, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Sebastián López, este requisito es un "fallo" de la convocatoria porque no parece entender "cómo es una carrera profesional científica". "Hay veces que se consigue el objetivo científico antes de que acabe el contrato y otras en las que simplemente le ofrecen un contrato mejor", indica López.

En las tres convocatorias que se han sacado adelante se han otorgado un total de 34 contratos postdoctorales con una inversión que supera los 3,7 millones de euros. Según la Aciisi son 21 (61%) los que siguen en vigor "y se siguen abonando", lo que significa que 12 personas han renunciado paulatinamente a realizar estos proyectos de investigación.

Problemas desde su inicio

El mayor porcentaje de renuncias se produjo en la primera convocatoria de los Catalina Ruiz, la de 2021. Según los datos de la Agencia, el 70% de los beneficiarios renunciaron a esta ayuda para la investigación. Aquellos primeros contratados fueron víctimas de este experimento –el primer programa postdoctoral canario– que les llevó a tratar de realizar su investigación en distintos países del mundo (Australia, Alemania, República Checa o Estados Unidos) con una retribución por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de la ciudad de destino. Esta precaria situación que para muchos significaba no poder expedir siquiera el certificado de trabajo en el país de destino.

La situación fue denunciada por parte de los afectados, que insistieron en que las bases de la convocatoria inducían a confusión, ya que en ningún lugar quedaba explícito que parte de los 93.300 euros que recibirían se destinaría a la cuota de la seguridad social. En las sucesivas convocatorias, la Agencia Canaria de Investigación incrementó la cuantía total que destinaba a cada investigador, que aumentó hasta los 122.000 euros de media.

Desde entonces las renuncias han sido muchas menos. De hecho, según los propios datos de la Agencia, de la convocatoria de 2022 han renunciado 4 de los 14 investigadores beneficiarios (28%) y de la de 2023, tan solo 1 de los 9 concedidos (11%). No obstante, cabe resaltar que cuando se suelen producir más renuncias es justo cuando se van a cumplir los dos años de contrato, ya que los centros de investigación o universidades de destino suelen ser proclives a contraofertar otro contrato para poder captar el talento con el que han estado dos años trabajando.

Autonomía para las universidades

Para paliar el impacto que una medida como esta puede hacer en las arcas de ambas universidades –ya de por sí afectadas por distintas contingencias como las jubilaciones masivas–, la Agencia ha decidido incrementar la subvención que ambas reciben en 300.000 euros, con el objetivo de que sean ellas mismas las que gestionen una convocatoria postdoctoral. Aunque admiten que no es suficiente para frenar el golpe, las universidades han agradecido el gesto y ya han empezado a trabajar en nuevas convocatorias destinadas a la formación en el extranjero de estos investigadores.

"Esto nos da más autonomía; es una de cal y otra de arena y se compensa", asevera el vicerrector de Investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sebastián López. Tanto la ULPGC como la ULL están trabajando en una convocatoria postdoctoral propia. En el caso de la ULL se mantendrá hasta el nombre. "Tenemos previsto sacar entre 20 y 22 contratos postdoctorales en varias convocatorias, con la de Catalina Ruiz pensamos que podemos llegar a financiar 5", resalta Aparicio, que indica que esta convocatoria y el Plan predoctoral propio están entre las "prioridades de la ULL".

En la ULPGC, además de su plan propio para científicos recién doctorados, también se quiere poner en marcha una bolsa de viaje que permita sufragar los gastos de la investigación que se realice en otros países. Esto último lo podrán hacer gracias a otra línea de subvención que ha aprobado la Acisii y que consta de 337.000 euros adicionales para cada universidad para "gastar en otras actividades de investigación", indica Franco.