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El sueldo del contrato posdoctoral canario dificulta investigar fuera del país

Los beneficiarios encuentran obstáculos para trabajar porque cobran por debajo del SMI del destino | El presupuesto de la próxima convocatoria aumenta en 10.000 euros

Un científico trabajando en el SEGAI de la Universidad de La Laguna en una fotografía de archivo. E. D.

El sueldo que perciben los beneficiarios de los nuevos contratos postdoctorales de Canarias, los Catalina Ruiz, resulta insuficiente para poder investigar en muchos países del extranjero. Parte de los beneficiarios han denunciado que su retribución mensual para los próximos 2 años –tiempo que permanecerán en el extranjero – será de 1.532 euros netos. Una cantidad que no solo es baja en comparación con el nivel de vida de los países seleccionados (Australia, Alemania, República Checa, Italia o Estados Unidos) sino que además, en los casos en los que se desplazan fuera de la Unión Europea, les impide poder expedir un certificado de trabajo, al cobrar menos de lo exigido por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del destino.

Este problema lo han denunciado al menos cuatro de los cinco beneficiarios que han decidido aprovechar este contrato para formarse fuera de España. El resto de doctores que han optado por acogerse a esta ayuda del Gobierno de Canarias, lo hacen dentro de nuestro país y, por ello, no han tenido problemas. Para la microbióloga de la Universidad de La Laguna (ULL), Sara Marrero, las bases de la convocatoria causaban confusión. «Al solicitar el contrato no sabíamos que estábamos aceptando unas condiciones tan precarias», afirma Marrero. La investigadora calculó el sueldo que debía percibir por los 30.000 euros anuales que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACISII) había anunciado que dotaría a cada investigador. Como otros compañeros, consideró que era suficiente como para continuar el trabajo que había empezado en Australia. Sin embargo, al darse cuenta de que parte de este presupuesto se iba destinar a su cuota de la seguridad social, se ha visto «al límite» de no poder continuar con su andadura en este país, así como de quedarse «sin disfrutar el contrato», insiste la investigadora. Esta circunstancia fue la que le llevó a moverse y a presentar varios escritos junto a otras compañeras para ver cómo se podía solucionar, dado que no le parecería justo perder un contrato había «ganado en una convocatoria pública».

Las investigadoras aseguran que las distintas redacciones de la convocatoria han causado confusión. Si bien en las bases publicadas en julio de 2020 quedaba recogido, en su artículo 11, que «los gastos subvencionables incluyen, entre otros, la retribución bruta y de la cuota empresarial a la Seguridad Social del contrato». Una orden posterior, emitida el 1 de diciembre de 2020 y publicada en el BOC, no lo dejaba tan claro. En este otro documento se afirmaba que «la retribución bruta que deberá recibir la persona investigadora será de 30.000 euros anuales, distribuida en doce o catorce mensualidades según lo que establezca la normativa de la entidad beneficiaria».

Esta modificación en la redacción provocó que ni las beneficiarias ni las universidades tuvieran claro cómo se iban a formalizar los contratos hasta prácticamente el momento en el que se hizo. De hecho, los cambios en la redacción de las bases llegaron a generar dudas en el vicerrectorado de investigación de la ULPGC, que tuvo que clarificar con el Gobierno de Canarias la interpretación del texto. De ahí que el 3 de agosto de 2021, la ACIISI tuviera que emitir una nueva resolución en el que se interpretaban esas bases.

Una vez ya habían sido concedidas las ayudas, las científicas se percataron de que el sueldo bruto pasaba a ser de unos 23.000 euros anuales. «Una modificación de estas características implica la reducción en el contrato de 2.500 euros brutos en 12 mensualidad, a 1.800 euros brutos en el caso de la ULL y 1.900 en el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)», advirtieron las investigadoras en una carta remitida a la ACIISI en octubre. Por esta razón, las investigadoras creen que la Agencia debió haber advertido que la retribución neta no iba a ser suficiente para algunos destinos concretos y no dejar abierta la convocatoria a una elección de destino en cualquier parte del mundo. En el caso de Marrero, el salario mínimo de Australia es equivalente a unos 1.931,86 euros mensuales, por lo que necesitaría al menos 400 euros más para poder seguir trabajando en el país.

«No pueden vender que puedes elegir a dónde vas, porque no es así: solo puedo ir donde pueda vivir con 1.500 euros mensuales». Cataixa López, es bióloga marina en la ULL y, tras acabar la tesis, ha decidido acudir a Hawái (Estados Unidos) a seguir formándose. Allí el SMI asciende a 2.000 dólares, lo que supone unos 1.712,11 euros. Dada su retribución y las restrictivas normas laborales de Estados Unidos, ni siquiera se le permitiría la entrada en el país. «La Agencia Canaria vende que va a impulsar que se haga ciencia internacional para luego retornar ese conocimiento en las Islas y no es así», insiste López.

La última en denunciar esta situación ha sido Marina Arregui, bióloga marina de la ULPGC, que aunque no tiene problemas para pedir visado, sí critica que con esta retribución «malvivirá» en Alemania durante los próximos años. «El coste de la vida es un 20% más elevado que en España, y el sueldo neto es insuficiente para vivir en este país», insiste la investigadora. Así, «al sacrificio personal que supone dejar todo atrás, encima nos ponen obstáculos y tendremos que malvivir», reclama Arregui. Una última investigadora de la ULPGC afectada está intentando resolver el problema por su lado y no ha revelado su identidad.

Ante el agravio que han sufrido estas investigadoras, la Universidad de La Laguna se ha comprometido a pagar una compensación en función del destino con fondos propios, como confirmó el vicerrector de investigación del centro universitario, Ernesto Pereda. Esta posible compensación está contemplada dentro de las bases del programa Catalina Ruiz. «Hay que considerar que cuando un beneficiario accede a la convocatoria acepta las condiciones establecidas», explican desde la ACISII, «nosotros subvencionamos el contrato que la persona investigadora firma con el centro de I+D o universidad».

De ahí que sean las universidades quienes tengan en su mano la potestad de arreglar el desaguisado. La ULL ha incluido «esa partida en un convenio con el ministerio que se firma por una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que metió Nueva Canarias en 2021», como explicó Pereda. Este aumento del sueldo ha evitado que las investigadoras tengan que renunciar al contrato.

Por su parte, la ACIISI ha presupuestado un incremento de las partidas destinadas a la convocatoria Catalina Ruiz 2022. De hecho, en la convocatoria que se está tramitando para 2022, se ha previsto un incremento de la retribución bruta y de la cuota empresarial a la Seguridad Social, que será de 40.000 euros, en lugar de los 30.000 actuales.

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