El falso inspector de Hacienda en Tenerife: la Fiscalía pide siete años de cárcel al acusado de estafar 90.000 euros a dos hermanos

La Fiscalía solicita siete años de prisión, 2.880 euros de multa y una indemnización de 90.000 euros para un hombre, trabajador de la Agencia Tributaria Canaria, que está acusado de un delito de estafa continuada contra dos hermanos en Tenerife, tras hacerse pasar por inspector del Ministerio de Hacienda.

En la jornada de este miércoles se suspendió el juicio por tercera vez en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Según algunas fuentes, el ahora acusado supuestamente tiene un problema de salud y, al igual que en otra ocasión, ingresó en un centro hospitalario el día antes de la vista.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, el individuo simuló ser un inspector de Hacienda (Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT), para convencer a las víctimas de que tenía capacidad para influir en un expediente de regularización tributaria del impuesto sobre la renta.

Al final, los afectados no sólo le pagaron 90.000 euros al ahora procesado, sino que también debieron abonar más de 73.000 euros cada uno en concepto de deuda tributaria.

Cabe recordar que el ahora acusado ya fue condenado a dos años de prisión por otro delito de estafa agravada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Y la pena se le suspendió con la condición de que no delinquiera.

En el presente caso, cabe recordar que dos hermanos empresarios del sur de Tenerife recibieron una comunicación de la Hacienda española para el inicio de un expediente de comprobación e investigación.

Ante la angustia que sentían al tener conocimiento del grave problema fiscal, un proveedor de los denunciantes (que actuó de buena fe) les dijo que tenía un amigo que era inspector de Hacienda y que les podía facilitar una cita con él para arreglar su problema.

Sin embargo, el ahora acusado no era realmente inspector de la AEAT, sino un agente tributario de la Agencia Tributaria Canaria. Sin embargo, a la hora de hablar y relacionarse con otras personas se presentaba como inspector del Ministerio de Hacienda.

En los días siguientes a la primera conversación entre las partes, según la Fiscalía, el acusado llamó por teléfono a uno de los hermanos y le citó en su oficina, situada en una tienda en Santa Cruz de Tenerife.

En un segundo encuentro, el individuo procesado por el fraude preguntó por los datos del negocio. Y en base a esa información, exigió el pago de 30.000 euros, con el fin supuestamente de poder solucionar su problema. A las víctimas les dijo que la cantidad de dinero no era para él, sino para los funcionarios de Hacienda que realizaban el expediente. Cada hermano aportó 15.000 euros para esa primera entrega para intentar alterar el resultado del expediente de comprobación.

De acuerdo a las instrucciones recibidas por parte del falso inspector de la AEAT, los afectados extrajeron el dinero convenido de su cuenta, introdujeron el mismo en una caja de calzado deportivo, que fue cubierta con papel transparente y se lo entregaron en una tienda del centro de la capital tinerfeña a una empleada, que después se lo dio al ahora acusado.

Después de esa primera entrega, el individuo les dijo que todo iba bien, pero, a la vez, generó miedo en las víctimas, al señalarles que podía existir un posible delito fiscal, con el objetivo de que le dieran más dinero. Y, de esa manera, les reclamó otros 30.000 euros, ya que, hizo creer a los afectados que los funcionarios de Hacienda se estaban portando bien y que no llevarían el asunto a la Fiscalía.

Y, por segunda vez, los dos hermanos le aportaron la citada cantidad económica mediante el mismo procedimiento que la vez anterior.

Además, hubo un tercer pago de otros 30.000 euros, aportados conjuntamente por cada hermano. En esa ocasión, uno de los perjudicados le puso una nota en la caja de calzado deportivo en la que le dijo que ya no tenía más dinero y que el que le había entregado era el que tenía ahorrado para su hijo, que estaba acabando magisterio infantil y al que iba a ayudar a instalar una guardería.

A pesar de eso, el individuo acusado les volvió a reclamar otros 30.000 euros. Sin embargo, las víctimas le explicaron que ya no tenían más dinero para él.

El expediente de comprobación tramitado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) terminó con la firma de las actas de conformidad, en virtud de las cuales se regularizó la situación tributaria del IRPF (Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas). Cada uno de los hermanos empresarios pagó a Hacienda más de 73.000 euros, tanto en concepto de cuota como por intereses de demora.

El fiscal considera que en el acusado concurre la agravante de reincidencia, que está prevista en el artículo 22.8 del Código Penal.