El Instituto de Medicina Legal de Tenerife acumula cincuenta cadáveres

Unos cincuenta cadáveres se acumulan en la actualidad en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife y el olor empieza resultar insoportable para médicos forenses y otros funcionarios que desarrollan su labor en dicho organismo, sobre todo en la planta donde están dichos restos.

Fuentes de dicha institución explican que a tales cuerpos se les ha practicado ya la autopsia, pero todavía no ha llegado la orden de los juzgados para darles salida del edificio y proceder a su enterramiento o incineración. Se trata de personas a las que nadie reclama, muchos de ellos migrantes fallecidos durante la travesía o después de completar la llamada Ruta Canaria desde África.

La situación coincide con las protestas planteadas por el Comité de Huelga del Instituto de Medicina Legal, que demanda una mejor gestión de este recurso, mayor transparencia y que el Gobierno de Canarias proceda a la destitución del director, Jesús Vega González, como paso previo a un nuevo sistema de funcionamiento de la entidad.

González Vega confirmó a EL DÍA que en las dependencias se concentran muchos cadáveres, más de los que debería haber en un recinto de este tipo. El director explicó que «son algunos menos de 60». Según los datos a los que tuvo acceso este periódico en la jornada de ayer, a fecha del pasado martes, 6 de febrero, había 54. Entonces, a 51 ya se les había hecho la autopsia y a tres todavía se la tenían que hacer.

Aclaró que los cuerpos a los que ya se les ha hecho la autopsia «salen cuando exista autorización judicial», es decir, cuando cada juzgado libre el oficio correspondiente para uno o varios cadáveres. Y, además, compete a algunos ayuntamientos informar a los juzgados de que disponen de nichos para efectuar uno o varios enterramientos.

Según fuentes de la Consejería de Justicia consultadas por EL DÍA, este problema no es responsabilidad del Gobierno de Canarias, a quien le corresponde sólo la realización de las pruebas forenses.

Jesús Vega González declina responder a las críticas que realizan los sindicatos Intersindical Canaria (IC), CSIF, CCOO y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia), que convocan la huelga y piden que sea retirado de la Dirección.

Desde las organizaciones sindicales señalan que la sala de catástrofes está llena de cuerpos y, en otra dependencia, se hallan las cámaras frigoríficas, ideadas para albergar un cadáver, pero en cada una se acumulan dos. Para los sindicatos, al director del IML le corresponde insistir a los juzgados para que estos ordenen la salida de los restos mortales.

Colapso y mal olor

La situación de colapso es evidente y el mal olor resulta insoportable en los espacios próximos a donde se hallan los cuerpos. Señala un sindicalista que las cámaras de conservación de cuerpos están preparadas para mantenerlos dos o tres días, hasta que se les haga la autopsia. Sin embargo, las instalaciones no reúnen las condiciones de congelación necesarias para tener un cuerpo durante meses o años. Eso implica que exista un proceso progresivo de descomposición y deterioro de los cadáveres. La clave es que el Instituto de Medicina Legal no está acondicionado pare ejercer como una morgue. Sin embargo, consta que uno de los cuerpos lleva en el edificio desde agosto del 2021.

En otros casos, ante la falta de espacio, llegan cuerpos que se dejan sobre la mesa de autopsias a la espera de realizarle dichas pruebas. Sin embargo, en dicha superficie no existe frío, por lo que tampoco se garantiza completamente su conservación antes de que pueda ser analizado por los profesionales del departamento de Patología Forense.

Hay ocasiones en que, ante la falta de espacio en el Instituto de Medicina Legal, se solicita que se queden en las cámaras que posee la empresa Servisa, que es la funeraria que presta los servicios judiciales. Y, en los momentos más comprometidos, cuando dichas dependencias también están llenas y las muertes judicializadas se producen en un hospital, como el de La Candelaria, por ejemplo, se demanda que los cadáveres permanezcan en la morgue de dichos edificios.

Desde las organizaciones sindicales señalan que estas acuciantes faltas de espacio no son permanentes, sino que «existen picos temporales». Por ejemplo, uno de ellos ocurrió entre finales de abril y mayo del 2021, justo después de que fuera localizado un cayuco con 24 migrantes fallecidos en aguas próximas a El Hierro.

Otra de las situaciones críticas de concentración de cuerpos se produjo en agosto del año pasado. Y el último se ha detectado entre mediados de diciembre y la actualidad.

Escasez de recursos

«Si bien existen carencias de recursos humanos y medios materiales, la adecuada gestión y la solicitud de los mismos corresponde al director», comenta un representante sindical. Desde su punto de vista, «la gestión en los últimos años no ha sido la adecuada e, incluso, supuestamente ha llegado a ser irregular».

Y menciona dicho sindicalista que existe un expediente judicial abierto en relación con la concesión y cobro de servicios de guardias a nivel provincial. Desde el Comité de Huelga estiman que éste es otro ejemplo de la supuesta falta de transparencia en la labor de Jesús Vega González, que lleva en el cargo desde el 2009.

En Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro hay tres auxiliares de autopsia, que deben desplazarse a las islas no capitalinas y realizar servicios conjuntos con los médicos forenses en Tenerife. Para los representantes de CCOO, IC, CSIF y STAJ, dicha cifra de profesionales es muy reducida y, a veces, existen retrasos en el análisis de los cadáveres, ante la falta de personal en ese área.

Según el Comité de Huelga, otro de los problemas se da con los expedientes extrajudiciales, relacionados con las víctimas de accidentes de tráfico que piden una peritación de sus lesiones por parte de profesionales del IML, después del pago de las tasas establecidas. Recuerdan los sindicalistas que la admisión a trámite de cada asunto y la asignación a un determinado funcionario es una labor que corresponde al director de la institución. Y después vendrá la cita, la valoración y la emisión del informe por parte de un médico forense. Una de las fuentes consultadas explica que hay muchos casos en que se tarda más de un año en asignar al médico forense, «y en algún asunto, más de dos». Hay profesionales que entre agosto del 2023 y enero del 2024 han recibido expedientes extrajudiciales correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. Con esa realidad, señala un portavoz sindical, el «cuello de botella» se traslada a los médicos forenses, que deben hacer dicha labor como «extra» a su actividad cotidiana.