Los inspectores sanitarios acuden a la justicia para obligar al SCS a cumplir sus acuerdos

Dos años después de firmar un acuerdo con la Administración para mejorar sus condiciones laborales, los inspectores de Salud Pública del Gobierno de Canarias –encargados de garantizar el buen estado del agua de consumo y de los alimentos, entre otros– no han visto ni una sola de sus reivindicaciones cumplida. "Aburridos" y "desesperados" por una situación de precariedad que se ha alargado casi una década, la plantilla ha decidido ampararse en la justicia para que sean los jueces quienes insten a la Consejería de Sanidad a cumplir sus propios acuerdos

La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias ha recurrido al Contencioso- Administrativo para garantizar el cumplimiento de un acuerdo que firmaron con el director del Servicio Canario de la Salud el 16 de marzo de 2022. Esto ocurre después de que la Consejería de Sanidad haya modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio Canario de la Salud (a través del Decreto 361/2023) sin hacer ningún cambio en el cuerpo de Técnicos Inspectores de Salud Pública.

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"En dicho acuerdo se nos había comunicado que, con carácter urgente, se nos homologaría con el resto de inspectores de Canarias", explica Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias. Y es que estos profesionales cuentan con el nivel más bajo de categoría profesional para las funciones que desempeñan, por debajo del resto de inspectores de las Islas, incluyendo los de Turismo, los de Asuntos Sociales y los de Hacienda. Entre otras cosas, esta diferencia repercute en el sueldo que perciben con respecto al resto del cuerpo de inspectores, pues a día de hoy no pueden acceder a los complementos de destino, por ejemplo.

Los inspectores ya han presentado dos demandas judiciales relacionadas con el incumplimiento de dicho acuerdo

Esta acción judicial no es la primera que llevan a cabo los trabajadores. La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias ya ha presentado dos demandas judiciales relacionadas con el incumplimiento de dicho acuerdo. Los juicios están programados para noviembre del 2024. "Este nuevo recurso refuerza la determinación de la asociación para velar por los derechos y condiciones laborales de sus miembros", insiste el presidente de la Asociación. "Nos vemos en la necesidad de recurrir a instancias legales para garantizar que se respete lo acordado", revela Nonato.

Otros aspectos del acuerdo de marzo de 2022 incluyen el uso voluntario de vehículo particular así como la posibilidad de ofrecer una alternativa de movilidad para el ejercicio de las funciones. "Cosa que tampoco se ha cumplido", explica el presidente de la asociación, que asegura que la alternativa que les ofrecen sigue siendo acudir en guagua, lo que ha provocado que se dejen de realizar muchas visitas. "Hay municipios como La Orotava, Tacoronte, El Sauzal o Granadilla donde llevamos dos años sin controlar el agua de consumo", afirma Nonato.

El acuerdo incluye también que se agilice la cobertura de plazas vacantes y las sustituciones, una vez que ya han sido delegadas en la Dirección General de Recursos Humanos del SCS las competencias para el nombramiento de interinos y sustitutos en puestos de trabajo de TISP, que a día de hoy tiene la Dirección General de la Función Pública. Además, se promoverá el establecimiento de un horario singular para los veterinarios que desempeñen puestos de trabajo adscritos a los mataderos - que muchas veces empiezan a trabajar a las 4 o 5 de la mañana- y si se realizan servicios extraordinarios serán abonados según lo establecido en las tablas salariales.

Los afectados manifiestan su "profunda preocupación" por la falta de respuesta a las solicitudes de reunión

Asimismo, se establece la elaboración del Reglamento de funcionamiento de la Inspección de Salud Pública en el ámbito del SCS, en el que se contemplará la organización de la inspección, localización de los distintos puestos de trabajo, modalidades de trabajo, tipos de jornada y horario y sistemas de control horario aplicables a estos funcionarios. Hasta tanto no se desarrolle se mantendrá la situación actual en cada Área de Salud.

Los inspectores también han manifestado "su profunda preocupación" por la falta de respuesta a las solicitudes de reunión realizadas hace más de tres meses con la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón y el Director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Gustavo Díaz. "Resulta desalentador que, a pesar de nuestras constantes llamadas de atención sobre la situación crítica de la Salud Pública en Canarias, nuestras solicitudes de reunión hayan sido ignoradas durante más de tres meses", resalta Nonato.

Ante la ausencia de diálogo y respuesta por parte de las autoridades, la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias continuará buscando soluciones en el ámbito legal y en otras instancias para conseguir el cumplimiento de lo acordado el 16 de marzo de 2022. Asimismo, ya empieza a plantear la posibilidad de llevar a cabo nuevas acciones para manifestar su rechazo a los incumplimientos de la Consejería de Sanidad.

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