Presupuestos | Inversión en Canarias

El presupuesto de Educación vuelve a quedarse por debajo del 5% del PIB

La Consejería contará con 2.092 millones de euros el próximo año gracias a un incremento de 88,6 millones

Un instante de la presentación de los presupuestos de Educación en el Parlamento de Canarias.

Un instante de la presentación de los presupuestos de Educación en el Parlamento de Canarias. / E. D.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias contará en 2024 con un presupuesto de 2.092.788.541 euros, cerca de 88,6 millones más que el ejercicio anterior, es decir, un 4,42% más. Esta cantidad alcanza, de este modo, el 4,82% del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que, un año más, el presupuesto de esta Consejería no alcanzará el 5% y se volverá a incumplir la Ley Canaria de Educación, que establece que desde el año 2022 Canarias debía dedicar a esta área al menos ese porcentaje del PIB.

La mayor parte del presupuesto para el próximo año se destinará a Educación, que crece en 123.020.324 euros hasta alcanzar los 2.072.775.811 euros. El consejero del Área, Poli Suárez, señaló durante la presentación de su presupuesto ante el Parlamento regional que «también estamos trabajando para ampliar esta cantidad con fondos y programas europeos, tanto para infraestructuras educativas como deportivas, que previsiblemente supondrán una inyección económica añadida que no está contemplada en este documento». En cualquier caso, precisó que con esta nueva proyección se pretenden atender «las necesidades de las familias más vulnerables y que promueven la igualdad de oportunidades, además de dar estabilidad en ámbitos que históricamente no han sido tratados convenientemente».

La mayor parte del incremento del presupuesto obedece al aumento del capítulo 1 dedicado al personal, que crece en 77 millones de euros hasta alcanzar los 1.591.784.962 euros. Esa cantidad supone tres cuartas partes del presupuesto total de la Consejería. El incremento del personal no docente es mayor que el del personal docente y obedece a la previsión de nuevas contrataciones, muy demandadas socialmente y necesarias. En este sentido, Poli Suárez explicó que, «sin considerar los 22,2 millones de los fondos europeos, el presupuesto aumenta de los 85,6 millones de euros destinados en 2023 a inversiones hasta los 97 millones que hemos previsto para 2024», lo que implica «un incremento del 13,3% y un total de 11,4 millones de euros más para inversiones».

«Gran parte de esas partidas, 43,4 millones de euros, se destinarán a proyectos regionales e inversiones en infraestructuras educativas, para fomentar el equilibrio territorial, con inversiones en función de las prioridades de cada isla», añadió Suárez, quien subrayó que «además, hemos creado bolsas económicas para poder recurrir a ese dinero y distribuirlo según las necesidades que nos vayan trasladando los centros».

Entre los centros directivos de la Consejería de Educación, será la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado será la que más aumente sus recursos económicos, aumentando su presupuesto en 80 millones y medio de euros, debido sobre todo al aumento de los gastos en personal y porque asume su formación. Porcentualmente, el centro que más crece es la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios. Lo hace +14,51% y pasa de 120.889.013 a 138.506.797.

El diputado del PSOE, Marcos Hernández, denunció que el crecimiento del presupuesto de la Consejería, que a su juicio es «insultante», es «con diferencia» el más bajo de los últimos cinco ejercicios y «se aleja del bienestar social de Canarias». Mientras que la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, criticó que no se alcance el 5% del PIB en Educación, pues para ello el presupuesto debería haber crecido 200 millones más, y no 69. La diputada de Vox, Marta Gómez, exigió por su parte la contratación de 2.500 docentes para que Canarias alcance la cifra media de España y que se aumenten las plazas de 0 a 3 años, así como la inclusión de los centros infantiles privados, que ocupan el 75% de las plazas, en la red pública.