Sin Identidad critica la pasividad de la Fiscalía para investigar sus casos

El abogado y un portavoz de este colectivo creen que la actitud del Ministerio Público es irrespetuosa hacia las víctimas

Integrantes de Sin Identidad y varios políticos ante el Parlamento canario. | | E.D.

Integrantes de Sin Identidad y varios políticos ante el Parlamento canario. | | E.D. / Pedro Fumero

El colectivo Sin Identidad de Canarias, que trabaja por la defensa de los derechos de quienes buscan conocer a sus padres, hijos o hermanos biológicos, considera que, hasta el momento, la Fiscalía ha tenido «un papel muy pasivo, casi hostil», hacia las víctimas en un proceso que en los últimos años ha sido complejo. Así lo aseguran el abogado de esta organización, Rodrigo Lledó, y el portavoz de la misma, Francisco González de Tena. Ambos consideran que desde el Ministerio Público no ha existido «un trato empático y respetuoso» hacia los afectados, que buscan saber quiénes son sus seres queridos. Lamentan que «no se percibe una intención real de investigar» por parte de los fiscales.

Lledó y González de Tena mantuvieron el pasado martes un encuentro con la fiscal coordinadora de los casos de bebés robados en todo el país, María José Raimondo, en Madrid. Durante una hora, ambos representantes de las asociaciones Sin Identidad del Archipiélago le plantearon la preocupación de los integrantes, puesto que en las islas las investigaciones no avanzan. Desde hace años, la clave está en que los archivos en los que se cree que puede haber datos sobre familiares biológicos de los niños que fueron dejados en orfanatos como la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife no se abren a las personas interesadas en estudiar decenas de casos.

Protección de datos

El argumento utilizado por el personal o los responsables de dichos archivos es que ellos deben acogerse a la ley de Protección de Datos, señala Lledó. Uno de los supuestos que pueden darse en este bloqueo consiste en que la persona que acude a uno de estos centros tiene un nombre y unos apellidos en su documento de identidad que no coinciden con los que se le puso durante su estancia en el orfanato.

El letrado se pregunta qué falta para que desde el Gobierno del Estado no se eche a andar la legislación. Y opina que puede existir un problema presupuestario entre los ministerios de Justicia y Hacienda. Además, advierte de que la Ley aprobada en Canarias tampoco se ha implementado. Y, mientras no existen avances reales en las cuestiones legales y burocráticas, «las víctimas siguen envejeciendo, sin saber su verdadera identidad».

Para Lledó, «la ley de Datos se tiene que aplicar, pero a una fiscal no se le puede impedir el acceso a los archivos necesarios» para conocer la ascendencia o descendencia biológica de miles de personas. Manifiesta el abogado que «una cosa es que sea difícil investigar, que lo es, y otra distinta que no haya sensibilidad hacia los afectados».

González de Tena señala que «la queja más contundente es que no se nos respeta en absoluto, pues se toman decisiones al margen de quienes estamos personados en la causa».

Este representante de Sin Identidad critica que la administración haya encargado la gestión de este asunto a una empresa multinacional de asesoría y consultoría como Deloitte, «a pesar de que es una cosa muy delicada, con datos personales».

Según González de Tena, «se ha firmado un acuerdo, pero no tenemos acceso al contenido del mismo». Y, en ese ámbito, dice que ahora los afectados tendrán que hablar con interlocutores a los que no conocen.

En estos momentos, dicho portavoz de la asociación canaria explica que existen cinco archivos a los que en estos momentos no se puede acceder para descubrir la identidad de decenas de víctimas. Uno de ellos, gestionado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dependiente del Cabildo de Tenerife, guarda documentación de lo que fue la Casa Cuna en la capital tinerfeña.

Fallecidos

Hasta el momento, según fuentes del colectivo Sin Identidad en Tenerife, unas 26 personas que buscaban a sus seres queridos biológicos han fallecido en el transcurso de los últimos años sin conseguir su objetivo.

Muchos de ellos fueron niños de la Casa Cuna en las décadas de los años cincuenta, sesenta o setenta del pasado siglo. Y llegaron a dicha institución, financiada por el entonces Gobierno Civil, por diversas circunstancias.

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