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Educación

Crece la conflictividad entre docentes y alumnado de Secundaria en Canarias

El Defensor del Profesor alerta de los problemas de salud mental y de las disputas, que atribuye al aumento de las ratios en las aulas tras el final de las restricciones por el covid

Un aula de Secundaria de Santa Cruz de Tenerife. Andrés Gutiérrez

Aumenta la conflictividad en los centros educativos de Canarias, sobre todo los casos en la enseñanza Secundaria. La memoria del Defensor del Profesor de ANPE Canarias muestra que 141 docentes se pusieron en contacto con este servicio durante el curso 2021/2022 para denunciar algún incidente, frente a los 130 que lo hicieron el año anterior.

Son cifras peores que antes de la pandemia, lo que lleva al Defensor del Profesor a atribuir la gran conflictividad a la subida de las ratios aplicada en Secundaria en el último curso tras el final de las restricciones sanitarias. De este modo, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, señala que «los datos vuelven a confirmar que la disminución del número de estudiantes por docente es una medida necesaria para mejorar el clima de convivencia en los centros».

Valora el acuerdo alcanzado por los sindicatos y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias el pasado verano, que «no se trata solo de incrementar en 1.600 docentes la plantilla de profesorado en la enseñanza pública respecto a la que existía antes de la pandemia, sino que incluye una cláusula que abre la puerta a la negociación de una reducción generalizada de las ratios a medio plazo en todas las etapas». Añade que es necesario confeccionar un plan plurianual de reducción de ratios para ayudar a mejorar la situación. Así, el objetivo es alcanzar los 18 o 20 alumnos por profesor: «Los docentes no van a trabajar menos, sino que se podrá garantizar que atienden a los alumnos con más calidad».

Entre los problemas detectados por el Defensor del Profesorado, aumentaron los problemas con el alumnado, que crecieron en más de un 20% en relación con el año anterior, mientras que los conflictos con las familias descendieron. Esto se traduce en que casi tres de cada cuatro incidentes estuvieron relacionados con los alumnos.

En cuanto al preocupante aumento de casos en Secundaria, el Defensor del Profesorado recuerda que se trata de la etapa educativa en la que el propio alumnado ya tiene edad y madurez para ser el causante de la mayor parte de los incidentes, a diferencia de los niveles inferiores, en los que el protagonismo recae en las familias. Así, de los 141 casos atendidos, 77 se dieron en la Educación Secundaria Obligatoria; 33, en Primaria; 22, en Formación Profesional Básica; seis, en Educación Infantil; y tres, en ciclos formativos.

Crecieron durante el último curso examinado los problemas para dar clase, así como las agresiones entre alumnos, las amenazas, las faltas de respeto, las denuncias sin fundamento por parte de las familias y las presiones para modificar notas. En este sentido, el Defensor del Profesor en Las Palmas de Gran Canaria, Bernardo Huerga, recuerda que muchos docentes denunciaron más de una situación, lo que explica que el volumen de problemas sea mayor que la cifra de docentes que hicieron uso de este servicio.

Por su parte, los problemas de salud mental entre el profesorado también aumentan notablemente y mientras el curso anterior el 59% de docentes que denunciaron incidentes sufrieron ansiedad o depresión o tuvieron que causar baja médica, durante el último curso el porcentaje se elevó hasta el 85%. Así, las intervenciones de apoyo psicológico efectuadas por los profesionales adscritos al servicio se elevaron considerablemente.

El servicio del Defensor del Profesor puesto en marcha por ANPE Canarias lleva en funcionamiento desde 2008. A lo largo de todo este tiempo, ha asesorado y acompañado a 1.837 docentes afectados por problemas de conflictividad escolar. En toda España la cifra se eleva hasta los 42.439 casos atendidos desde que se activó el servicio a escala estatal; de ellos, 1.994 el curso pasado.

A pesar que la utilidad de este servicio ha quedado demostrada durante los últimos 14 años, ANPE lamenta que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no asuma esta función y denuncia «la insuficiencia de recursos con los que cuenta el profesorado para afrontar casos de violencia o acoso». El sindicato recuerda, no obstante, que la Administración autonómica aprobó recientemente un procedimiento de actuación para la asignación de asistencia letrada y psicológica, «pero el exceso de requerimientos burocráticos lo está convirtiendo en una herramienta poco útil». «Por ello, pedimos a la Consejería que ponga en marcha un servicio telefónico, con un número para cada provincia, al que se pueda dirigir el personal docente afectado», concluyen.

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