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La ULL decide hoy si mantiene el cese de actividad en los períodos vacacionales

El PAS laboral del centro considera que la medida contraviene el convenio colectivo de los trabajadores | La institución cifra en 800.000 euros el ahorro económico del cierre de los campus

Estudiantes durante un exámen en la Universidad de La Laguna en una imagen de archivo. Andrés Gutiérrez

En 2012, como medida de control del gasto público, la Universidad de La Laguna (ULL) decretó la paralización total de la actividad durante los períodos estivales. Ahora, diez años después de su puesta en marcha, la institución académica podría retomar la apertura de sus campus incluso cuando no existe docencia.

Una queja del comité de empresa del Personal de Administración y Servicios (PAS) laboral del centro lagunero llevará este asunto de nuevo a debate en el seno del Consejo de Gobierno de la ULL, que tendrá que tomar en consideración el informe elaborado al efecto por los servicios jurídicos de la Universidad lagunera.

Según explica la presidenta de la representación de los trabajadores, la normativa de cierre vulnera los derechos del sector recogidos en el convenio colectivo al afectar a los procesos de vacaciones del personal.

De hecho, tal y como explica el gerente de la ULL, Juan Manuel Plasencia, el cierre de la institución implica una organización de las vacaciones de tal manera que “de los 22 días hábiles de vacaciones que corresponden al personal, once se producen dentro del proceso del cierre y para los otros once tienen disponibilidad a lo largo del año”.

A ello se suma la situación del personal que desempeña su función en algunos de los servicios y departamentos que se mantienen al margen del cierre de la actividad, “trabajadores que disfrutan de sus vacaciones una vez concluyen estos períodos”, que engloban un total de cinco semanas al año.  

Y es que el gerente recuerda que desde que se iniciara esta medida hay áreas que no están afectadas, como pueden ser el animalario o el departamento de recursos humanos “que debe permanecer activo para gestionar tanto las altas y las bajas del personal como sobre todo de las nóminas”, de más de la apertura parcial de bibliotecas y salas de estudios.

Al respecto, la presidenta del comité de empresa del PAS laboral. María Teresa Rodríguez, explica que "la instrucción que regula el cierre fija unas fechas determinadas para las vacaciones del personal, una cuestión es contraria al convenio colectivo que rige este sector en las dos universidades canarias y que permite la elección de las fechas para el disfrute permisos y licencias".

Los empleados de la Universidad adaptan sus permisos a las fechas en que se paraliza la docencia

Además, añade que "esta situción impide la conciliación de la vida familiar y laboral", una queja que sustenta con un ejemplo: "Obliga a coger parte de esos días en agosto, y es justo en verano cuando las familias hacen encajes de bolillos para atender a sus hijos cuando ya no tienen colegio".

Rodríguez insiste en que desde el colectivo no solo no se está en contra de todas las medidas que implique un ahorro en las cuentas de la Universidad sino que además apoyan cualquier acción que repercuta en una mejor eficiencia de los recursos pero aclara que "no puede ir en contra de unos derechos laborales". De hecho, recuerda que cuando se propuso esta medida en 2012 por el entonces rector Eduardo Doménech, "el colectivo entendió que se trataba de una situación necesaria dentro de la crisis económica que vivía la sociedad en general, hasta tal punto de que gracias a las medidas de recorte del gasto la Universidad de La Laguna logró mantener a toda la plantilla".

Sin embargo, unos años más tarde cuando las cuentas de la institución académica empezaron a arrojar cifras positivas, desde el PAS laboral comenzaron a mantenerse al margen de la propuesta de cierre, "entendiendo sus beneficios económicos pero manifestando el rechazo a sus repercusiones en el convenio".

Este año y de cara a la votación que efectuará mañana el Consejo de Gobierno, el PAS laboral defiende la necesidad de contar al menos con un informe de los servicios jurídicos "para que quede claro si el órgano está legitimado para tomar una decisión que afecta en realidad a las condiciones laborales y que por tanto deben ser negociadas entre el comité de empresa y la gerencia.

Por el momento, Rodríguez asegura que el resto de sectores de la comunidad universitaria con representación en el Consejo de Gobierno "aún sin que tengan afectado su convenio, entienden la defensa del PAS de que se tenga al menos constancia de que el voto que emitan a favor o en contra al cierre está sujeto a legalidad".

Ahorro

Así, a pesar de que se trata de una medida con un gran impacto en las cuentas de la institución académica, el gerente asegura que “también supone una mejora en la organización interna del centro” y avanza que en el caso de que el Consejo de Gobierno opte por terminar con este cierre “habrá que reorganizar toda la Universidad”.

En cualquier caso, Plasencia insiste en que entre las principales ventajas del cierre programado durante cinco semanas se encuentra la contención del gasto, un ahorro que ronda los 800.000 euros por año. “Estamos hablando de que durante la última década la Universidad de La Laguna ha podido ahorrar uno ocho millones de euros en gastos derivados de la actividad en época vacacional que se han podido invertir en otras acciones”.

Los representantes de los afectados han solicitado un informe jurídico sobre la legalidad de la medida

Precisamente, esta es una de las principales cuestiones a solventar en el caso de que el Consejo de Gobierno opte por suprimir la paralización de la actividad: los presupuestos de la institución académicas para el presente ejercicio económico ya están cerrados, por lo que habrá que sacar esa cantidad de otras partidas. “Se puede hacer, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que habrá acciones previstas que no podrán llevarse a cabo”, lamenta Juan Manuel Plasencia.

El gerente informa de que la cantidad ahorrada gracias al cierre está vinculada en su mayoría a los dos grandes contratos de servicios que mantiene la Universidad de La Laguna: seguridad y limpieza. El hecho de no requerir de los servicios de las empresas contratadas para esta actividad durante cinco semanas implica la reducción de su coste en torno a 780.000 euros.

A esta cantidad se añaden otros 20.000 aproximadamente que se corresponden al ahorro en la factura de los suministros, principalmente agua y electricidad, que se mantienen esas semanas en mínimos. 

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