La reserva estratégica de material sanitario del Gobierno dispone actualmente de 799.569 unidades de test rápidos de antígenos, según información facilitada por el Ministerio de Sanidad a este diario. Desde marzo de 2020 hasta el 23 de diciembre de 2021, el Ejecutivo ha distribuido 5.753.418 unidades de este tipo de pruebas rápidas para detectar el coronavirus. El desabastecimiento de test de autodiagnóstico en las farmacias españolas ha provocado que el Ejecutivo haya anunciado, como una de las medidas para frenar el rápido avance de la sexta ola, que autorizará que se vendan en las boticas otro tipo de test, los de uso profesional (como los que distribuyen en centros de salud, hospitales o se utilizan para cribados masivos), que son los que forman parte de esa reserva estratégica y que se envían a las comunidades si así lo solicitan.
Sin embargo, esas pruebas diagnósticas profesionales que en unos días llegarán a las farmacias, según ha especificado el departamento que dirige Carolina Darias, no saldrán de la reserva estratégica, sino que son de «mercado libre»; es decir, las que están en los canales de distribución y que adquieren los importadores del mercado internacional. El problema es que los importadores consultados por este periódico ya advertían hace unos días que en este momento también hay falta de stock de los test profesionales. Un desabastecimiento de test que a Sanidad no le consta.
Contar con una reserva estratégica de material sanitario crítico para hacer frente a la pandemia del coronavirus ha sido una de las prioridades del Ministerio de Sanidad desde el estallido de la crisis. Actualmente, según los datos aportados por el Ministerio, ese almacenamiento dispone de 799.569 unidades de test rápidos de antígenos. Estas pruebas rápidas de antígenos de uso profesional son productos destinados a ser utilizados por sanitarios para garantizar que la toma de muestras es correcta, los productos son los adecuados, la realización de la prueba no conlleva ningún riesgo para el profesional ni los pacientes ni terceros, y que se produce una correcta interpretación de los resultados y de las medidas a adoptar, recuerdan desde entidades como la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (Anlac), que agrupa a los principales laboratorios privados.
Garantía de recursos
Este tipo de test son los que Sanidad tiene en su reserva nacional. Tal y como consta en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19, además, las comunidades deben garantizar la capacidad suficiente de recursos humanos y materiales, tanto en Atención Primaria como en hospitalaria, «que permita dar respuesta a la actividad extra asociada a un incremento de transmisión del SARS-CoV-2, así como garantizar la disponibilidad de equipos de protección individual adecuados al tipo de atención y la formación del personal en su utilización».
Asimismo, en el texto, se determina que los principios básicos para la creación de esta reserva estratégica de productos críticos –como las técnicas diagnósticas, los medicamentos, las mascarillas, los guantes, los equipos de protección individual (epis), etc.– son «el de prudencia y eficiencia» y «deben dar cobertura a una estimación de necesidades calculada en base a los consumos semanales declarados en cada comunidad autónoma, es decir, en base a la situación real vivida en durante la pandemia en nuestro país».
Según explican desde este departamento, la función que tiene la reserva estratégica es, precisamente, reforzar a las comunidades, si así lo solicitan, en materia de productos sanitarios. Es decir, para casos excepcionales. Por ejemplo, en el caso de los test de antígenos. De hecho, cada comunidad tiene su propio material, pero si se encuentra con un problema de abastecimiento o le resultan insuficientes las unidades de pruebas diagnósticas que tiene, puede pedir a Sanidad que le envíe material de su reserva nacional. Como se ha indicado, en su reserva nacional hay actualmente cerca de 800.000 unidades. A esa cantidad, se suman las que tiene cada comunidad, en sus propios abastecimientos de material que el Ministerio monitoriza semanalmente.
En octubre de 2020, el Parlamento de Castilla-La Mancha daba luz verde a la primera ley autonómica de reserva estratégica de material sanitario en España que contemplaba, entre otras cuestiones, asegurar durante un mínimo de 120 días la disponibilidad de material y equipamiento tecnológico para luchar contra la pandemia y que no volvieran a repetirse los dramáticos momentos registrados durante el estado de alarma cuando los sanitarios no tenían ni siquiera equipos para protegerse. La norma castellanomanchega incluía, además, la obligación de los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales, tanto públicos como privados, de dotarse de unas existencias mínimas. En este caso se establecía una reserva de al menos 30 días de su consumo anual.
