Uno de los cabecillas de la organización criminal estafó 50.000 euros a una sociedad gaditana. Pero era el mismo que la Policía Nacional detuvo ocho años antes por un delito similar. Fue así como el Grupo de Delitos Informáticos descubrió un mundo delictivo «de dimensiones estratosféricas». Tras un año de escuchas y seguimientos se desmanteló un grupo de blanqueo que hacía 10 años que vivía con impunidad.
Las normas en la mafia están para cumplirlas. Desde que alguien las olvida o no las respeta corre peligro su vida o se arriesga a que las fuerzas de seguridad le sigan el rastro. En el caso de los 106 mafiosos italianos detenidos en el Sur de Tenerife entre mayo y junio pasados por blanquear dinero obtenido de ciberdelitos en varios países europeos, su regla de oro consistía en «no tocar intereses españoles». Esa consigna perseguía un objetivo: seguir delinquiendo desde una tranquila isla del Atlántico sin que nadie los molestara. Casi siempre, era dinero sustraído en otros países, con víctimas extranjeras, que pasaba por innumerables cuentas y que, al final, regresaba a los fondos de varios grupos de la Cosa Nostra, muchas veces en criptomonedas. Pero la actividad alcanzó tal magnitud y eran tantas las operaciones fraudulentas que hubo alguien que no supo que Jerez de la Frontera está en España. Esa misma persona llevó a cabo la sustracción de 50.000 euros a una empresa de dicha localidad gaditana. Un fallo que les ha costado muy caro.
La operación Alma Bahía-Fontana tuvo su raíz cuando la propiedad de la citada sociedad mercantil presentó una denuncia, ya que alguien había suplantado la identidad de un directivo y ordenó a un subordinado de este que transfiriera una importante cantidad de dinero a otra empresa con la que llevaban años operando y que supuestamente había cambiado de cuenta. El empleado cumplió la orden, sin saber que entregaba 50.000 euros a un ciberestafador.
El caso llegó al Grupo de Delitos Informáticos de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. El inspector José Antonio Bueno remitió el asunto al oficial C.M. para que hiciera averiguaciones. En las primeras diligencias saltó el nombre de un ciudadano italiano que en el 2013 fue arrestado por el citado equipo de investigadores por hechos similares. Casi sin querer, los agentes habían localizado a uno de los tres principales cabecillas de la trama.
El primer informe exhaustivo sobre el asunto fue remitido a un juez de Jerez de la Frontera, que, en base a los antecedetes y la importancia de la suma estafada, autorizó la realización de escuchas telefónicas para saber qué se escondía sobre dicha reincidencia por parte del varón italiano, que tiene 46 años. Fue entonces cuando los policías nacionales liderados por el inspector Bueno se asomaron a un balcón desde el que vieron las andanzas del grupo criminal organizado; «un mundo que empezó a coger dimensiones estratosféricas».
La banda llevaba más de diez años asentada en Tenerife sin levantar sospechas del complejo movimiento delictivo que protagonizaba y sin que las fuerzas de seguridad le asestaran un golpe contundente. Estaban los tres líderes principales o «capitanes», todos de nacionalidad italiana. En un segundo escalafón se hallaban los subordinados de los primeros o «soldados», todos italianos, excepto un canario. Y en último lugar se hallaban las «mulas» o «angelotes», aquellas personas que, de forma consciente, prestaban sus cuentas para que la organización depositara temporalmente el dinero estafado en otros países. La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que quienes se prestan a estas acciones son culpables del delito de blanqueo de capitales por imprudencia. En esta base se hallaban personas italianas, sudamericanas, marroquíes, españolas, rumanas o rusas, por ejemplo.
Según una de las conversaciones telefónicas intervenidas, uno de los cabecillas explicaba a una «mula» algo similar a que «nunca nos podrán pillar, porque lo que tienes que decir es que te han engañado en una transferencia». Los únicos que tenían un alto nivel de vida eran los «capitanes». Los «soldados» y las «mulas» lograban porcentajes de beneficio ínfimos en cada operación. Lo que ocurre es que los subordinados de los cabecillas hacían tantos movimientos que con estos ingresos podían, al menos, subsistir, explican el inspector Bueno y el oficial C.M.
La estructura llegó a mover más de diez millones de euros para facilitar los ingresos a varios clanes mafiosos. Esa cantidad es la que se conoce y la que se puede probar. Los agentes están convencidos de que han tenido capacidad para mover mucho más. Pero ningún «soldado» se atrevió a robar. Y es que saben que sus familias están en Italia y pueden sufrir las consecuencias de su desliz.
Los policías supieron que uno de los líderes, de 46 años, tenía otros negocios. Disponía de un trabajo legal como agente inmobiliario en una conocida firma del sector, que le servía para darse a conocer, tener muchos contactos y disimular su actividad mafiosa. Pero también controlaba una empresa de alquiler de vehículos y casas de apuestas por internet. Y no solo se quedaba ahí. En un chalet situado en la urbanización Playa Paraíso, en Adeje, organizaba «timbas» (partidas ilegales de póker). A esa casa también se llevaban prostitutas y el consumo de cocaína animaba las madrugadas.
La sensación de impunidad con la que algunos miembros de la banda se movían dejó «alucinados» a los investigadores, porque su sistema «era casi perfecto», donde la «regla de oro», como ya se apuntó, era «no tocar intereses españoles». En el ingente trabajo de escuchas telefónicas, seguimientos, vigilancias y labores burocráticas efectuadas, el Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional de Tenerife contó con el apoyo de los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife y del Grupo de Fraude Bancario de la Comisaría General de la Policía Judicial, llegados desde Madrid, así como de policías italianos. Y es que muchas de las víctimas de las estafas son ciudadanos transalpinos. Pero los delitos de cibercrimen también fueron perpetrados en países como Alemania, Irlanda, Lituania y Reino Unido. Para los funcionarios, en el Sur de Tenerife funcionaba una «lavadora de dinero de Europa».
Las pesquisas se prolongaron durante un año, comenta el inspector José Antonio Bueno. En conjunto, se realizaron más de un centenar de intervenciones telefónicas y de correos electrónicos. Hicieron falta 18 intérpretes de varias nacionalidades para traducir las informaciones que captaba el Grupo. Algunos de los implicados no se lo pusieron nada fácil a los funcionarios. Uno llegó a cambiar siete veces de tarjeta SIM en su teléfono móvil durante un mes.
En una jornada, Bueno tuvo que coordinar la labor de 170 policías para hacer 16 registros domiciliarios y numerosos arrestos. A las seis de la madrugada del pasado 18 de mayo, los agentes entraron en ocho viviendas a la vez. Y, entre las 8:30 y las 9:00 horas, se llevaron a cabo el resto de los registros. Ese día fueron detenidos veinte acusados.
Los tres principales líderes del grupo organizado son de mediana edad, entre 40 y 46 años, y todos tienen antecedentes policiales o penales en Italia. Los agentes tinerfeños llegan a la conclusión de que, en ocasiones, cuando estos mafiosos ya están «quemados» en su país, los grupos mafiosos a los que pertenecen les dan la oportunidad de trasladarse a España, de forma concreta a Canarias, para que contribuyan de forma discreta y anónima al clan. Y esta valoración del inspector Bueno y el oficial C.M. no es gratuita. A dos de los «capitanes» les constaban órdenes europeas de detención y entrega (OEDE). Y es que en Italia ambos individuos tenían pendientes de cumplir condenas por más de 20 años de prisión.
¿Y por qué eligen el Sur de Tenerife para instalarse? «España es un país muy tranquilo, con mucha seguridad, donde, por lo general, estas personas no temen por su vida y la legislación es muy garantista con los investigados», explica José Antonio Bueno. El oficial C.M. también matiza que, a pesar de lo que pueda parecer, el Sur de Tenerife es un lugar «muy tranquilo y seguro» para vivir o pasar las vacaciones.
Ambos investigadores lamentan la lentitud de toda la maquinaria institucional, sobre todo en Italia, para la tramitación de documentos que faciliten la actuación policial. La decisión de llevar a cabo las detenciones y los registros el 18 de mayo se adoptó porque existía el riesgo de que varios «soldados» y algún «capitán» abandonaran Tenerife.
A juicio de Bueno y C.M., la pandemia y la paralización económica generada por la covid-19 también afectó muy seriamente a los integrantes de esta organización. «Se estaban asfixiando», aclara el inspector, «pues les hacían falta nuevas cuentas y contactos en las calles», pero ya no les era fácil obtenerlos. Durante los últimos años también se usaron bares, restaurantes o peluquerías legales regentadas por italianos para blanquear fondos de los ciberdelitos.
A dichos policías nacionales también les llamó la atención la importante «red de informadores» que el grupo tenía en el Sur de Tenerife, «muchos de ellos canarios; gente de la calle que colaboraba» con los mafiosos. «Ha pasado la Policía Nacional por tu calle hace un momento» o «cerca de tu casa está aparcado un coche sospechoso de ser de la Policía» eran frases que llegaban hasta los ahora acusados. En una ocasión, los delincuentes recibieron una llamada en la que se citó, literalmente, los números y las letras de la matrícula de un coche camuflado en el que estaban investigadores.
Pero más alarmante fue una conversación escuchada a uno de los cabecillas. Faltaban cuatro días para la jornada de los registros. Por teléfono afirmó dicho líder que «va a venir la Policía Nacional y la Policía de Italia y va a hacer ocho registros». Fue un momento crítico. Pero los investigadores llegan hoy a la conclusión que pudo ser una simple broma con su interlocutor. Pero lo cierto es que acertó en varios de los factores.
Apenas tres días antes del día elegido para explotar la operación, dos «solados» importantes y un controlador llegado desde Italia para verificar el negocio asaltaron a una chica en un cajero de Playa de las Américas. Su objetivo era secuestrarla para que les ofreciera las claves de cuentas corrientes y así poder mover nuevas cantidades de dinero estafado en Europa. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional intervino y llevó a cabo el arresto de los implicados.
El 18 de mayo, desde la Comisaría de Distrito Sur, en la Avenida Tres de Mayo, se coordinó un dispositivo integrado por los ya citados 170 policías, helicóptero, drones, GEO (Grupo Especial de Operaciones), GOES (Grupo de Operaciones Especiales), guías caninos, Unidad de Intervención Policial (UIP) o Unidad de Prevención y Reacción (UPR). A las 3:30 horas salieron en dirección al Sur de la Isla. A las 4:30 horas, se coordinó la acción en los Juzgados de Arona. Y a las 6:00 horas empezaron las entradas y registros.
La gran variedad de delitos perpetrados presuntamente por muchos de los implicados en la trama también sorprendió a los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Uno era ocupar viviendas por órdenes de los líderes y después ofrecer a los propietarios devolvérselas por 4.000 u 8.000 euros.
La red de informadores era tan efectiva que eran capaces de saber cuándo llegaban italianos al Sur con cierta cantidad de dinero para invertir y la vivienda vacacional en la que se iban a alojar. En una ocasión, cuando sabían que las víctimas cenaban en su primera noche en la Isla, accedieron a su alojamiento y les quitaron sus fondos en efectivo.
Un individuo detenidos en la operación estuvo implicado en un homicidio en el complejo Island Village, en la urbanización San Eugenio Alto de Costa Adeje. Dicho ciudadano italiano acudió con Andrew Ashley y un tercer individuo al apartamento en el que estaba Jimmy N., supuestamente con la intención de amenazarlo o robarle droga y dinero. Todo indica que el episodio fue un caso de ajuste de cuentas entre bandas de británicos que se disputan la venta de droga y la seguridad privada en discotecas de Arona y Adeje. Al final, el italiano y el otro individuo huyeron a la carrera del complejo, mientras que Andrew, que supuestamente llevaba un cuchillo, se enzarzó en un forcejeo con Jimmy. En un momento dado, Jimmy y A.J. le quitaron el arma blanca y el primero lo apuñaló en el hombro. El británico Andrew Ashley falleció desangrado en las escaleras a la que lo llevaron Jimmy y A.J. Tras dicha muerte violenta, Jimmy N., A.J., y otras tres personas fueron detenidas. El primero como presunto autor material del homicidio y las otras cuatro por encubrimiento. Y es que los «soldados» no tenían dedicación exclusiva a la banda, por lo que, cuando tenían oportunidad, participaban en acciones que pudieran proporcionarles ingresos económicos complementarios.
operación Alma Bahía-Fontana
Droga, extorsiones, ocupación de casas, prostitutas y «timbas»
Un lider de la trama invertió parte de sus beneficios en la actividad de blanqueo en una plantación de marihuana. Para ello usó un chalé en las medianías de Guía de Isora, donde los agentes hallaron 400 plantas. Como ya se explicó, uno de los «capitanes» organizaba partidas ilegales de póker. En una de ellas participó un jugador profesional. Tras perder en algunas ocasiones, este último individuo detectó que la partida estaba amañada, por lo que optó por no pagar la deuda que había adquirido. Entonces, un cabecilla de la trama mafiosa, decidió extorsionarlo. Condujo su BMW X6 blanco hasta el barranco que separa los núcleos de Taucho y La Quinta (en las medianías altas de Adeje) en el 2018 y lo lanzó por una ladera, por lo que el vehículo de alta gama quedó destrozado. La Policía Nacional arrestó a tres individuos por dicha acción. En una primera inspección efectuada por el Grupo de Delitos Informáticos de Tenerife en la documentación intervenida, se estima que a ciudadanos españoles también les han estafado 300.000 euros. Y eso tan solo a clientes de un único banco. Y hay vídeos en los que los delincuentes celebran la confirmación de que un fraude ha tenido éxito. El inspector José Antonio Bueno está muy satisfecho por los resultados obtenidos, entre otras cosas, porque el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona ordenó el ingreso en prisión de diez detenidos en la
. Y es que, en su opinión, no resulta nada fácil probar delitos de estas características. Cita que en la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2020 consta que se instruyeron 12.000 diligencias previas por este tipo de infracciones penales. En tan solo 1.200 causas hubo sentencias condenatorias, lo que supone un 10% del total por la dificultad probatoria. El grupo que inició la investigación está formado por ocho profesionales: el inspector, dos oficiales y cinco agentes. A día de hoy, 16 personas presuntamente vinculadas con la red de blanqueo siguen en búsqueda y captura. Bueno y M.C. destacan la labor del juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona; del fiscal delegado de Delitos Informáticos de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Salinas; de la Fiscalía del Supremo, la Fiscalía de Italia y Eurojust (agencia que coordina la labor de jueces y fiscales en Europa).
