La Policía Nacional, junto con la Polizia di Stato de Italia y Europol, asestó un duro golpe a la mafia italiana mediante una operación que acabó con la detención de 106 personas en el Sur de Tenerife, acusadas de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia ilícita de armas. Parte de los detenidos presuntamente blanquearon más de diez millones de euros en el último año procedentes de estafas informáticas por toda Europa.
Las investigaciones comenzaron en junio de 2020 por parte del Grupo de Delitos Informáticos de Tenerife de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Para llevar a cabo esta actuación, dichos profesionales solicitaron apoyo a sus compañeros de la Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife y al Grupo de Fraude Bancario de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid.
Una de las fases de esta intervención se desarrolló el pasado 18 de mayo en varias localidades de Adeje, como en la zona de La Postura o Callao Salvaje, y Arona, como en Playa de las Américas, El Camisón y Los Cristianos. El despliegue de agentes generó una importante alarma social entre numerosos ciudadanos.
Los agentes de Delitos Informáticos detectaron que en Tenerife estaba asentado un grupo vinculado a diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido en múltiples delitos informáticos cometidos en España, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania y Reino Unido.
La organización tenía un alto grado de tecnificación, lo que le permitía abarcar distintas modalidades de fraude informático: phishing (simular la web de un banco para pedir datos confidenciales), smishing (captar datos confidenciales a través de un mensaje de texto o SMS), vishing (obtener información bancaria confidencial a través de una llamada de teléfono convencional), sim swapping (los criminales roban la identidad de la víctima mediante el secuestro del móvil tras duplicar la tarjeta SIM del mismo), fraude del CEO (el cibercriminal se hace pasar por el consejero delegado de la empresa para que el personal de esta le haga una transferencia o paguen una factura falsa) y hackeos (acceso y manipulación de información) a empresas comerciales. Una vez recibido en cuentas bancarias controladas por los mafiosos, el dinero era blanqueado a través de sus empresas o en criptoactivos, para, posteriormente, ser reportado a las organizaciones mafiosas. Los policías han bloqueado 118 cuentas bancarias hasta ahora.
Estructura piramidal
Esta organización criminal funcionaba con estructura piramidal y los cabecillas dirigían toda una red de captadores y de cientos de intermediarios financieros, conocidos como «mulas», que son un indispensable eslabón en el complejo engranaje del blanqueo de capitales. La banda logró introducirse en entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias, entre otros. Este posicionamiento no solo le dio a la organización impunidad para blanquear, sino también para diferentes actividades criminales propias de estos grupos mafiosos. La investigación permitió corroborar que obtenían beneficios de la prostitución, compraventa de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y violencia, lesiones y hasta la implicación de varios miembros en dos homicidios.
La cantidad de dinero que obtenían era tan elevada que manejaban cientos de cuentas bancarias que abrían y cerraban continuamente, llegando en una ocasión a secuestrar a una mujer y, tras amenazarla a punta de pistola, llevarla a un cajero para robarle todo el dinero y abrir 50 cuentas bancarias online para la organización. Una vez detenidos, amenazaron a la víctima y su entorno para evitar que testificaran en su contra.
La extrema violencia de este grupo se manifestaba, además, en otros delitos. Daban palizas, robaban en establecimientos y extorsionaban tanto a miembros de la banda que se apartaban de las normas internas como a otras personas o empresas tinerfeñas que, por miedo a represalias, no denunciaban, lo que les confirió un importante grado de impunidad.
Las entradas y registros que realizaron los agentes aportaron datos que demostraron la implicación de los investigados en los numerosos ilícitos penales, incluido el tráfico de drogas, ya que se logró detectar una plantación de marihuana compuesta por más de 400 plantas y un centro de procesado donde filtraban las hojas de marihuana con agua y hielo a fin de aumentar sus efectos, ya que resulta mucho más potente por el incremento del principio activo.
También se evitó la realización de nuevas estafas ya preparadas. En un solo registro se intervinieron más de 80 tarjetas de telefonía dispuestas para obtener datos de numerosas víctimas de estafas informáticas. Para la mafia era tan importante este modo de financiación que mandaban desde Italia a fugitivos de la Justicia Italiana para controlar sobre el terreno sus actividades de financiación y supervisar así la obtención y envío de dinero. Dos arrestados tenían vigentes órdenes europeas de detención por 20 años de prisión por tráfico de drogas, robos con violencia y robos con fuerza. Una vez en España continuaron cometiendo delitos. De hecho, tenían en vigor órdenes de detención emitidas por juzgados de Sabadell y Arona por secuestro y robos con violencia.
También era habitual que un miembro de la cúpula mafiosa napolitana viajara a Tenerife para controlar las operaciones que se realizaban. Cada vez que esto ocurría, los investigados asentados en Canarias preparaban toda la cobertura y las medidas de seguridad para evitar la detección de esta persona en España, aunque las pesquisas policiales permitieron identificarle y detenerle en Italia a través de una orden europea de detención. Las medidas de seguridad adoptadas por estos fugitivos, conocedores de su situación y la de sus contactos, así como de la presión policial, hizo que la explotación (arrestos y entrada y registros) de la operación Fontana se adelantase, pues los agentes confirmaron que tenían documentos falsos y planeaban irse del país.
Cooperación
En el operativo se estableció un centro único de mando en Santa Cruz de Tenerife, desde el que se coordinó un dispositivo policial distribuido en tres fases operativas y en el que participaron miembros de la Policía Nacional, Europol y la Polizia di Stato italiana. Se estableció un canal directo de comunicación con autoridades judiciales y fiscales de Arona, Bari (Italia), la Fiscalía de Sala en la Unidad de Criminalidad Informática del Tribunal Supremo y la Fiscalía Especial Antidroga de Eurojust. Los agentes intervinieron un dispositivo de descarga eléctrica, 12.615 euros, 402 plantas de marihuana, dos básculas de precisión, material para plantar marihuana y vender la droga, 118 cuentas bancarias, 224 tarjetas bancarias y numerosos equipos informáticos.
