Mientras el ritmo de contagios sigue en aumento, los líos jurídicos sobre la constitucionalidad de las medidas para contener la pandemia también se multiplican a diario. Al caos generado por la aplicación del cierre perimetral y el toque de queda en diferentes Comunidades Autónomas, se suma el enredo por el uso del certificado covid digital. Para hacer frente al virus, el Gobierno de Canarias anunció hace justo una semana que este documento sería necesario para poder acceder al interior de bares y restaurantes, gimnasios y eventos culturales en Tenerife –por encontrarse en nivel 4– y, en algunos casos concretos, para poder acceder al interior de establecimientos hosteleros en Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura –por estar en nivel 3–. Desde entonces, diferentes sectores han comenzado a posicionarse en contra de esta medida, que entró en vigor el pasado lunes. En concreto, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife ha solicitado medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para la suspensión de la exigencia de este salvoconducto para acceder al interior de los establecimientos. Así, el Tribunal autonómico está cuestionando el encaje legal de esta norma que podría chocar con derechos fundamentales.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y su compañera de Gobierno, la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pusieron ayer su granito de arena para aumentar la confusión sobre los posibles usos del certificado. Darias aseguró que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no había abordado la aplicación del pasaporte covid para entrar en bares o discotecas, a pesar de que horas antes Maroto diera a entender que Sanidad estaba dispuesta a ampliar la aplicación del pasaporte, siempre que cuente con las «garantías jurídicas» necesarias para ampliar sus uso.
Y en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Darias sostuvo que este asunto «no formaba parte del orden del día» y que, aunque algún consejero autonómico había planteado esta cuestión, no se había abordado.
El uso del certificado covid digital fue respaldado por el Parlamento Europeo en aras de facilitar «la movilidad segura» de la población entre los países miembros. En este contexto, la ministra de Sanidad afirmó que ampliar su uso para acceder a interiores «sería complicado». Darias insistió en que el Ministerio defiende el límite del certificado a los «usos regulados» por la Unión Europea y descarta convertir el documento en un salvoconducto para entrar en el interior de los establecimientos. Si bien, Darias recordó que las Comunidades Autónomas pueden promover las medidas sanitarias que consideren oportunas para hacer frente al virus, siempre «dentro de su ámbito competencial».
Además de Canarias, en otras regiones como Galicia ya está en vigor el uso de este documento para cribar los accesos al interior de la restauración y hostelería. La última ha sido Melilla, que exigirá el certificado covid a mediados de agosto para entrar o hacer uso de las instalaciones deportivas municipales o participar en eventos culturales y festejos como conciertos, auditorios o teatros, así como para cualquier actividad recreativa que implique aglomeración de personas.
Comunidades Autónomas como Andalucía o Aragón también se han mostrado partidarias de esta medida, aunque todavía no la han implementado; otras como Castilla-La Mancha no la descartan si se llegara a un acuerdo nacional; mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña, Euskadi o Madrid no la ven con buenos ojos, al menos hasta que se despejen las dudas legales. En el caso de Madrid, además, insisten en solicitar una estrategia común para todos los territorios.
11,3 millones de descargas
El certificado covid sirve para acreditar que el titular ha recibido la pauta vacunal completa frente a la covid-19; que cuenta con una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas; o que se ha recuperado de una infección por SARS-CoV-2 en los últimos seis meses. Según datos de la Consejería de Sanidad, desde su activación el pasado 9 de junio se han descargado más de 900.000 certificados en Canarias, cerca del 95% por haber recibido la vacuna. El martes se colapsaron las aplicaciones informáticas que permiten descargar el pasaporte covid en Canarias y se formaron largas colas frente a varios centros de salud para solicitar el documento. En el conjunto del territorio nacional se han emitido más de 11,3 millones de certificados covid digitales, en su inmensa mayoría correspondientes a personas vacunadas con la pauta completa.
Emplear el certificado covid para limitar el acceso a determinados establecimientos podría chocar con derechos constitucionales, al menos mientras el 100% de la población no haya tenido acceso a la vacuna, puesto que es un criterio discriminatorio para aquellas personas que, por edad, todavía no han podido inmunizarse. Además, esto supondría un «castigo» a quienes decidan no inocularse el suero, una decisión que no está penalizada en la actual legislación española.
La posición de Sanidad, según detalló Darias, es la de seguir «vacunando a todo el mundo para dar las mismas oportunidades a toda la población de nuestro país». Sobre el anuncio de que Canarias estudia la obligatoriedad de vacunarse a los empleados públicos de servicios esenciales, la responsable de la cartera de Sanidad subrayó que en España la vacunación no es obligatoria y destacó que en nuestro país existe un «alto grado de concienciación» social. En consecuencia, aseguró, «no hay problemas» de este tipo sino «todo lo contrario, se acude mayoritariamente»: los ciudadanos «se quieren vacunar ya y cuanto antes».
