El 8 de junio de 2020, tras sufrir una devastadora primera ola de coronavirus, la gerencia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) decidía prescindir de los servicios de Guillermo Burillo como coordinador de las Urgencias, después de más de un lustro de servicio. Ayer, casi un año después de aquella noticia que desató un conflicto entre los profesionales del servicio y la dirección del centro, la justicia ha dado la razón al facultativo obligando al hospital a readmitirlo en el mismo cargo y a abonarle las diferencias retributivas que haya dejado de percibir. Asimismo, condena al Servicio Canario de la Salud (SCS), principal demandado, a pagar las costas procesales, que ascienden a un total de 300 euros.

Durante el juicio, el abogado defensor, Antonio Domínguez Vila, alegó que el cese debía ser nulo porque faltaban motivos. Mientras, el HUC argumentó que la designación de Burillo tenía carácter temporal, fue designado sin convocatoria pública y sin concurrencia competitiva para ocupar el cargo, por lo que concluyó que «si el nombramiento fue libre, también lo es el cese». Cabe recordar que el propio hospital aseguró que el cese venía motivado «por un cambio en la gestión interna».

Para el magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas, en la sentencia publicada en el día de ayer, sin embargo, estas razones no son suficientes, porque «no se halla rastro alguno de los motivos, causas o razones que conducen a tal resultado». La Administración sanitaria tiene ahora un periodo de 15 en los que podría imponer un recurso de apelación.

El juez no halla motivos, causas o razones que conduzcan al cese del facultativo

Desde sindicatos como UGT, sin embargo, ya se han manifestado en contra de que este escenario tenga lugar. «Espero y deseo que el Gobierno de Canarias no recurra esta sentencia, que no se sigan gastando el dinero público y ejecute inmediatamente la misma», señaló Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Empleados Públicos (Fesp) del sindicato. Bautista se mostró, asimismo, crítico con la posición que ha adoptado la dirección del HUC con este tema desde el pasado mes de junio de 2020. «No se puede admitir que el HUC, y lo dicen los propios tribunales, siga siendo el cortijo de algunos como tampoco se puede permitir que vayan en contra de todo aquello que se hace en el SCS», insistió el sindicalista. Es por ello, que desde la representación sindical solicitaron ayer «el cese inmediato en el HUC de la dirección gerente –Mercedes Cueto– y la direción médica –Sagrario Bustabad– por desacreditar a uno de los mejores profesionales que ha tenido el hospital en todos los medios». «Lo hacían porque tenían la razón y el juzgado les dice que no les puede echar y pagarle todas las retribuciones que se le deben», concluyó Bautista.

Desde el cese de Burillo, el ambiente esta área clave para la contención de la pandemia se ha llenado de crispación, empujando a muchos a pedir el traslado hacia otros servicios o a coger la baja. En tan solo un mes, los jefes de servicio dimitieron en bloque y siete personas abandonaron progresivamente la Unidad, que pasó a estar liderada por Juan Luis Alonso. El médico, que aterrizaba en el HUC después de haber coordinado un proyecto de Atención Continuada la Urgencia Vital (Acauv) de Atención Primaria, no se ha conseguido ganar el beneplácito de su equipo casi un año después. De hecho, hace apenas un mes, los trabajadores cargaban contra su gestión denunciando el caos organizativo que ha estado imperando en el área de Urgencias y que se vio agravado por el aumento de presión de pacientes con Covid-19 de marzo.

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El cese, que los trabajadores consideraron «arbitrario» desde el primer momento, llegó a causar indignación en el resto de España. Poco después del anuncio, la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (Semes) exigía la destitución inmediata de la gerente del centro hospitalario porque, como aseguró su presidente, tomó la decisión por «desavenencias personales y no por su gestión». Poco después, Mercedes Cueto se manifiestó a través de una carta dirigida a los medios condenando justamente «la guerra mediática» que se había generado a raíz de esta situación insistiendo en que estaba «deteriorando la imagen» del hospital. En aquel entonces se defendió de lo sucedido y legitimó la decisión asegurando que «en esta designación no existió ninguna motivación de tipo personal» ni ideológicas o políticas y que la única razón por la que procedió de aquella forma fue «para la mejora de la gestión y la organización».