El 9,5% de los presupuestos de sanidad canarios se están destinando a concertar servicios con las clínicas privadas de las Islas. Si bien es una cifra inferior a la que se ejecutaba en ejercicios presupuestarios anteriores –en los que este porcentaje se elevó entre el 10 y el 11%– las asociaciones defensoras del servicio público consideran que es una porción demasiado grande del pastel y que, a pesar de ello, no logra suplir las necesidades actuales de la sanidad pública.
Este es el motivo principal por el que mañana, 27 de febrero, hasta 21 organizaciones sociales, sindicales y políticas de toda España, y también Canarias, saldrán a la calle para manifestar su desacuerdo con aquellas políticas que vayan dirigidas a privatizar el servicio público, en lugar de utilizar los recursos concertados como un complemento. Las movilizaciones parten de una iniciativa nacional que ha acabado calando en el Archipiélago, donde se realizará una concentración en la Plaza de La Candelaria, en Tenerife, a las 12.00 horas de este sábado, y una movilización en Gran Canaria, que partirá del Parque de San Telmo a las 11.00 horas del mismo día. Una de las entidades participantes y precursoras de la iniciativa en Canarias es la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (Adspc).
La circunstancia precursora de estas movilizaciones se deriva de el anuncio de un desembolso por la Unión Europea para sanear la sanidad pública que tanto ha sufrido con la pandemia en los estados miembros. Un presupuesto del que la patronal de la sanidad privada no ha tardado en reclamar una parte. A tenor de esta circunstancia, los manifestantes han alzado la voz porque consideran que estos fondos deben estar destinados íntegramente a la sanidad pública pues, entre otras cosas, ha sido la que ha soportado el mayor peso durante la pandemia. “Si no lo evitamos, mediante la movilización, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones y empresas privadas serán las principales beneficiarias de los mencionados fondos europeos”, señala el colectivo en una comunicación de prensa.
“Ese 9,5% que se deriva a los conciertos no se invierte en la pública, y genera un déficit en ella”, argumenta el traumatólogo Guillermo La Barreda, portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (Adspc). Los distintos dirigentes políticos de Canarias, al hablar sobre la necesaria concertación sanitaria de las Islas, se han amparado en que tan solo recurren a ella cuando se ha excedido el rendimiento de la pública. Es decir, cuando se ha encontrado al 100% de su capacidad. Lo deben hacer no solo por aprovechar al máximo los recursos públicos, sino porque existe una norma, la Ley General de Salud, que lo exige. Sin embargo, como insiste La Barreda, “Canarias hace años que no logra llegar al 100% de su rendimiento” y es debido a que arrastra un déficit de personal que impide hacer uso de la totalidad de los recursos con los que cuenta.
Una circunstancia que, además, se ve agravada por la ingente cantidad de pacientes sociosanitarios, con necesidad de camas de media o larga estancia, que “bloquean” la asistencia en hospitales. “Si pudiéramos derivar correctamente a estos pacientes, los centros hospitalarios podrían estar trabajando a su máximo rendimiento”, señaló La Barreda, que afirmó que el problema está en que los hospitales privados no están dando salida a este tipo de pacientes, solo a los agudos de rápida recuperación. “En Canarias el concierto se está pagando por patología y no por día de hospitalización”, explica el portavoz, que incide en que en otros lugares del mundo se paga por cama y día.
Mejor un pago por días
“Acuerdan una media de días en los que se tendrá que recuperar el paciente, si al final debe estar más tiempo, se realiza un pacto de renovación con justificación médica con el que la Administración sanitaria sigue pagando por los días de más”, incide La Barreda. En España, y concretamente Canarias, “se paga por patología”, por lo que para la concertada es preferible asistir a un enfermo que se recupere rápidamente, que dejar inutilizada una cama durante mucho tiempo por el mismo precio.
Los datos constatan que algo no está funcionando correctamente, pues los índices de salud de la población canaria se sitúan a la cola de las comunidades autónomas. “La población canaria es la más enferma del conjunto del Estado español, principalmente de aquellas patologías consideradas prevenibles por su relación con el alto porcentaje de pobreza”, insiste el colectivo. Estas patologías afectan a más de un 30% de la población.
De ahí que el colectivo no solo solicite reducir ese porcentaje, sino también “crear conciertos nuevos”. Y es que, en muchos casos, la concertación sanitaria en Canarias data de la década de los 90, habiéndose prorrogado algunos de ellos incluso desde décadas antes. “En algunos se ha renovado el factor económico, pero no el asistencial, por lo tanto, no suple correctamente las necesidades de la sanidad actual”, sentencia La Barreda.
En las manifestaciones que se realizarán por toda España se promulgará un frente común a la privatización de la Sanidad Pública, solicitando la derogación de las leyes que lo amparan, como el Decreto 15 de 1997 o el artículo 90 de la Ley General de Salud. Asimismo, solicitan el retorno a lo público de lo privatizado hasta ahora. También solicitan una sanidad 100% pública, que funcione los 365 días, 24 horas y un aumento de los ratios de personal y grupos profesionales, siendo suficientes para suplir las necesidades reales, con plantillas estables y que supongan el fin del fraude en la contratación. Por último, piden que el sistema sanitario sea “gestionado democráticamente”, y se centre en la prevención y en la salud colectiva.
