Transeúntes que no han respetado las restricciones a los desplazamientos impuestos por el decreto que establece el estado de alarma fueron castigados ayer con las primeras sanciones a incumplidores de la norma, por el momento todas de carácter leve y en algunos casos objeto de vídeos virales en las redes. El incumplimiento de las limitaciones por el estado de alarma puede acarrear sanciones para los ciudadanos que van desde multas de 100 euros hasta pena de tres meses de cárcel por un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.
En Almería, la Policía Nacional detuvo por desobediencia a un ciclista que no paró cuando agentes desplegados en la zona del paseo marítimo le dieron el alto cuando presuntamente ignoraba las limitaciones. En uno de los casos que se ha vuelto viral, vecinos de Lorca (Murcia) aplaudieron desde sus casas el arresto de un viandante que, contraviniendo las medidas, deambulaba por la calle haciendo caso omiso a la Policía Nacional.
La Ertzaintza ha arrestado a un hombre por agredir a varios agentes cuando procedían a cerrar un club que permanecía abierto pese a que ya había entrado en vigor el estado de alarma. Otro caso tuvo lugar en Granada, donde cuatro personas resultaron detenidas por organizar fiestas en sus viviendas. En Cataluña, los Mossos cerraron numerosos establecimientos y locales de ocio que permanecían abiertos pese a la orden de cierre y levantaron siete actas administrativas.
Otras infracciones se cometieron en Madrid, donde se vio a personas que salían a la calle a hacer deporte, como se refleja en vídeos colgados en las redes, en los que se denuncia el incumplimiento del estado de alarma. Cerca de la ciudad, en el municipio de Valdemoro, tres personas fueron denunciadas por permanecer en la vía pública fuera de los supuestos establecidos y sobre ellos recaerá una sanción de 1.501 a 30.000 euros.
En la Comunidad Valenciana, los agentes realizaron una labor "pedagógica", pero la Policía Nacional advierte de la cuantía de las sanciones. Por ejemplo, están previstas multas de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse; o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.
