Santa Cruz registra en tres meses 74 familias vulnerables en riesgo de desahucio

La concejala del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz, Charín González, aseguró que su área ha gestionado setenta y cuatro declaraciones de vulnerabilidad en el primer trimestre de este año, un trámite que se instruye a solicitud de los tribunales con el objetivo de conocer la situación de las familias afectadas por un desahucio con el objetivo de frenar el lanzamiento hasta que se garantice un recurso alojativo alternativo.

Este dato fue aportado por la responsable municipal de Atención Municipal en el debate de la moción planteada por las concejalas socialistas Patricia Hernández y Alana Chinea sobre el desahucio de las familias de las 358 viviendas de Añaza, asunto que comenzó con un golpe de realidad: el testimonio de una de las afectadas, Yurena Rodríguez, que participó en el pleno invitada por el PSOE para aportar su testimonio.

La vecina de Añaza hace seis meses que espera porque la administración zanje la incertidumbre a la que está sometida. Reclama una solución definitiva, después de estar diez años viviendo en las 358 viviendas con contrato salvo desde que se negó a renovar la última vez por las condiciones que pretendían imponerle. «Vivimos en una situación desoladora. Acudí incluso a presentar una queja ante el Diputado del Común Rafael Yanes y el 15 de abril me dijo que todavía seguía esperando una respuesta de la Consejería de Vivienda delGobierno canario».

El caso de Yurena no guarda relación con aquellos vecinos que están en situación de okupas, si bien el responsable autonómico se comprometió a analizar la situación de todos los moradores, con o sin contratos, recordó la vecina, que lamentó que ni la concejala del IMAS y el responsable del Distrito Suroeste hayan ‘dado la cara’ en los últimos seis meses en los que ella espera una solución, afirmación que fue refrendada con aplausos por vecinos del edificioAlejandro, en Ofra, que estaban entre el público junto a una pequeña representación de los afectados de Añaza.

Debate político

Tras la intervención de Yurena, comenzó el debate de la moción socialista que defendió Patricia Hernández, quien admitió que la situación es responsabilidad de Visocan, que es la propietaria de las 358 viviendas, pero exigió al ayuntamiento que se implicara para hacer cumplir al consejero regional el compromiso que adquirió para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad se viera afectada por un desahucio y que se regularice los casos de aquellos que esperan se negaron a la renovación del contrato por las condiciones que les querían imponer. «Para una persona que cobra 800 ó 900 euros es imposible afrontar un alquiler de 600 ó 750 euros», dijo la exalcaldesa que exigió seguridad jurídica para los vecinos, tras deslizar que la ONG que media entre los moradores de las 358 viviendas de Añaza y Visocan «ha coaccionado en algunos casos».

La concejala del IMAS, Charín González, quiso ceñirse al texto de la moción que planteaba el PSOE y se acordó votar por separado los asuntos que defendía Patricia Hernández, al asegurar la responsable de Atención Social que «el ayuntamiento responde de manera rigurosa a las declaraciones de vulnerabilidad que le requiere los tribunales», algo que la portavoz socialista dijo que no era una concesión municipal, sino que era de obligado cumplimiento porque actuaba a requerimiento de la autoridad judicial.

De los cuatro puntos que planteaba el PSOE, el pleno solo respaldó el que plantea que «el Ayuntamiento inste a Visocan a que antes de iniciar un proceso de desahucio, se comunique con el Ayuntamiento de Santa Cruz para dar una respuesta coordinada, no iniciándose este en el caso de familias vulnerables».

El grupo de gobierno desestimó la petición de Patricia Hernández encaminada a que «el Ayuntamiento exija ante el Gobierno de Canarias y a Visocan la paralización de todos los procesos de desahucio de familias vulnerables de las 358 viviendas de Añaza». También se desestimó que «el Ayuntamiento medie con el Ejecutivo y Visocan para dar una solución permanente a las familias que bien se encuentren en precario o bien tengan impagos de renta, por tener un alquiler por encima de su capacidad económica» y que «el Ayuntamiento proceda a evaluar y comprobar la situación de vulnerabilidad las afectadas las 358 viviendas de Añaza, emitiendo informes de cada familia que lo requieran». 

Charín González recordó marcó el voto del equipo de gobierno y desestimó los tres puntos porque el ayuntamiento está comprometido en esos asuntos.«Votamos en contra de la manipulación del PSOE», dijo la responsable de la Atención Social, que garantizó que desde el IMAS se garantiza los itinerarios de pago y la búsqueda de soluciones alternativas.

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, también se desmarcó porque dijo que los informes de vulnerabilidad ya lo piden los juzgados y de poco vale que se lo entreguen a los vecinos afectados, cuando es un trámite que limitó a la administración judicial, para establecer un símil con quien tiene un diagnóstico médico y de poco sirve si un especialista no le aplica la terapia correspondiente.

Reunión con Visocan

El portavoz popular, Carlos Tarife, intervino para solicitar una solución definitiva, y ahondó en «exigir a Visocan que cumpla; me da lo mismo que esto llegue al Gobierno de Canarias», dijo al recordar que participa su partido. «Es necesario una atención efectiva a las familias y un seguimiento de los casos», explicó, tras recordar que el alcalde se reunió en el pasado con Visocan para exigir a la empresa pública los casos antes de iniciar un proceso de desahucio.

Cerró el debate el regidor, José Manuel Bermúdez, que recordó su implicación en el asunto y la defensa de los vecinos que hizo en la reunión con Visocan. «He sido muy firme», para reiterar la mejor disposición del equipo de gobierno en la búsqueda de soluciones. Trajo al recuerdo las ayudas que se conceden para contribuir a paliar los gastos de alquiler y el apoyo a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, si bien recordó que se trata de una problemática cuya solución corresponde a Visocan, más allá de la ayuda que garantiza a los afectados.