Santa Cruz licita el control y gestión de los locales para asociaciones de vecinos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife busca una empresa para que se encargue, por primera vez, del control y gestión de los locales municipales para asociaciones de vecinos, con el propósito de poner fin a las «tensiones» que surgen entre diferentes colectivos por el uso de un mismo inmueble. La Junta de Gobierno ha aprobado la licitación, por más de 250.000 euros, de este nuevo contrato, destinado, en concreto, a organizar los centros comunitarios Nuevo Obrero (Distrito Ofra-Costa Sur); 7 Islas (Suroeste), y Valleseco (Anaga).

El objetivo es «cambiar el modelo existente hasta ahora» para el uso de los inmuebles municipales por parte de asociaciones vecinales y otras entidades ciudadanas, que son las que se encargan de todo. La idea es que sea el propio Ayuntamiento, a través de una empresa, el que gestione directamente estos centros comunitarios, incluyendo los gastos de mantenimiento que éstos conllevan, «en lugar de ceder su uso a distintas entidades vecinales». Así lo explica el concejal de Participación Ciudadana, Javier Rivero (CC), quien comenta que si el nuevo modelo funciona, también se pondrán en marcha otros dos centros comunitarios en los Distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle.

«Este nuevo modelo de gestión pretende sustituir la forma tradicional en la que se venía desarrollando la organización de estos centros comunitarios. El modelo tradicional actualmente implantado pivota en torno a la cesión gratuita de locales a las entidades ciudadanas, las cuales se encargan de su gestión integral, mantenimiento, conservación y actividades», comenta el edil.

Rivero admite que «la convivencia entre las cesionarias» de un mismo inmueble «resulta compleja»

Éste admite que este planteamiento presenta en la práctica una serie de dificultades, pues, «en ocasiones», la convivencia entre las cesionarias de un mismo inmueble municipal «resulta compleja». La utilización de los espacios comunes, el reparto de los gastos de suministros y la incompatibilidad de las actividades que se desarrollan en algunos locales «generan tensiones muy difíciles de resolver», añade Rivero.

Asimismo, continúa el concejal, los gastos necesarios para mantener en buenas condiciones los inmuebles cedidos «resultan inasumibles para muchas entidades», a pesar de las subvenciones que anualmente se conceden.

El responsable de Participación Ciudadana apunta que con la «profesionalización» de la gestión de los centros, «la cual recaerá en el propio Ayuntamiento, incluyendo todas las cuestiones relativas a mantenimiento y conservación», los locales podrán estar abiertos a la ciudadanía en su conjunto. «Se podrán desarrollar actividades de muy diferente índole, que favorezcan el desarrollo comunitario y la convivencia en el ámbito del barrio y del distrito donde están enclavados estos espacios comunitarios», resalta.

El Ayuntamiento asumirá una serie de compromisos, como encargarse del correcto mantenimiento de las instalaciones. Para ello, y según indican fuentes municipales, se está tramitando la incorporación de los centros comunitarios a los contratos vigentes de mantenimiento de dependencias, limpieza y seguridad, entre otros. Además, el Consistorio chicharrero asumirá los gastos que generen los suministros de agua y electricidad de estos inmuebles.

También garantizará que se presten los servicios asimilables a los de conserjería, como son los de apertura y cierre de las instalaciones, reservas de locales en el centro, habilitación de los espacios, y custodia del mobiliario y material municipal, entre otros.

La idea de la Corporación local chicharrera es que exista, «como mínimo», un centro comunitario por distrito. «Empezaremos con estos tres y seguiremos poniendo en marcha otros».

El edil comenta que, con respecto a este nuevo modelo, existe cierta reticencia de las entidades ciudadanas. «Confío en que, una vez que se pongan en marcha los cambios y éstos funcionen, sean las propias asociaciones las que valoren esta nueva forma de utilizar los centros», asevera Rivero.

La empresa adjudicataria se encargará de abrir y cerrar las instalaciones; de la reserva de espacios para las actividades; y de la custodia del mobiliario y material de propiedad municipal, «reportando las incidencias que surjan». Por otro lado, «está a punto de adjudicarse un servicio para organizar actividades en dichos centros».