La Gerencia de Urbanismo de la capital tinerfeña ha ordenado el desalojo inmediato a diez personas que integran tres unidades familiares que residen en el camino de La Ermita de La Candelaria, en Salud Bajo, que viven amenazadas por la caída de piedras sobre sus casas, según se advierte en el informe del Servicio Administrativo de Gestión y Control de Servicios Públicos emitido ayer mismo.
El estudio comenzó después de que hace un mes los vecinos de la zona comunicaran su temor por posibles desprendimientos desde la ladera, si bien una de las afectadas dijo que «lo único que se cayó aquí fue una rama». Sin embargo, tras cuatro semanas de investigaciones del estado de la ladera –incluso con el uso de drones–, los técnicos de Servicios Públicos advirtieron ayer que la situación del talud «no permite garantizar la seguridad de estas viviendas».
La conclusión tan categórica llevó al concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, a ordenar ayer mismo el inmediato desalojo de los moradores, que comunicó a la Policía para que «notifique y lleve a efecto inmediato la orden», además de informar al Instituto Municipal de Atención Social para activar los recursos alojativos necesarios.
Ya por la mañana, nada más tener conocimiento de las conclusiones del informe, el edil de Urbanismo se puso en contacto telefónico con la presidenta de la asociación de vecinos Canarias Futura, a quien convocó a una reunión por la tarde, solicitando que hiciera partícipe del encuentro al resto de los residentes afectados.
Una amplia comitiva municipal se personó poco después de las cinco de la tarde, con el alcalde al frente, junto a los responsables de Urbanismo, el propio Carlos Tarife, de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Rosario González, y la edil de Protección Civil, Evelyn Alonso.
En medio de tanto político y técnico le tocó comunicar la mala noticia al alcalde, quien hizo buena la máxima de que a veces es mejor es estar solo, en especial porque el concejal de Servicios Públicos, lejos de empatizar con alguno de los afectados, a punto estuvo de alimentar un enfrentamiento con Fernando, nieto de Margarita, una de las vecinas más antiguas del lugar, que el pasado 10 de noviembre cumplió 86 años. Con problemas de movilidad, lleva más de seis décadas viviendo donde ahora la cuida su familia.
Un riesgo de toda la vida
Fernando, junto a su pareja, tienen dos niñas y esperan en breve el nacimiento de su tercera hija, Valeria. Desde ayer ve peligrar su continuidad en la que ha sido la casa de toda la vida cuando el alcalde le comunicó que tenían que desalojar por su seguridad. «Ese riesgo ha existido toda la vida y no es nuevo para nosotros; ya nos hemos acostumbrado a convivir en esta situación», le argumentó a Bermúdez para intentar convencerle de por qué no iban a dejar su vivienda. El alcalde sacó su lado más paternalista. Le recordó a Fernando que espera un bebé, que tiene otras dos niñas, el peligro que supone continuar viviendo con el riesgo de que caigan las piedras en su casa, pero ni por esas accedió a abandonarla, al menos anoche, pues pidió una tregua hasta hacerse hoy a la idea.
La madre de Fernando simplificó la situación que para los técnicos es anormal y por la que recomiendan el desalojo inmediato de las casas: «Nosotros tenemos bichada la cabeza. Estamos acostumbrados a ver piedras grandes arrastradas por el agua por el cauce del barranco; o cuando oímos un ruido o llueve cerramos la ventana y nos ponemos a ver la televisión». En total, son cuatro las viviendas afectadas, todas construidas entre la vera del barranco de Santos y la ladera que hoy las amenaza. Tres están habitadas mientras otra está desocupada por el reciente fallecimiento de su morador, ya que su familia reside en Las Palmas de Gran Canaria.
Bermúdez volvió a la carga y aportó opciones a los vecinos para que desalojaran sus casas en la reunión que se desarrolló junto al puente, frente a la asociación vecinal. La primera alternativa pasaba por irse con algún familiar, algo que cayó en saco roto; la segunda, que desde el IMAS se le busque un recurso alojativo: de urgencia, un hotel, que ya estaba incluso previsto para anoche, hasta que se lograra algún piso de alquiler.
Tal vez por la inmediatez del anuncio del desalojo, la comitiva acudió sin un censo detallado de cuántas personas eran las afectadas; ahí fue decisiva la presencia de la concejala del IMAS que mostró su condición de trabajadora social para rebajar tensiones y acercar posturas, si bien persistían las reticencias de los vecinos del número 9. «¿Nos van a echar de nuestras casas? ¿Y cuándo volvemos? ¿Nos van a hacer como a los vecinos de María Jiménez? ¿Quién cuida a nuestros animales? ¿Quién riega nuestras fincas?». De nuevo un conciliador Bermúdez, que siempre fue firme a la hora de advertir que «si se deciden quedar es bajo su responsabilidad, pero el ayuntamiento comunicará el desalojo al juez». Pero les dio una tregua de 24 horas. La frialdad del anuncio, que cayó como un jarro de agua fría, se tornó en una invitación para que visitara una de las casas de quienes se niegan a dejar sus viviendas, mientras el regidor se compromete a adjudicar hoy la obra de la ladera por la vía de urgencia y garantizar el regreso de los vecinos a sus viviendas cuando concluyan los trabajos. «El Ayuntamiento no los va a abandonar», les garantiza.
La reunión se celebró con la vista puesta en la ladera. No cayó ni una piedra, pero sí agua, y precisamente los técnicos habían advertido que el riesgo de desprendimientos es del 70% si se registran 40 litros por metro cuadrado y del 50% si se contabilizan 20 por metro cuadrado. En medio del aguacero, la Policía comunicó el desalojo, la comitiva se marchó y los vecinos decidieron aplazar su marcha.
