El expediente de la demolición del edificio de aparcamientos en la Playa de las Teresitas, conocido como mamotreto, escribe un capítulo más en sede judicial. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez, reclamó al Ayuntamiento chicharrero, mediante una providencia, que remitiera a dicho órgano judicial toda la documentación y facturas de las cantidades abonadas y de las no abonadas, pero comprometidas, relacionadas con el derribo de dicho edificio para reclamárselas, si se ajustaran a derecho, a los seis condenados en este caso, quienes no solo debían cumplir mediante sentencia firme con una pena de privación de libertad, sino que también se les obliga a pagar las obras de demolición del mamotreto. Pero la documentación remitida por el área de Tesorería del Ayuntamiento capitalino y la enviada por los Servicios Jurídicos del mismo Consistorio, a la que ha tenido acceso EL DÍA, recogen cantidades de dinero a reclamar bien distintas.
Mientras la Tesorería municipal justifica que el Ayuntamiento ha abonado a terceros un total de 293.708,31 euros, los servicios jurídicos elevan esta cifra hasta los algo más de 396.000 euros, ya que su documentación incluye cantidades que finalmente el Ayuntamiento no se vio comprometido a pagar a la empresa adjudicataria del contrato de demolición ya que ésta no cumplió con obras de mejora en el entorno, como el reasfaltado; cerca de 20.000 euros del aval que la contrata depositó antes de la adjudicación del contrato, y que le fue ejecutado por el propio Consistorio al no cumplir la empresa con la totalidad del contrato; cantidades relacionadas con la certificación final de la obra a la que el Ayuntamiento le dedujo diferentes cantidades por "no estar conforme con la recepción de la obra" así como una cantidad de liquidación de este contrato que giraría sobre los 40.445 euros, cantidad que además de no estar bien calculada fue objeto de reparo por parte de la Intervención General del Ayuntamiento y, por tanto, no se abonó.
Desglose de la Tesorería
La Tesorería del Ayuntamiento relaciona en su informe de "pagos a terceros" una cantidad total abonada que asciende a 293.708,31 euros, cifra que, desglosada corresponde a la realización de la redacción de los proyectos de demolición total y parcial del edificio de aparcamientos (18.000 euros), de la que se encargó el área de Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife; informe de documentación redacción de proyecto de demolición (18.720 euros); abono de la factura por honorarios de la coordinación de seguridad y salud en el proyecto de ejecución de la demolición (680 euros); abono de las tres primeras certificaciones de obra de la demolición (188.068,84 euros) a la contrata Joca Ingeniería y Construcciones, así como una cuarta certificación que se le abona por un importe de 68.234,47 euros. Las cuatro certificaciones elevan el abono a esta constructora en 256.303,31 euros
La asesoría jurídica del Ayuntamiento, por su parte, informa en su documentación remitida al Juzgado que "sin perjuicio del certificado que emita el Tesorero General" en relación a las cantidades abonadas a la empresa que ejecuta la demolición, adjunta el informe de la Gestora Económica del Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras (17 de octubre de 2019) en el que se detallan los pagos por cuatro certificaciones de obras por una cantidad que asciende hasta los 256.303,31 euros, así como de las cantidades pendientes de abonar correspondiente a la certificación final, que se eleva a 121.963,58 euros, "todo ello -indican los letrados- a la vista de la obra efectivamente ejecutada a origen, según la Dirección Facultativa de Obras, que asciende a 378.266,89 euros, así como de los cálculos efectuados para proceder al abono de las cantidades pendientes, una vez efectuados los descuentos de la mejora no ejecutada (95.989,04 euros), en fase de liquidación".
Entre la documentación remitida al Juzgado, la asesoría jurídica hace constar también la reclamación de algo más de 40.000 euros que aún no ha abonado a la contrata para la liquidación del contrato, cantidad reflejada en un expediente que acabó con el informe de reparo del interventor general del Ayuntamiento cuestionando la legitimidad del abono de dicha cantidad, entre otras causas según apunta el interventor porque "la comprobación material de la inversión realizada por la Intervención Municipal y técnicos asistentes a la obra" que debió ejecutarse según la licitación del contrato "ha sido desfavorable". Pero el reparo se extiende también a la falta de documentación necesaria para contar con el visé de la Intervención. Además de estas cantidades, se reclaman también otros gastos hasta llegar a la cifra de 396.260 euros.
Providencia
Tanto la Tesorería como los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento responden así a la providencia dictada por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, después de que la representación legal de los condenados, entre ellos el letrado Alfonso Delgado, hiciera hincapié en la necesidad de que el tribunal tuviera conocomiento de las cantidades de dinero que efectivamente abonó el Ayuntamiento y de las que son responsables los seis condenados, entre ellos, los exediles nacionalistas Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez.
Con la entrega de esta documentación, la magistrada podrá resolver también la pretensión de los condenados que, en un escrito presentado por el abogado Alfonso Delgado solicitó abonar solo 132.467 euros, el 33% de la cantidad total que el Ayuntamiento les reclama por el derribo del edificio que fue declarado ilegal.
Dicha cantidad no es caprichosa, ya que el abogado sostiene que los acusados "solo están obligados a reembolsar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por aquellos importes efectivamente abonados a la empresa adjudicataria que se hizo cargo de los trabajos de demolición y reasfaltado de la zona.
En este sentido, Delgado calcula en dicho escrito que a la cantidad por la que la obra de derribo fue adjudicada, 396.260 euros, se le deben restar varios conceptos, entre ellos: 95.989 euros por mejoras de asfaltado que finalmente no fueron realizadas; 4.340 euros por defectos de ejecución; 19.813 euros por aval ejecutado; 40.455 euros por una partida no abonada; y 94.740 euros por una modificación a la baja de las medidas de ejecución. Por lo tanto, el abogado solicita que se reste un total de 255.338 euros, pasando a hacerse responsables solidarios del abono del 33% de la cantidad que fue aprobada para la adjudicación de las obras, es decir, la cantidad de dinero que efectivamente habría desembolsado el Ayuntamiento a la empresa que se hizo cargo de dichos trabajos.
La construcción del mamotreto de mamotreto Las Teresitas, demolido a finales de 2017 por orden judicial, fue denunciada por primera vez en 2007 por invadir el dominio público marítimo-terrestre y por carecer de autorización de Costas. Todo el procedimiento finalizó en 2014 cuando la Audiencia Provincial ratificó el fallo del Juzgado de lo Penal número 5 que obligaba al derribo de todo el edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa chicharrera.
