Los condenados por el 'caso mamotreto' han solicitado al Juzgado que la cantidad que deben pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz por el derribo del edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas, que se llevó a cabo hace dos años ya, se reduzca un 67%, de manera que solo abonen 132.467 euros de los 396.260 euros por los que el Consistorio adjudicó las obras de la citada demolición.

Así se establece en un escrito presentado por el letrado Alfonso Delgado en septiembre al Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, al que se adhirieron todos los condenados y al que ha tenido acceso EL DÍA, y con el que se responde a una providencia de la jueza Beatriz Méndez, de fecha 25 de julio, para que las partes informasen sobre el importe de la responsabilidad civil.

En dicho escrito, el abogado alega que estos "tan solo están obligados a reembolsar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por aquellos importes efectivamente abonados a la empresa adjudicataria". Se establece que a la cantidad por la que la obra de derribo fue adjudicada, 396.260 euros, se le deben restar varios conceptos: 95.989 euros por mejoras de asfaltado que finalmente no fueron realizadas; 4.340 euros por defectos de ejecución; 19.813 euros por aval ejecutado; 40.455 euros por una partida no abonada; y 94.740 euros por una modificación a la baja de las medidas de ejecución. Por lo tanto, solicitan que se resten un total de 255.338 euros, pasando a abonar solo el 33% de la cantidad adjudicada.

La construcción del mamotreto de Las Teresitas, demolido a finales de 2017 por orden judicial, fue denunciada por primera vez en 2007 por invadir el dominio público marítimo terrestre y por carecer de autorización de Costas. Todo el procedimiento finalizó en 2014 cuando la Audiencia Provincial ratificó el fallo del Juzgado de lo Penal número 5 que obligaba al derribo de todo el edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa chicharrera.

Fueron condenados los exediles de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez, así como los técnicos Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Entraron en prisión Parejo, Plasencia y Ariz. En la sentencia también se les condenó a todos a costear la demolición de la infraestructura, conocida como mamotreto. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo después de rechazar los recursos presentados por varios condenados.