La juez insta al Consistorio a que justifique los gastos de derribo del 'mamotreto'

En la citada providencia, a la que ha tenido acceso EL DÍA y que está fechada el 11 de octubre, la magistrada solicita a la Corporación local capitalina que aporte toda la documentación que tenga relativa al pago de los trabajos de demolición y arreglos necesarios en el asfaltado ejecutados en el contrato de adjudicación, así como aquella información que, si la hubiera, certifique las cantidades que no hubieran sido abonadas hasta la fecha, aun cuando los trabajos pudieran haberse realizado, así como el correspondiente documento que motive las razones por las cuales no se han abonado otros pagos, como sería el caso de una minorización del aval ejecutado o la modificación a la baja de los trabajos adjudicados y ejecutados, según informaron a este periódico fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife reclama esta información para posteriormente resolver el importe de la responsabilidad civil a la que están sujetos los seis condenados por este expediente. En un escrito previo presentado en el mes de julio por el letrado Alfonso Delgado se solicitaba abonar solo 132.467 euros, el 33% de la cantidad total que el Ayuntamiento les reclama por el derribo del edificio que fue declarado ilegal. Delgado representa a una de las personas condenadas, y a sus planteamientos se adhirieron el resto de las representaciones letradas de los coacusados.

Dicha cantidad no es caprichosa, ya que el abogado sostiene que los acusados "solo están obligados a reembolsar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por aquellos importes efectivamente abonados a la empresa adjudicataria que se hizo cargo de los trabajos de demolición y reasfaltado de la zona.

En este sentido, Delgado calcula que a la cantidad por la que la obra de derribo fue adjudicada, 396.260 euros, se le deben restar varios conceptos: 95.989 euros por mejoras de asfaltado que finalmente no fueron realizadas; 4.340 euros por defectos de ejecución; 19.813 euros por aval ejecutado; 40.455 euros por una partida no abonada; y 94.740 euros por una modificación a la baja de las medidas de ejecución. Por lo tanto, el abogado solicita que se reste un total de 255.338 euros, pasando a hacerse responsables solidarios del abono del 33% de la cantidad que fue aprobada para la adjudicación de las obras, es decir, la cantidad de dinero que efectivamente habría desembolsado el Ayuntamiento a la empresa que se hizo cargo de dichos trabajos.

Para documentar la causa y comprobar si este extremo que defienden los condenados es cierto, es por lo que la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife pide al Ayuntamiento que acredite los pagos efectuados.

La construcción del mamotreto de Las Teresitas, demolido a finales de 2017 por orden judicial, fue denunciada por primera vez en 2007 por invadir el dominio público marítimo-terrestre y por carecer de autorización de Costas. Todo el procedimiento finalizó en 2014 cuando la Audiencia Provincial ratificó el fallo del Juzgado de lo Penal número 5 que obligaba al derribo de todo el edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa chicharrera.

Fueron condenados los exediles de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez, así como tres técnicos. Parejo, Plasencia y una de las técnicos ingresaron en prisión para cumplir su condena.

En la sentencia también se les condenó a todos a costear de forma solidaria los trabajos de demolición de la infraestructura, conocida como mamotreto. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo después de rechazar los recursos presentados por varios de los condenados.