La cita es el 12 de mayo

Se va a liar aún más: Jordi Turull, secretario general de Junts, advirtió ayer, tras la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía, que el anticipo de las elecciones en Cataluña no cambia la estrategia de acuerdos de Puigdemont con Pedro Sánchez. Cada negociación será autónoma del resto y «a tanto la pieza». No podía haberlo explicado mejor: la investidura de Sánchez fue a cambio de la amnistía. En el paquete no entraba el apoyo a los presupuestos 2024, que Sánchez liquidó a toda prisa el miércoles, con cierto alivio.

De alguna forma, Sánchez copió a Pere Aragonès: tras la derrota en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, Aragonès transformó sobre la marcha la derrota en oportunidad, adelantando la convocatoria de las elecciones catalanas al 12 de mayo. La excusa la facilitó una votación kafkiana de los presupuestos, en la que los Comunes votaron contra los presupuestos y Junts tuvo que hacer trampa para que resultaran derrotados. De hecho, retrasaron la votación, para esperar el retorno a su escaño de un diputado de Vox ausente, imprescindible para deshacer el empate y que las cuentas naufragaran. La decisión de retrasar la votación, adoptada por la presidenta de la cámara, la neoconvergente Anna Herra, fue recibida con gritos de «¡¡tongo, tongo!!», por parte de los diputados de la otra facción indepe.

La cosa queda ahora un tanto confusa: adelanto de elecciones en Cataluña y retirada de los Presupuestos del Estado. Esto último por renuncia del Gobierno de Sánchez a correr el riesgo de ser derrotados también –como los republicanos– en los presupuestos 2024, quizá por no poder complacer las nuevas exigencias de Puigdemont sobre el derecho de autodeterminación. Si hace tres días nos dicen que ese sería el panorama que iba a acompañar la aprobación de la amnistía, nos habría parecido cuando menos bastante surrealista.

Porque el adelanto electoral coloca a Puigdemont en una situación compleja: puede presentarse a las elecciones, haciendo campaña desde Europa, pero no está claro que la amnistía haya entrado en vigor a tiempo de permitirle presentarse en Barcelona y participar en la investidura. Con Esquerra bajando en los sondeos y el PSC de Illa (y el propio Illa) afectado por el escándalo del colega Koldo, Puigdemont se coloca con posibilidades de ser president. ¿Política ficción? Quizá, pero hoy todo podría ser considerado política ficción…

Turull dejó ayer claro que Puigdemont cuenta en su partido con todos los apoyos para ser candidato en la que definió como la campaña con más ambición de cambio independentista desde 2015. Una campaña en la que los de Junts pretenden presentar a los electores una dicotomía populista: elegir entre un president con mentalidad de gobernador civil, como Illa, o con mentalidad de país y deseo de internacionalizar el conflicto catalán, como Puigdemont.

El secretario general de Junts es consciente de que el mayor obstáculo que podría surgir para que Puigdemont se convierta en president es que los jueces le impidan participar en la investidura. Por eso Turull amenazó ayer desparpajadamente a los jueces: «si están dispuestos a prevaricar y cometer una atrocidad como detenerlo, ellos sabrán», dijo. Que es lo mismo que decir que –una vez aprobada la amnistía tras pasar por el Senado y volver al Congreso– Puigdemont debe ser tratado como amnistiado, y asumir que no tiene por qué cumplir los plazos o las formas de la amnistía. Es una apuesta peligrosa, que podría llevar a Puigdemont a prisión, pero es sabido que el mundo es de los osados…

Antes de eso, las elecciones catalanas van a suponer un test para la política española. Supondrán la confirmación del peso de un partido populista y sectario, al que Sánchez ha amnistiado todos los errores y delitos del pasado, y sobre el que ha ejercido el efecto de un Red Bull, dándole alas, a cambio de mantenerse él en el poder.

Si el 12 de mayo Puigdemont resulta ser el candidato más votado en Cataluña, o sin serlo llega a convertirse en president merced a una nueva ingeniería de acuerdos imposibles, España sufrirá el impacto de una enorme deslegitimación internacional. A ese descrédito se sumarán el de un Gobierno que ha demostrado ser incapaz de aprobar sus presupuestos y el de un presidente que ha sumido al país en la más absoluta inestabilidad, desde que decidió sostener con acuerdos contranatura y cesiones intolerables un mandato derrotado en las urnas.

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