Corrupción en tiempos de pandemia

La corrupción vuelve a estar en primera plana del debate político y mediático español. Durante los últimos años, tras el escándalo de la Gürtel que afectó al PP y acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, parecía que el sistema de controles internos de los partidos y de las administraciones había logrado parar la sangría que esta lacra suponía para la democracia española.

La que ahora ha aparecido por el llamado ‘caso Koldo’ es más relevante casi, por lo que ha trascendido hasta el momento, por su significación política y ética, que por su afectación económica, que no parece poca, y vuelve a hurgar en las entrañas de las instituciones dañando su prestigio como instrumentos de gestión de lo público.

Que unos individuos se hayan lucrado presuntamente de manera ilegal por operaciones comerciales con la administración por la compraventa de material sanitario durante el tiempo en que la sociedad española más sufría por la pandemia en 2020 resulta tan indecente que da grima pensarlo. Y que las administraciones afectadas por la trama (varios ministerios y organismos públicos, además de las comunidades de Canarias y Baleares) no consiguieran advertir que esas compras para combatir la pandemia estuvieran sometidas a comisiones ilegales, da una idea de la dejación de funciones que a veces puede llegar a dominar el ámbito público.

La faceta política del escándalo es también importante porque afecta a quien entonces era ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no solo por su posible implicación directa en el caso como presunto «intermediario», tal como lo califica el juez instructor, sino también por la responsabilidad política derivada de tener bajo sus órdenes directas y personales como asesor a uno de los cabecillas de la trama, el inefable exportero de discoteca Koldo García, que da nombre mediático al caso.

Es sin duda la presencia, directa o indirecta, de Ábalos lo que confiere una especial relevancia a este nuevo episodio de posible corrupción, sobre todo cuando el exministro y exsecretario de organización del PSOE se ha negado a asumir responsabilidades y se ha enfrentado a su partido negándose a entregar su acta de diputado en el Congreso y pasándose al grupo Mixto.

Ese paso ha puesto en el disparadero el ‘caso Koldo’ más allá del interés público del asunto y ha catapultado a toda la clase política a chapotear en el fango del «y tú más» por mero interés partidista y sin ir al fondo del problema.

Canarias ha sido la administración donde la trama más provecho ha sacado después de la propia Administración central -12,2 millones de los 53 totales- un triste dato que junto a otros añadidos por diversos errores de gestión y episodios complementarios de posible corrupción, vuelve a poner a las Islas en el foco como territorio donde los chanchullos tienen terreno abonado.

La responsabilidad del anterior Gobierno de Canarias, presidido por el ahora ministro socialista de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y sus más allegados está por determinar, pero deja al descubierto hasta qué punto se relajaron en esa etapa los controles de contratación. Una actitud que dejó los procesos de este tipo al albur de buitres siempre acechando las arcas públicas para enriquecimiento personal.

El hecho de que la emergencia de la situación en aquellos días terribles con centenares de muertos diarios obligara a suspender la ley de Contratos Oficiales para facilitar, sin publicidad y a dedo, la compra de material sanitario y equipos de protección no justificaba el abandono de todos los protocolos de seguridad jurídica, limpieza del procedimiento y control financiero.

En todo caso, la operación con la empresa vinculada a Koldo García y los otros comisionistas, parece que por ‘recomendación’ o indicación del propio Ministerio de Transportes y de Ábalos directamente, ofrece demasiadas dudas y aspectos ocultos u opacos que ponen en entredicho dichas contrataciones y la propia gestión de los procesos de compra.

Llama la atención en este asunto el enorme porcentaje destinado a comisiones que se desprende de estas operaciones, 16 millones de los 53 facturados por la empresa investigada, según figura en el sumario, y en todo caso demuestra hasta qué punto, incluso en momentos tan dramáticos como aquellos, pululaban en torno a las administraciones comisionistas y empresarios sin escrúpulos buscando lucro incluso a costa de la desgracia pública.

La contratación pública es un complejo sistema jurídico y de gestión en el que se cruzan varios actores susceptibles de prácticas corruptas y por eso es tan importante que las administraciones se protejan con diversos mecanismos de control. En muchos casos se ha expresado en procesos de financiación irregular de partidos políticos, y en otros en enriquecimiento personal puro y duro de políticos, funcionarios o empresarios de postín que, en el caso de la pandemia, parece que se arrimaron a las administraciones no tanto para echar una mano, sino para hacer caja.

Si en situaciones de normalidad es en la contratación pública donde suele escenificarse la corrupción de alta intensidad, qué decir ya en un contexto como el de aquel 2020 cuando los controles de contratación de las administraciones saltaron por los aires, cuando el proceso reglado y con vigilancia dejó paso al mercado pirata de los conseguidores en aquel «sálvese quien pueda» internacional para conseguir mascarillas y material sanitario.

Cabe plantearse también en este contexto el control político de los órganos de vigilancia o de fiscalización de los contratos de la administración o del gasto público en general, donde los partidos colocan a allegados o directamente a excargos sin un proceso de selección sobre su independencia, mérito o preparación técnica.

La exigencia de transparencia, de aclaraciones, de depuración de responsabilidades políticas, y de una investigación parlamentaria de lo ocurrido, antes de que la justicia establezca el verdadero perímetro del caso, no debe justificar acusaciones sin fundamento, ni dar pábulo a especulaciones no contrastadas.

Hay que separar el grano de la paja y esperar a que toda la espuma mediática de los primeros días se asiente para saber de qué estamos hablando, porque de lo contrario primará el chapoteo político en un fango que no ayudará a desbrozar los polémicos casos de compraventa de material contra el covid en Canarias.

La ciudadanía y la clase política deben sacar sus propias enseñanzas porque lo que ya sabemos de antemano es que la corrupción en las administraciones públicas y alrededores salta a la menor oportunidad que se le dé. Incluso en circunstancias tan especiales como las de la pandemia.

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