La protesta agraria

En otra demostración más de la solvencia del amplio equipo de opinión sincronizada, en menos de 24 horas se ha definido la protesta agrícola que se multiplica por Europa –y que llega esta próxima semana a Canarias– como un nuevo ataque al progresismo por señoritos ridículos o ancianos coléricos tan subvencionados como reaccionarios. Algún tertuliano bocachancla ha llegado a decir, como afilado argumento, que un tractor no lo tiene cualquiera, como si hablara de un maserati. En realidad no cabe mucho margen para la confusión. La reacción de hartazgo y rechazo de los productores agrarios –que ha sobrepasado incluso a muchas organizaciones de agricultores y de pescadores de Europa– tiene motivos muy claros. Algunas subvenciones han decrecido o decrecerán según Bruselas. La pachanga del medio ambiente y la sostenibilidad le cuestan un potosí a los agricultores, que se preguntan cómo van a reducir el uso de pesticidas en un 50% en los próximos tres años. Se ha encarecido la energía, la tecnología, la mano de obra, los fertilizantes y los piensos, mientras que los precios de los productos agropecuarios se congelaban o incluso retrocedían. Hay algo especialmente enervante: el aumento de las importaciones extracomunitarias. Se ha citado el ejemplo de las importaciones desde Brasil, que en 2002 sobrepasaron los 19.300 millones de euros, incluyendo café, semillas oleaginosas y cereales. Lo más curioso es que todos estos productos extracomunitarios, precisamente por serlo, no deben cumplimentar los rigurosos requisitos sanitarios, ecológicos y medioambientales a los que se enfrentan los agricultores europeos, en cuyos países de procedencia no existen tampoco normativas laborales particularmente generosas con los trabajadores agrarios. El cabreo se transforma en horror cuando los agricultores creen ver próximo un tratado de comercio, con un importante contenido agropecuario, con el Mercosur, el mercado común de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En cada país, cada provincia y cada zona productiva existen particularidades. En Canarias los productores agrarios abominan de la ruta marítima a Tarfaya –«dios sabe lo que nos entraría por ahí, las siete plagas de Egipto, una tras otra»– o el muy deficiente cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, con una muy escasa fiscalización real. A pesar de la ley, bien acogida en sus principios, la renta de los agricultores isleños no ha dejado de retroceder, mientras que la situación de la ganadería es simplemente agónica, con la desaparición de muchas decenas de establecimientos ganaderos en el último lustro. Para colmo, en una decisión que jamás fue debidamente explicada, el plátano, el principal aunque declinante producto de exportación agrícola de Canarias, fue excluido de la ley de cadena alimentaria, y si la relación entre costes de producción y precios sigue el ritmo actual, cosechar plátanos se convertirá en una actividad económicamente inviable antes de una década.

Muchos sostienen que las propuestas agrarias son patologías políticas de corte ultraderechista porque reclaman un nacionalismo económico ya indefendible. Los eurócratas insisten en la globalización y el comercio libérrimo mientras Estados Unidos y China regresan al proteccionismo y renuevan subsidios a sectores estratégicos. Agricultores y ganaderos simplemente reclaman medidas para su supervivencia: es esa voluntad de supervivencia, y no otra cosa, lo que está detrás de la protesta. De la revuelta del mundo rural se beneficiará la ultraderecha ya instalada en el Viejo Continente ante una izquierda oligofrénica que desprecia al agricultor, sobre todo cuando ese agricultor es propietario de su parcela, su cosecha y su tractor. Es fascinante constatar el desprecio profundamente clasista de tantos y tantos progres frente a los agricultores, en contraste con la estremecida empatía que sienten hacia izquierdistas con manos encallecidas como Pedro Almodóvar o Penélope Cruz.

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