Fondos fantasmas

Entre usted en internet y láncese sobre una vieja noticia cualquiera sobre los fondos Next Generation y Canarias. Veamos. Esto es de junio de 2022: «La Consejería de Turismo del Gobierno autonómico recibirá de los fondos Next Generation de la Unión Europea un total de 332,8 millones de euros del periodo 2021-2026 para el desarrollo de diez programas que tienen como finalidad mejorar el destino turístico de las islas». Vaya, 332 millones. No es moco de cochino negro. Más adelante la nota –con fotito de la gomera Yaiza Castilla, entonces consejera– especifica que se gestionan seis planes con cargo al programa REACT-UE, con una previsión presupuestaria de 75 millones hasta 2023, y cuatro planes de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia con una estimación de nada menos 257,8 millones de euros hasta 2026: transformación digital, desarrollo del producto turístico, fortalecimiento sector comercial, estrategias de sostenibilidad y resiliencia. Estupendo.

Ahora les invito a ustedes, masoquistas lectores, a averiguar que ha sido de esta montaña de pasta. Los invito con un punto de maldad porque es imposible –o al menos extraordinariamente difícil– averiguarlo. Cuando se aprobaron ambos programas en la UE –una cantidad enorme de dinero y, sin embargo, un 60% menos de lo que destinó Estados Unidos a proteger y dinamizar su economía bajo la pandemia y tras el covid: 1,9 billones de dólares– a ningún genio del Gobierno, sea el gobierno central o el gobierno regional se le ocurrió diseñar una web específicamente destinada a las convocatorias, consignación y ejecución de los fondos de la UE, como existen en otros países europeos. Contestar a la pregunta sobre el dinero que entró en la Consejería de Turismo es practicar casi una minería de datos en un alud de memorias, notas informativas, presupuestos públicos, memorándum, entrevistas. Lo mismo ocurre con la mayoría de programas, subvenciones y ayudas que han aprobado organismos públicos con los fondos extraordinarios europeos en España y, más aún, en Canarias. La opacidad ya no es escandalosa. Es que simplemente parece delirante, y lo más chiflado es que tanto empresas y sindicatos como ciudadanos particulares lo permitan hasta con indolencia. Porque ese dinero –sea lo que sea lo que haya pasado con él– es nuestro. Es una deuda que hemos contraído los europeos con nosotros mismos y que tardaremos un par de generaciones en pagar si somos optimistas. En El País una excelente periodista, María Fernández, explicita en un muy documentado reportaje que «no hay datos para conocer con exactitud cuántos fondos han complementado su ciclo, es decir, han sido autorizados, comprometidos, obligados y pagados (…) Además, una buena parte de ellos van a parar a entidades públicas (ayuntamientos, comunidades, centros de investigación o fundaciones) y solo un 39% recaen directamente en empresas».

Durante cuatro interminables años estuvimos condenados a soportar al gobierno de Ángel Víctor Torres anunciar una benéfica lluvia de millones sobre Canarias. Esta turra indescriptible se prolongó sin piedad en comisiones y plenos parlamentarios, entrevistas y ruedas de prensa. Un sujeto que ejerció como consejero de Hacienda, Román Rodríguez, advirtió que la gran transformación de la economía canaria, la pila bautismal de su modernización y diversificación, estaba siendo posible gracias a los fondos NG; pocos meses antes de las elecciones autonómicas de 2023 deslizó con un poco de pereza y mucha sinvergüencería que no era para tanto. La principal característica política de Rodríguez no ha sido la inteligencia, la astucia o la laboriosidad, sino la trivialidad. Ahora, de tarde en tarde, nos llega alguna información fragmentaria, como que Canarias invirtió entre 2021 y 2023 más de 190 millones de fondos europeos en contrataciones y nuevo equipo sanitario. Creo que el gobierno actual, el de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, debería facilitar una información completa, sistemática y ordenada sobre los fondos de los programas Next Generation gestionados en Canarias. Por transparencia democrática e inteligencia política.

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