Opinión | A BABOR

Coletazos del ‘caso Lavandera’

En general, en los casos de corrupción la clave suele estar en el dinero. Y en este caso ni se ha probado que existiera ni parece que llegara a haberlo nunca

Sacar a colación a estas alturas la presunción de inocencia debiera resultar innecesario: todo quisque tiene derecho a sostener su propia honra y estima, y exigir respeto público ante cualquier tipo de imputación: eso vale para Agamenón, para su porquero, y para el arquitecto Julio Aumente, al que el hoy jubilado José Ana Pérez Labajos considera el responsable de una trama de falsedades que le convirtieron a él en protagonista de un caso que duró 17 años y en el que se calcula que la Justicia gastó algunos millones de euros, para resolverse posteriormente con una ridícula condena pactada a Labajos y Herminia Gil de apenas dos mil euros.

Aumente fue destinado a Santa Cruz de Tenerife después de que la empresa para la que trabajaba, Forum Filatélico (la de la gigantesca estafa piramidal de los sellos de correo que acabó con el imperio de Afinsa y un cuarto de millón de clientes estafados), comprara en 2002 los derechos de Labajos sobre el proyecto de Puerto Marítimo Anaga en San Andrés y en Valle Tahodio. Aumente se encargó de intentar resolver con distintas administraciones los problemas que habían surgido entre Labajos y Puertos, pero su gestión resultó bastante desastrosa, y el arquitecto termino enfrentado a casi todos, peleado incluso con su propia empresa –Forum– porque no consiguió que le nombraran presidente del puerto deportivo de San Andrés, aspiración que había sido su máxima apuesta, y que le dejó bastante tocado. Renunció a seguir en su empresa tres años después de su llegada a Tenerife, tras recibir 120.000 euros de indemnización y admitir abiertamente haberse equivocado en Tenerife «porque hice lo peor que se puede hacer aquí, ir de godo».

Aumente es considerado –él lo niega– el autor de uno de los escritos más llamativos y –probablemente– más falsos de la historia judicial tinerfeña: el famoso documento 42, encontrado en la sede de Fórum en Madrid, en un registro ordenado por el juez Garzón, en el que se reconocían compromisos multimillonarios de pago con diversas personas claves de la época: el alcalde Zerolo, situado ya en el centro del caso Teresitas, la exconcejal socialista Herminia Gil, en ese momento asesora del alcalde, o Luis Suárez Trenor, presidente de la autoridad portuaria. El documento era un verdadero despropósito: Aumente se atribuye en él conversaciones y gestiones para acelerar concesión de licencias, anotando supuestas mordidas a los políticos con los que negocia. Pero las cantidades que se barajan no se ajustaban ni remotamente al catálogo real de comisiones por operaciones inmobiliarias que se estilan en este país. Tres millones de euros para ATI –el partido del alcalde– o el cincuenta por ciento del presupuesto de las obras a realizar por la Autoridad Portuaria para Suárez Trenor parecen sumas bastante exageradas del tradicional tres por ciento, incluso en un terreno abonado para la exageración, como es el de la intermediación de favores y componendas con los agentes públicos. Sorprende que nadie manifestara entonces la más mínima sorpresa ante las cantidades de las que se hablaba, a todas luces bastante increíbles.

Más parecían responder a una justificación del arquitecto ante su empresa, por no haber logrado desatascar una situación –la del puerto deportivo– que se preveía mucho más fácil de resolver.

En el transcurso de la causa se demostró que el escrito no «se ajustaba a la realidad». En general, en los casos de corrupción la clave suele estar en el dinero. Y en este caso ni se ha probado que existiera ni parece que llegara a haberlo nunca. Labajos, que sí soltó bastante dinero a la que llegó a ser su empleada, Herminia Gil, fue implicado muy a su pesar en todo el asunto, pasó 17 años defendiéndose de lo que él mismo denomina «daños colaterales» provocados por un asunto que no le iba ni le venía. Al final, después de un par de años negándose a hacerlo, cerró un acuerdo con la fiscal Farnés, pagó dos mil euros y quedó definitivamente limpio de polvo y paja.

Pero el asunto no acaba ahí. Labajos siempre ha considerado que el arquitecto Aumente es el responsable directo de los 17 años que la Justicia estuve revisando su vida y sus cuentas para intentar empurarlo. Fueron años en los que perdió su capacidad de hacer negocios, gastó su fortuna en abogados y dedicó la mayor parte de su tiempo a intentar hacer prevalecer su verdad. Decidió por eso ir a por Aumente, solicitando a la sección quinta de la Audiencia Provincial –que fue la que llevo todo el caso– el procesamiento del arquitecto. La querella de Labajos fue inicialmente rechazada, pero él recurrió, y la Audiencia, que tenía que haberse pronunciado a finales del pasado mes de abril, no se ha pronunciado, ni en un sentido ni en otro.

Da la impresión de que seguir con un asunto en el que ya se ha perdido un montón de tiempo sin ningún resultado no le interesa a nadie. Excepto a Labajos. A él sí.