Moratoria al alquiler vacacional

Ayer me enteré de que el INE asegura que en Canarias hay dadas de alta 190.000 plazas en alquiler vacacional. Resulta asombroso. Teniendo en cuenta que la oferta alojativa turística es en las islas de algo menos de medio millón de camas, eso supondría que casi dos de cada tres camas ofertadas por el sector son de turismo vacacional.

Confieso mi absoluta perplejidad y asombro ante esas cifras. Que por otro lado parecen perfectamente razonables, teniendo en cuenta que en la actualidad hay alrededor de 47.000 viviendas que se ofrecen para alquiler por días a los turistas. Son muchísimas.

Uno no sabe cuándo ha ocurrido este despiporre, cómo puede haberse llegado en menos de una década a una cantidad tan enorme de casas dedicadas al turismo. Con tal cantidad de viviendas, que antes se ofrecían para ser alquiladas por familias, es explicable que el problema de la escasez de viviendas se haya agudizado hasta extremos insoportables. No en balde, el alquiler de uso vacacional habría retirado 190.000 plazas de alquiler del mercado inmobiliario. Muy fuerte.

No sirve ya de nada reconocer solo un cierto impacto de esta ya no tan nueva modalidad de hospedaje, en relación al acuciante problema de la falta de vivienda que se vive en las islas, y que ha disparado los precios de los alquileres tradicionales, haciéndolos inaccesibles para una familia con ingresos medios, especialmente en las capitales y los municipios costeros y turísticos. El impacto debe ser –más que cierto– absolutamente brutal.

Otra cosa es que el Gobierno o las administraciones lo tengan fácil para legislar en contra del alquiler vacacional y reducir su peso. En una económica de libre mercado como es la nuestra, es muy complicado impedir por vía legislativa (menos aún administrativa) que los dueños de una vivienda elijan el sistema de alquiler de su propiedad que más se ajuste a sus necesidades o intereses. Una legislación permanente y restrictiva con los derechos de los propietarios, chocaría con las garantías legales y se atascaría en el Constitucional.

Pero sí parece sensato dejar de mentirnos unos a otros diciendo que el problema de la vivienda no tiene nada que ver con este asunto. Por supuesto que tiene que ver. Y las administraciones deberían tenerlo en cuenta, especialmente a la hora de planificar sus acciones en materia de vivienda pública, abandonadas prácticamente desde hace un cuarto de siglo.

El Gobierno considera ahora que lo razonable sería no superar la cifra de una vivienda en alquiler vacacional por cada veinte del total, pero esa cifra tiene que aquilatarse con otros datos, como el de las viviendas desocupadas, o el de las viviendas que sus propietarios desean utilizar exclusivamente como segunda residencia. O con el impacto sin duda positivo que esta modalidad de alquiler ha tenido al lograr impulsar un turismo sostenible e integrado en territorio rural en El Hierro, La Gomera o La Palma.

Pero algo hay que hacer: el hecho es que, si en vez de hacer la cuenta con las viviendas, usamos el dato de plazas en oferta y lo comparamos con el de residentes en Canarias, descubriríamos que la proporción considerada idónea por los estudios del Gobierno está ampliamente rebasada. Para cumplirse esa proporción de uno a 20 haría falta que fuéramos 3.800.000 habitantes en Canarias y no los 2.300.000 que realmente somos. A los que hay que añadir una media entre 300.000 y 400.000 turistas que pernoctan cada noche en las islas. Dicho en términos simples: hay casi el doble de plazas en alquiler vacacional de las que se consideran razonables. Es una barbaridad.

Ayer, por cierto, finalizaba el plazo de consulta pública de la ley que ha de regular el uso turístico de viviendas en las islas. En ella, el Gobierno plantea unos límites moderados al desarrollo del alquiler vacacional en Canarias, y algunas asociaciones han llegado a proponer la aprobación de una moratoria a este formato, presentando además todo un catálogo de medidas que limiten la práctica e impidan su extensión más allá de lo actualmente existente. Quizá esa moratoria con excepción para las islas verdes, –anunciada con tiempo y con un plazo de duración razonable– no sea del todo un disparate. Pero solo tendría verdadero sentido si se acompaña del compromiso del Gobierno regional de apostar por la liberación de suelo municipal y activar con seriedad un plan de vivienda pública.

Suscríbete para seguir leyendo