Listas de espera

La Consejería de Sanidad ha hecho públicos los datos de la lista de espera relativos a la primera mitad del año 2023. Son descorazonadores: casi 36.400 personas se encuentran en lista de espera quirúrgica, lo que representa un aumento del 19,5 por ciento, 3.500 pacientes por encima de los que había en el mismo periodo el año pasado. El retraso medio para que un paciente de la Sanidad canaria sea atendido en los hospitales públicos o en los de la Sanidad concertada es de 143 días, y hay alrededor de 9.500 enfermos que esperan por encima del medio año antes de entrar en un quirófano. La lista de espera de consultas es también terrorífica: más de 155.000 personas pendientes de ser citadas para recibir atención, 27 puntos y medio más que el año pasado, con un retraso que roza los 123 días. 23.000 pacientes esperan también fecha para realizar una o varias pruebas diagnósticas. Este es el saldo de cuatro años con la Consejería de Sanidad sometida a un continuo entrar y salir de consejeros en una etapa crítica –la de la pandemia-  y marcada por un exceso de ideología, que luego no se correspondía ni con las prácticas ni con los resultados.

Supongo que desde el nuevo Gobierno intentarán como primera medida dejar claro que los datos de esta desgracia social que son las listas de espera no son de su responsabilidad. No lo eran hasta mayo. Ahora sí lo son, y hay que ponerse a trabajar para resolverlo.

A estas alturas de la película discutir sobre la necesidad de una sanidad pública eficiente es una absoluta memez. Nadie puede estar en contra de una sanidad pública que funcione. No existe estado de bienestar sin sanidad pública, ni existe –ni puede existir– una sociedad desarrollada con niveles de atención tercermundistas. Las sociedades europeas más avanzadas, las escandinavas, han ido modificando sus sistemas de salud pública, haciendo competir directamente sus hospitales con los hospitales concertados, y sometiendo a ambos a la evaluación de sus pacientes. No digo que sea una experiencia exportable, pero sí que en muchos de los países del norte –en Suecia la experiencia ha logrado resultados emblemáticos– ha logrado mejorar globalmente el sistema y la satisfacción de los pacientes.

La percepción que los ciudadanos tienen de la Sanidad pública española –y de la canaria– no es mala una vez que logran ser atendidos y operados. Pero es pésima mientras aguantan enfermedades y padecimientos innecesarios a la espera de que el sistema sanitario encuentre el momento de curarlos.

La Sanidad de Canarias debe reducir sus tiempos de espera. Y hacerlo lo más rápido que pueda. Si eso requiere recurrir a más concertación, es ridículo negarse a ello. Y más ridículo aún que negarse en practicar el doble juego de una negación beligerante en las declaraciones públicas y los discursos programáticos, mientras se aumentan los recursos para la sanidad concertada, como hizo el Gobierno de Torres. Por desgracia, llevamos años instalados en una política que prefiere las ficciones a la realidad, una política que no resuelve los problemas, sino que los usa para dividir a la gente en dos bandos artificialmente enfrentados. Mientras la Sanidad pública se estanca en interminables conflictos, pulsos sindicales o corporativos con las administraciones, o padece la inflexibilidad de sus directivos ante la necesidad de introducir cambios en centros de salud y hospitales, la sanidad netamente privada, la que te ofrece atención a cambio del abono de una cuota a una empresa, mejora los ratios de rapidez en consultas e intervenciones y de satisfacción de sus usuarios, a pesar de la creciente masificación y de la presión sobre los seguros privados de decenas de miles de personas que se les apuntan cada año.

Plantear un nuevo y fraudulento debate sobre si la sanidad debe ser pública o privada, sólo conduce a la confusión. Por supuesto que la sanidad debe ser pública. Por supuesto que hay que apostar decididamente por políticas públicas que permitan atender a todos los que lo necesitan. El debate no es ese, es si ofrecer parte de la atención de la sanidad pública a través de conciertos mejora la calidad y rapidez de la cobertura sanitaria. Sí la respuesta es sí, y creo que es evidente que lo es, lo que hay que hacer es abandonar los debates que no nos conducen a ningún lado, controlar las licitaciones y conciertos, exigir a las empresas que hagan su trabajo, y a la sanidad pública que haga el suyo.  

Este Gobierno tiene algo menos de cuatro años para demostrar que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se han hecho en la última legislatura. Yo me conformaría con volver a los datos de los últimos años de la legislatura anterior a la última. No creo que sea imposible.

Suscríbete para seguir leyendo