Una reforma perentoria

Un informe de la consultora Corporación 5 –espléndidamente glosado en este periódico por M.A. Montero– demuestra con datos concretos lo que es universalmente conocido: desde hace lustros Canarias desperdicia miserablemente los fondos europeos. Si ahora las cifras son más escalofriantes que en legislaturas anteriores es porque las ayudas creadas por Bruselas para combatir los letales efectos económicos de la pandemia son mucho mayores. Una observación incluida en este amargo informe: para el periodo 2014-2020 Canarias dispuso de 2.309 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeo, de los cuales, según los responsables de Corporación 5, solo se ejecutaron 1.312 millones, es decir, el 56,8% del total. El resto de la pasta (más de 997 millones de euros) debió ser devuelta pese a la concesión bruselense de varios periodos de gracia. Con respecto a los fondos a cargo al programa Next Generation, se elevan a unos 1.459 millones de euros para Canarias, y por el momento solo han llegado a las empresas –o a sus proyectos– un 18,6%. Claro que pueden invertirse hasta 2027 y a eso se aferra el Gobierno autónomo: a que en el plazo de dos años y medio se podrá gastar más de 1.000 millones de euros con una majestad faraónica. Todos los miles de millones perdidos en la última década y los estrangulamientos más recientes denuncian un problema que, obviamente, nadie va a citar: las limitaciones y problemas de una administración autonómica que ha crecido irregularmente y a pegotes –con modelo casi frankesteiniano con su impacto económico organizacional, operativo y laboral– bajo una ley promulgada en 1987: cuando las máquinas de escribir no habían sustituido a los ordenadores.

Por supuesto se prefiere diluviar elogios y ditirambos sobre la administración autonómica y los funcionarios públicos. Funcionarios y empleados públicos representan decenas de miles de votos y merecen el máximo mimo y una admiración incondicional por parte de nuestra élite política. Ningún partido desea ponerle el cascabel al gato burocrático. El dinero mejor y más rápidamente asignado en la crisis covid fueron esos 1.144 millones de euros aportados por el Gobierno central para paliar los efectos del parón económico entre empresarios y autónomos isleños. La gestión no estuvo libre de sombras, pero fue globalmente positiva, y buena parte de su éxito se basó en la colaboración de las cámaras de comercio con el Ejecutivo canario. Lo que nadie quiere decir es que tenemos una administración autonómica mediocre, autocomplaciente, envejecida, encamada y con un nivel de competencia técnica manifiestamente mejorable. Y todo esto ocurre en un contexto de burocratización paralizante y politización plenamente normalizada. Están las triquiñuelas que llevan 30 años haciendo con la estructura gubernamental (multiplicando la dirección política con la cría de viceconsejeros y directores generales, por supuesto) y luego la consideración general de toda la estructura como botín de guerra electoral. Es un escándalo (otro ejemplo) que hayan convertido la Vicepresidencia del Gobierno –la vicepresidencia es solo una condición de suplencia– en un simulacro de departamento con sus directores generales, sus asesores y sus canesús. Canarias no se modernizará institucional, económica y socialmente –no dejará de perder dinero europeo y oportunidades– si no moderniza perentoriamente su administración pública. Más simplificación y agilidad en procedimientos administrativos, eliminación de las redundancias y duplicaciones con administraciones locales e insulares, unificación normativa y reglamentaria, supresión de un tercio de sus ayuntamientos, demasiado pequeños para actuar como unidades administrativas, direcciones generales al frente de funcionarios técnicos, cursos universitarios obligatorios específicos para acceder al grupo A. Cada día que pasamos sin hacer supone un paso más hacia nuestro fracaso como país.

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