¿Una democracia iliberal?

Uno de los conceptos políticos más recurrentes en la actualidad es el de democracia iliberal. Una de sus definiciones recoge que se produce cuando los gobernantes ignoran o eluden los límites del ejercicio del poder. ¿Es España un país en el que se cumple esta definición?

El artículo 14 de nuestra Constitución garantiza que todos los españoles son iguales ante la ley. El 16.1, la libertad ideológica. El artículo 24, la efectiva tutela de estos derechos por parte de la Administración de Justicia.

¿No se vulnera lo anterior cuando la enseñanza pública trasmite a nuestros niños que la sexualidad, lo más íntimo, no tiene límites? ¿Y cuándo se convoca un taller para enseñarles a masturbarse? El Gobierno, parece, quiere meterse en nuestras camas.

Como en toda democracia liberal, el artículo 33.1 garantiza el derecho a la propiedad y la herencia. ¿Cómo es, entonces, que el Gobierno demoniza a empresas y empresarios que cumplen con las leyes de todo tipo que les afectan en su actividad, incluso llegando a la coacción?

También los okupas vulneran el derecho a la propiedad, mientras los legítimos titulares de viviendas siguen pagando los impuestos de ellas y los retrasos judiciales favorecen a los delincuentes. Se cumple la añeja sentencia de Séneca de que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.

En lo que respecta al derecho de herencia, de trasmisión del patrimonio privado, también viene ocurriendo en los últimos años que no pocos herederos renuncian a este derecho por las importantes cargas impositivas que la aceptación supone. Se conculca el constitucional artículo 31.1, que señala que todos debemos contribuir al erario público según nuestra capacidad. Ni más ni menos.

Todos estos ejemplos, que afectan a las libertades individuales, podrían completarse con otros no menos importantes, como la injerencia política en la Justicia.

Urge un debate social para determinar qué tipo de sociedad queremos.

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