Después del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado ayer el portavoz (y consejero de Administraciones Públicas) Julio Pérez informó de que se permitirá que el administrador único de Radio Televisión Canaria –Francisco Moreno– “siga haciendo uso de los medios que estaba utilizando”. ¿Se refiere don Julio a una sartén, a un microondas, a unas barras paralelas? No, se refiere al llamado contrato de infraestructuras suscrito entre el ente público y la productora Videoreport Canarias cuando (según el chiste de George Burns) el Mar Muerto todavía estaba enfermo. El portavoz Pérez empleó durante toda su locución al respecto un lenguaje elusivo sin mencionar un solo nombre propio, incluyendo el de Moreno, ni a una sociedad, ni a ningún objeto o sujeto contractual, un esfuerzo de abstracción realmente admirable. Era como verlo bailando claqué sobre una docena de huevos recién puestos. Otra orden gubernamental: en el plazo de tres meses, ni un día más ni un día menos si al Gobierno no se le ocurre otra cosa entretanto, el administrador único, conocido en su casa y entre los jugadores de Candy Crush como Paco Moreno, deberá convocar un concurso abierto para licitar el susodicho contrato de los huevos de oro. El contrato –esto lo digo yo, para que el portavoz coja resuello– estará abierto al ámbito de toda la Unión Europea, obviamente, y cualquier especialista en la materia puede acreditar que no podrá estar licitado y firmado antes de año y medio, lo que nos lleva, en el mejor de los casos, al epílogo mismo de esta feliz legislatura.

Pero aún más ocurrencias. Primero: ese contrato debe ser, ejem, reversible, como un edredón, porque pudiera ser –esto es muy bueno, se me llenan los ojo de lágrimas– que el Parlamento decidiera otra cosa, vaya usted a saber, que la RTVC adquiriera sus propias cámaras, equipos de luz y sonido o platós o algo semejante. Pues entonces se pagaría a la empresa concesionaria la indemnización o el lucro cesante pertinente y ya está, no va a ser por dinero, desde luego, en el caso de la tele autonómica, eso jamás ha sido un problema, simpáticos canallitas. Y segundo: el administrador único –que a estas alturas, para no despistarnos, sigue siendo Pisa Moreno podrá convocar– ya puestos– otro concurso para la prestación de los servicios incluidos en el contrato de infraestructura entre la convocatoria del concurso antes mencionado y su licitación “si encuentra alguna empresa que quiera asumir el riesgo en esas circunstancias”, como explicó el portavoz en un tono muy, muy profesional. Un dato curioso: de la Junta de Control de la TVC el señor Pérez no dijo una miserable palabra. Está muerta y enterrada hasta que Román Rodríguez –por llamarlo así– reinicie el ritual de su resurrección, aparezca una nueva y tambaleante Junta de Control zombi y le vuelen otra vez la cabeza con siete disparos como siete avisos.

La Radiotelevisión Canaria lleva desde 2018 sin director general, el último se mandó a mudar, el pobre, porque no soportaba las presiones, aunque el pájaro espino ya encontró nido de almogrote. El primer e inexcusable deber del Gobierno de Ángel Víctor Torres era cumplir con la ley y sacar adelante una Junta de Control –entre otros órganos– para que pudiera designarse un director general cuya gestión pudiera ser objeto de la obligada fiscalización pública. Pues bien, cuando el Ejecutivo está a punto de cumplir dos años, y disponiendo de una amplia mayoría parlamentaria, Torres y sus socios han sido incapaces de cumplir la ley, es más, han boicoteado abierta y cínicamente su aplicación. La consecuencia inmediata es esta grotesca astracanada de un gobierno que transmite órdenes a un gestor complaciente instalado en una eterna provisionalidad –depende del Ejecutivo, no del Parlamento– como Control transmitía consignas a Maxwell Smart a través del zapatófono, reciclado ahora en portavoz. Consignas para que no cambie nada, por supuesto. Faltaría más.