El Supremo desestima la suspensión cautelar del recorte del trasvase del Tajo que demandaron las diputaciones de Alicante y Murcia

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante y la Región de Murcia en la aplicación del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que supone un recorte del agua trasvasada del Tajo al Segura por el incremento del caudal ecológico del río.

El Tribunal Supremo ya rechazó en mayo de 2023 la petición de la Generalitat Valenciana de suspender cautelarmente el Plan Hidrológico del Tajo aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La resolución argumentaba entonces, al igual que ha hecho ahora, que las medidas impugnadas todavía no estaban vigentes, ya que el recurso del Gobierno valenciano se oponía al aumento de los caudales ecológicos fijados para 2026 y 2027. A juicio del alto tribunal, no se daban los supuestos previstos para adoptar tal decisión e imponía a la Generalitat las costas de la pieza abierta para decidir si tenía que suspenderse ahora o no el aumento de los caudales ecológicos.

Ahora el Supremo acaba de pronunciarse sobre los otros recursos pendientes, el de la Diputación de Alicante y el de la Comunidad Autonóma de Murcia, en los que sí se pedía la paralización inmediata del aumento de los caudales ecológicos ya aprobados por las nefastas consecuencias económicas que esta medida implica para la provincia.

Pero también en este caso los argumentos expuestos por la letrada de los servicios jurídicos de la Corporación provincial han sido rebatidos por el Supremo en una resolución de 22 páginas en la que la Sala desestima la medida cautelar solicitada e impone las costas a la Diputación de Alicante de hasta un máximo de 900 euros por todos los conceptos más el IVA.

Sin embargo ni desde la Diputación de Alicante, que ahora dirige el popular Toni Pérez, ni desde el Consell, cuyo actual presidente es el popular Carlos Mazón, se ha realizado ninguna declaración ni pronunciamento sobre este nuevo revés legal en materia hídrica que sufre la provincia.

El Supremo considera que "el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos completo en las masas de agua de la demarcación hidrográfica del Tajo tiene como objetivos tanto el de colaborar en el logro del buen estado para las masas de agua, como el de permitir la supervivencia de la fauna piscícola y la vegetación de ribera, de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril".

Recurso de la Generalitat Valenciana

Descarta, asimismo, que se dé en este asunto uno de los supuestos en los que resulta viable plantear la doctrina de la apariencia de buen derecho de las pretensiones impugnatorias de la Diputación. Además, los magistrados aluden al recurso que presentó el Consell indicando que "no es ocioso señalar que por auto del Tribunal Supremo del pasado 4 de mayo de 2023 ya se rechazó la suspensión cautelar solicitada por la Comunidad Valenciana del escalonamiento de los caudales ecológicos del Tajo para los años 2026 y 2027, entre la presa de Bolarque y el embalse de Valdecañas".

Sobre la existencia de graves perjuicios en los cultivos de regadío durante la tramitación del proceso legal, tal y como mantenía la Diputación en su recurso, el alto tribunal expone que "no se acredita de forma suficiente la existencia de dicho peligro inminente".

Por eso, añade el auto, que la medida solo sería aplicable para impugnar decisiones derivadas de disposiciones que hayan sido declaradas nulas, o que sean una reiteración o idénticos a otros ya anuladas: así como aquellos casos en que los vicios de nulidad sean manifiestos de manera que no sea preciso examinarlos para su apreciación”. Y no cree la Sala que ninguna de estas circunstancias sean aplicables.

Revisión del caudal ecológico

Los servicios jurídicos de la Corporación provincial también incidían en su alegato en que las revisiones del caudal ecológico "no se encuentran avaladas por estudios rigurosos que demuestren la verdadera necesidad de la medida en la cuenca cedente del trasvase, mientras que ocasionan un impacto negativo en la receptora de un alcance extremadamente grave, con efectos tanto socioeconómicos cuanto medioambientales, constituyendo en definitiva una actuación desproporcionada que no responde a verdaderos motivos de carácter medioambiental".

De ahí que se insistiera en que dicha modificación "se ha adoptado con flagrantes vulneraciones de la normativa, entre las que destaca la completa ausencia de coordinación entre los Planes del Tajo y del Segura". Pues bien, este argumento tampoco ha sido tenido en cuenta por los magistrados.

"Que los melones se esperen"

 Tras conocer la resolución el representante de los regantes Ángel Urbina ha arremetido contra el «chapucero» planteamiento de suspensión cautelar que presentó hace tres meses la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Los Montesinos. «Esto nos ha llevado al fracaso, la falta de unidad y la utilización de los humildes regantes, que se quedan sin agua y encima engañados. Ahora solo queda esperar a la resolución del contencioso, que será dentro de un par de años. Así que les diremos a los melones y las sandías que esperen». Urbina también ha lanzado un mensaje a los políticos: «todos estos costes y sacrificios los pagan los productos que producimos, así que luego no vengan diciendo que sube la cesta de la compra».

El nuevo presidente del Consell, el popular Carlos Mazón, no se pronunció ayer pero su sucesor en la Diputación, Toni Pérez, sí lamentó la decisión judicial. Pérez, que aseguró sentirse «profundamente contrariado» por el auto, avanzó que los servicios jurídicos estudiarán la interposición de un recurso de reposición contra esta decisión judicial. 

«Si bien el auto es acorde con la interpretación especialmente restrictiva sobre la posibilidad de suspender las disposiciones de carácter general, la interposición del recurso de reposición, aunque es difícil que prospere, debe y puede plantearse por parte de esta Diputación al considerar que los fundamentos de la resolución pueden considerarse no ajustados a derecho y, sobre todo, dada la trascendencia de los intereses afectados, que son los intereses generales de esta provincia», subrayó Pérez.

El presidente de la Diputación también recordó que la institución provincial solicitó la medida cautelar “porque la nueva planificación del Tajo produce desde el momento de su entrada en vigor efectos muy negativos, tanto socio-económicos como medioambientales, sobre la provincia de Alicante y que no son reparables mediante una eventual compensación económica. Y ello llevó a la Diputación a adoptar esa medida cautelar que reclamábamos para evitar que la demanda pierda su finalidad legítima”, quiso puntualizar.

Consecuencias

El recorte del trasvase Tajo-Segura supondrá un aumento del recibo del agua para consumo humano en la provincia de Alicante de un 61%. Éste es uno de los perjuicios económicos que tendrá la reducción de caudales para la provincia, según el recurso que la Diputación presentó el pasado 4 de abril ante el Tribunal Supremo. El documento, que pide la suspensión cautelar inmediata del Decreto mientras se estudia el fondo del asunto, insiste en que el aumento del caudal ecológico, que supondrá la llegada de menos recursos hídricos a la provincia, se ha realizado por parte del Gobierno de España de manera "arbitraria".

La polémica medida ha empezando aumentando el caudal ecológico de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, unas cifras que se van a ir incrementando. A lo largo de los años se prevé un segundo escalón con aportaciones de 8 metros por segundo a partir de 2026 y de 8,65 metros por segundo en 2027.

Recorte de 28 hectómetros cúbicos

Siendo todavía presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón ya avanzó algunos de los efectos perjudiciales para la provincia de Alicante que tendrá el trasvase para pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de los recortes. Entre ellos, la pérdida de 84,9 millones de euros al año en actividad económica, la destrucción de 2.400 empleos y la llegada de 28 hectómetros cúbicos menos de agua. Pero el recurso incide en que esa pérdida de recursos hídricos y su sustitución por agua desalada va a subir el recibo del agua de consumo humano.

"La sustitución de los 110 hectómetros cúbicos con origen en el trasvase por recursos desalinizados tendría un coste de unos 115 millones de euros, incrementando la tarifa del agua en un 61% hasta 1,04 euros por metro cúbico, desde los 0,695 euros actuales", sostiene el recurso. Además, los recurrente señalan que "la sustitución de agua procedente del trasvase por agua desalada, no solo resulta inverosímil a tenor de las infraestructuras existentes, mucho más costosa y perjudicial para los cultivos, sino que comporta unos efectos medioambientales nocivos para la ciudadanía en general". 

A la provincia de Alicante solo le queda luchar por el agua del Tajo ante el Tribunal Supremo. Pero dirimir el litigio planteado llevará años y, al no acordar el alto tribunal la suspensión provisional, el recorte aprobado por el Gobierno central seguirá aplicándose en contexto de cambio climático, sequía y escasez de recursos hídricos. Toca, por tanto, una larga travesía por el desierto.