El PSOE ha propuesto este miércoles en el Congreso que los jueces puedan expulsar a los okupas en menos de 48 horas. El plazo empezará a contar desde que el propietario presenta la denuncia o desde que se recibe un atestado policial. Hoy por hoy, el plazo medio en España para lograr un desalojo de una vivienda es de año y medio. Hace dos años el PP de Pablo Casado, planteó la misma idea en su plan antiokupación de 2020.
El Partido Socialista ha registrado enmiendas contra la okupación, más coincidentes con iniciativas presentadas en los últimos meses por el PP o el PDeCAT, al margen de las propuestas que había pactado con Unidas Podemos.
En concreto, el PSOE propone dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los 'okupas' en 48 horas y que los jurados populares dejen de encargase de los casos de allanamiento de morada.
La idea del Grupo Socialista propone que "en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial".
Desde el PSOE explican que ven "necesario" acordar la medida cautelar de desalojo y restitución de la casa cuando se aprecien "sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación" y se compruebe la "existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor".
ESTADÍSTICA DE 'OKUPACIONES'
Los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior sobre el número de hechos conocidos de delitos de 'okupación' de inmuebles no distingue entre allanamiento y usurpación, algo que se dirime a posteriori en instancia judicial.
Las 7.345 'okupaciones' de Cataluña en 2021 casi triplican el dato de Andalucía, la segunda comunidad autónoma con más casos con 2.557. A continuación, las regiones con peores cifras fueron la Comunitat Valencia (1.779) y la Comunidad de Madrid (1.660), aunque a mucha distancia de la primera de ellas.
En el conjunto de España, la tendencia fue alcista desde los 10.619 hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registrados en 2017. Los casos han ido en aumento con 12.214 'okupaciones' en 2018; 14.621 en 2019 y 14.792 en 2020.
Sin embargo, el primer cuatrimestre de 2022 reflejaba ya una tendencia a la baja del 4,38 por ciento si se compara con los mismos meses de 2021. Las citadas fuentes policiales apuntan que esta bajada se consolida conforme avanza el presente año.
Cataluña marcaba un descenso del 3,71 por ciento entre enero y abril de 2022, aún muy lejos de otras regiones con cifras similares de población: Andalucía contabilizaba -11,60% y la Comunidad de Madrid -14,33%. La Comunitat Valencia, sin embargo, incrementaba las 'okupaciones' un 25,26 por ciento.
INSTRUCCIONES EN 2020 ANTE LA ALARMA SOCIAL
En septiembre de 2020, después de un verano con informaciones que causaron alarma social, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron sendas instrucciones para hacer frente tanto al allanamiento de morada como a las usurpaciones de viviendas.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoció entonces --hace dos años-- la "confusión y alarma social", y lo relacionó con las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación: en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen tanto en primeras como en segundas viviendas "sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata", incluyendo la "identificación de los ocupantes y su detención si procede".
La nueva instrucción ordenaba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elaboraran atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. En adelante, según explicó Interior, había que dejar constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o sobre el consumo irregular de luz y agua.
