Primeros fondos del Gobierno central para mitigar las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma. El Consejo de Ministros aprobó ayer una ayuda de emergencia de 10,5 millones de euros para que el Gobierno canario compre viviendas para las familias afectadas, además de enseres y equipamientos para los pisos en aquellos casos con especiales dificultades económicas. También como medida singular se encuadran los ERTE específicos para la isla en el marco del real decreto ley aprobado para prorrogar los expedientes hasta febrero, junto a ayudas para los autónomos que han perdido sus negocios. Como estaba previsto la isla bonita ha sido declarada zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que antes se denominaba zona catastrófica.
El Estado cofinanciará la adquisición de viviendas, cuyo primer paquete de 107 casas se pondrá a disposición de los afectados en octubre. De la partida inicial aprobada ayer en Madrid 5,5 millones se unirán a los 10 millones de fondos propios de la Comunidad Autónoma para la compra de los inmuebles. La subvención es directa y finalista, es decir, debe ser destinada a la compra de los pisos, mientras que los restantes cinco millones se podrán utilizar por las familias a través de tarjetas-monedero que, según la portavoz Isabel Rodríguez, es la fórmula que se ha acordado con la Comunidad Autónoma para la compra de enseres básicos para las viviendas. Rodríguez garantizó la agilidad en la concesión de las ayudas.
La declaración de zona catastrófica sienta las bases de cara al plan de reconstrucción de la isla a medio y largo plazo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes en la capital palmera. Hasta un total de 16 tipos de ayudas, subvenciones, bonificaciones y líneas de crédito formarán parte de ese plan que tendrá que ser cuantificado, si bien aún la situación de emergencia no ha finalizado. Desde ayudas para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas hasta los gastos de emergencia de los ayuntamientos para mantener los servicios públicos, pasando por la subvención de los proyectos para restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios o la reparación de explotaciones agrícolas e instalaciones de acuicultura marina.
También se aprobarán bonificaciones y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social, beneficios fiscales en el IBI y el IAE, exenciones de tasas en organismos como Tráfico, reducciones fiscales especiales en las actividades agrícolas y ganaderas, deducciones en aranceles notariales y registrales o líneas preferencias de crédito subvencionadas por el ICO para cubrir los costes derivados de la reposición o reparación de instalaciones y equipos.
ERTE singulares
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó que en el real decreto-ley con medidas en materia laboral en el marco de la prórroga de los ERTE se incluye la figura de los expedientes específicos para las empresas canarias afectadas por la erupción volcánica hasta el 28 de febrero de 2022, aunque es prorrogable si las circunstancias así lo aconsejan, según señaló Díaz. Las empresas a las que se les autorice un ERTE tendrán derecho a los beneficios extraordinarios y el tiempo que los trabajadores perciban la prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.
En relación con los autónomos, el Ejecutivo pone en marcha ayudas específicas para los trabajadores por cuenta propia afectados por la emergencia en La Palma y que se vean obligados a cesar o suspender su actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica. Estos autónomos podrán percibir la prestación por cese de actividad, sin que los cuatro primeros meses computen a efectos de consumir los periodos máximos de percepción, considerándose como cumplido el requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses.
La Administración estatal, junto a la autonómica y las corporaciones locales palmeras pusieron ayer en marcha la comisión mixta que coordinará las ayudas y el plan de reconstrucción. Además, se han activado las comisiones interministeriales y los contactos bilaterales entre las consejerías del Gobierno regional y los distintos ministerios para concretar las líneas de ayudas y las materias de cooperación en cuestiones como agricultura, industria, empleo, obras públicas, Seguridad Social, etcétera.
