La Dirección General de Costas ha concluido el proceso administrativo para la demolición de las casetas de los núcleos costeros de El Faro, La Zamora y Puntalarga, en el municipio Fuencaliente. El departamento del Ministerio para la Transición Ecológica ha notificado la orden de derribo, a través del Boletín Oficial de la Provincia, a una quincena de familias cuya comunicación por carta fue imposible. De esa manera, la demolición de estas casetas entra en su fase final. Las resoluciones datan de junio de 2005 y marzo de 2006, en las que se especifica a los afectados la intención de recuperar el dominio público «ocupado indebidamente» y la reposición del terreno a su estado primitivo. Todos los vecinos de Puntalarga, La Zamora y el Faro ya han recibido la notificación, que les da diez días para abandonar su propiedad.
Hace ya 15 años que una parte importante de los propietarios, temerosos de las multas que podría acarrear no abandonar las casetas, desistieron de seguir el proceso con recursos, permitiendo a Costas demolerlas. Pero mientras tanto, otro grupo mayoritario comenzó un litigio para intentar salvar las que para algunos es su primera y única vivienda. En total, son 57 las casetas afectadas y más de tres centenares de vecinos. Los afectados presentaron recursos de alzada contra la Dirección General de Costas, que fueron desestimados. El caso llegó incluso hasta el Tribunal Supremo, que también en 2013 desechó la reclamación de estos vecinos, que continúan la lucha por defender la conservación de estas edificaciones afectadas por la Ley de Costas.
Ocho años de retrasos
La realidad es que la que se esperaba fuera una pronta ejecución de demolición lleva acumulados 8 años de retraso. Ahora, sin embargo, el derribo parece acercarse con la conclusión del proceso administrativo. En la notificación que han recibido los vecinos se especifica que se va a proceder a la ejecución subsidiaria, previo consentimiento del afectado, para la entrada en los domicilios o, en su defecto, se hará con la oportuna autorización judicial. Cada vecino cuenta con diez días para otorgar su consentimiento de entrada, advirtiéndoseles de que, si en ese plazo no comunican esa disponibilidad, se entenderá que se oponen a la actuación y se solicitará la oportuna autorización judicial, en cuyo caso se cargarán los gastos de la demolición, retirada de los restos y reposición del terreno a su estado primitivo al vecino afectado.
El Ayuntamiento de Fuencaliente defiende la continuidad de estos asentamientos como «bien social», además del «reclamo turístico» que suponen estos núcleos costeros que cuentan con más de 60 años de historia. Pero ni los intentos de la asamblea de vecinos ni los del propio Consistorio por conseguir una solución política a esta situación obtuvieron sus frutos, por lo que la decisión de los afectados fue ponerse en manos de la justicia. Con la colaboración de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), están ejercitando diferentes acciones legales ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife para evitar el derribo de sus casetas, que en algunos casos son primera vivienda.
El letrado y presidente de la Plataforma, José Luis Langa González, es el encargado de defender a los afectados. Quiere llamar «a la tranquilidad» a las 57 familias por el aviso publicado ayer en el BOP por la Dirección General de Costas, ya que señala se trata de un paso administrativo para concluir las comunicaciones a quienes no habían podido hacerlo por carta de forma individual.
Langa González se refirió a los vecinos de los núcleos de Puntalarga, La Zamora y El Faro como «gente sencilla que sigue viviendo con incertidumbre estos momentos a la espera de que se resuelva de una manera favorable los recursos interpuestos», recordándoles que la última publicación corresponde a los mismos requerimientos que ya recibieron otros muchos vecinos.
Además, recuerda que Costas necesita un permiso judicial para poder proceder a los derribos, para lo que ya existen con anterioridad al mes de agosto, inhábil para los procedimientos judiciales, un total de 57 recursos, correspondientes a cada familia, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife. También se pidió al mismo juzgado medidas cautelares para que se suspendan y no se conceda autorización a Costas para proceder al derribo hasta que se resuelvan los recursos.
Por todo ello, Langa González advierte que «no habrá demolición inmediata», recordando que se trata de «una comunicación natural en un proceso de estas características», y mostrándose confiado en que «serán los juzgados los que tendrán la última decisión». Tanto Puntalarga como La Zamora y El Faro son «núcleos poblacionales urbanos consolidados en el tiempo», defiende Langa, ya que son familias que en muchos casos «llevan viviendo ahí desde 1960», por lo que el letrado los reseña como asentamientos marineros, entendiendo que «Costas no puede demoler un pueblo entero». Es todos los casos, el letrado indica que las medidas cautelares solicitadas «son completamente necesarias para asegurar la efectividad de la futura sentencia que en su día se dicte». El objetivo de estas acciones judiciales es evitar el derribo y demolición de estas viviendas que, «aunque están ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre, pueden considerarse núcleos poblacionales urbanos consolidados, pues disponen de luz, agua o carreteras», asegura Langa González.
Traspaso de competencias
Para el letrado, este asunto «se hubiera resuelto favorablemente de haberse producido el traspaso de competencias estratégicas en materia de gestión de Costas en junio de este año», ya que dicho traspaso «supondría un avance histórico en el autogobierno del archipiélago, pues Canarias vive por y del mar y solo los canarios saben cómo se relacionan con el mar», añade Langa González.
En definitiva, llama a la tranquilidad de los vecinos afectados, destacando que esta comunicación «es el último paso administrativo, pero afortunadamente están los juzgados para resolverlo», confiando en mantener su lucha contra «una ley injusta con Canarias», ya que considera que «desde la península no tienen ni idea de la realidad de las Islas».
