El Consejo Insular de Aguas ha trasladado a los Servicios Jurídicos del Cabildo de La Palma el escrito de denuncia que ha sido presentado por la plataforma Agua para La Palma, en el que se reclama la presencia bacterias fecales en el agua que se utiliza para el abastecimiento público proveniente del túnel de trasvase.

Para apoyar esa reclamación, la asociación aporta unos análisis del año 2016 que le fueron facilitados por el propio Consejo Insular de Aguas, pero no hace mención a otro informe de las mismas características del año 2019 que, según el consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera, también figuran en su poder, y en los que los valores referidos a esas bacterias dañinas para el consumo humano son inexistentes. Ese análisis del año 2019, al que ha tenido acceso El Día, muestra todos los parámetros microbiológicos en 0, por lo tanto, sin contaminación, al contrario de lo que afirmó la asociación Aguas para La Palma.

«Acción malintencionada»

Cabrera achaca esta acción «malintencionada» a la «estrategia de ataque constante al Consejo Insular de Aguas de La Palma» por parte de esta asociación «con la intención de desacreditar una vez más, el cual es su objetivo fundamental desde que se creó».

Del mismo modo rechaza que se pueda justificar estas acusaciones “con ese objetivo por que no se ajusta a la realidad”, dijo, añadiendo que “ellos lo saben perfectamente”, ya que “esos datos que se están manejando fueron entregados oficialmente por el Consejo Insular de Aguas a esta plataforma”, por lo que el consejero recibió con “un asombro enorme y fastidio esas acusaciones que son mentira», añadió.

Por ello, también lamentó que si desde la plataforma trasladan a la opinión pública que desde el año 2016 se está sirviendo agua contaminada «es completamente mentira, falso y no se puede jugar de esa manera con la salud pública máxime en estos momentos difíciles de pandemia».

Defendió Cabera que el agua en La Palma no solo está muy controlada por el Consejo Insular de Aguas, también por los propios ayuntamientos, “y no por los políticos sino por los técnicos”, dijo, que son los que se encargan de que el agua llegue en perfectas condiciones a los hogares. Para el consejero de Aguas esta situación resulta “inadmisible”, por lo que entiende que “tiene que haber rechazo social” a estas acciones “y veremos si también un rechazo judicial”.