Cumbre entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Obispado para cobrar el IBI a los inmuebles lucrativos de la Iglesia

El Miércoles de Ceniza, el día en que comienza la Cuaresma, el Ayuntamiento de La Laguna y el Obispado de Tenerife se sentarán para decidir qué hacer con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios con los que cuenta la Iglesia en el municipio y, más particularmente, de aquellos en los que se desarrollan actividades de carácter lucrativo. Esta cumbre, confirmada por fuentes oficiales del grupo de gobierno, llega después de largo tiempo en que el IBI –el impuesto popularmente conocido en Canarias como la Contribución– de las propiedades de esta entidad religiosa en La Laguna ha sido objeto de controversia.

«La mesa bilateral entre el Ayuntamiento y el Obispado está ya convocada y la primera reunión está prevista para la próxima semana», expresaron el viernes las citadas fuentes oficiales del gobierno local. «Existe buena voluntad por ambas partes y la intención de estudiar cada caso en el municipio», manifestaron. La fecha del encuentro se ha conocido después de la intervención de la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero (PSOE), en el último pleno municipal, celebrado el jueves de la pasada semana.

En concreto, una de las preguntas que se formulan por escrito al término de la sesión la presentó el líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio. «En relación con la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica, (...) qué justifica que el alcalde no haya tomado las medidas acordadas para el cumplimiento de estos compromisos políticos sobre suelos que podrían ser de titularidad municipal», recogía literalmente. De fondo, un acuerdo plenario de marzo de 2022 y sus derivadas. Como se recordará, fue aquella una iniciativa en la que el regidor local, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), proponía acciones «de inmediato». Se trataba de un golpe de efecto tras darse a conocer en esos días el informe en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) reconocía que un millar de bienes que habían inmatriculado (registrado por primera vez) las diócesis españolas eran ajenos.

El texto que resultó del pleno, con un apoyo unánime de los partidos, incluía dos puntos relativos a las inmatriculaciones: estudiar los bienes inmatriculados por la Iglesia en el municipio para determinar si existía alguno cuya titularidad fuera pública, por un lado, y ofrecer cobertura a los propietarios que se pudieran haber visto afectados por esa práctica, por otro. El tercer vértice del acuerdo se refería a los impuestos: «Estudiar la posibilidad de cobro de posibles tributos sobre los inmuebles sin uso social o religioso titularidad de la Iglesia Católica o del Obispado en los que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler por hacer uso de los mismos».

Ya en mayo de 2022, Rubens Ascanio, pidió que, aparte de los bienes recogidos en el documento de la Conferencia Episcopal, se analizase cómo fueron registrados otros. El concejal ponía el foco especialmente sobre espacios públicos e inmuebles construidos de forma colectiva, como «plazas importantes» de La Laguna. «La de Tejina, la de la Catedral o la de la iglesia de La Concepción también fueron incluidas en algún momento entre los bienes inmatriculados por el Obispado», señaló.

Sea como fuere, el tiempo empezó a transcurrir y no se supo nada más de las medidas que se habían acordado en marzo de 2022. En julio de 2023, ya iniciado el nuevo período de gobierno, el partido de Ascanio decidió formular una solicitud de información pública. Pedía «en el menor plazo posible» los expedientes sobre las plazas de la Catedral, La Concepción, Tejina, Guamasa y San Jerónimo (Taco) e «información y copia de los expedientes» sobre «las impugnaciones, estudios o informes técnicos realizados ante las inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica de posibles bienes públicos municipales». Para obtener una respuesta, la formación política se vio obligada a acudir al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. La contestación final, emitida por el Área de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, recogía que las plazas en cuestión eran públicas y, en cuanto a la petición de información sobre «impugnaciones, estudios o informes técnicos», se apuntaba que «no constan» trámites realizados en ese sentido.

Con posterioridad, el pasado 5 de febrero se conoció un documento de 2020 en el que el Consistorio lagunero enumeraba unos 300 inmuebles en el municipio exentos de IBI, de los que un centenar pertenecen a la Iglesia Católica. «Convocaremos una comisión bilateral donde abordaremos todos estos aspectos», indicaron fuentes oficiales del grupo de gobierno (PSOE-CC) al ser preguntadas en esa ocasión, y entre otras cuestiones, por si se había dado algún paso para proceder al cobro de impuestos.

La intervención de Rivero

Después vino el pleno del 8 de febrero. La titular de Hacienda y Servicios Económicos, la socialista Francisca Carlota Rivero, dejó allí una intervención leída que colisionaba frontalmente con todo lo anteriormente planteado por su partido: tanto con lo anunciado en las últimas fechas por el grupo de gobierno al que pertenece como con la iniciativa que llevó a pleno Luis Yeray Gutiérrez en marzo de 2022. Mientras que el pacto local había avanzado que se celebraría la referida «comisión bilateral» para decidir qué hacer con el IBI, Rivero resolvió que está reconocida la «exención del impuesto del IBI sobre los inmuebles de los que sea titular la Iglesia Católica». La edil también desgranó motivos por los que, a su juicio, no eran de aplicación los puntos acordados en el ya referido acuerdo plenario.

«La moción del 10 de marzo de 2022 lo que pretendía, en primer lugar, era instar a la Diócesis nivariense a que adoptara las acciones necesarias para regularizar la situación de los bienes inscritos supuestamente sin justificación a nombre de la Iglesia Católica», comenzó Francisca Carlota Rivero su alocución. «En esa moción se ofrecía la colaboración del Ayuntamiento para la recuperación de los bienes mediante la contratación de la elaboración de un informe jurídico y técnico para que este sirviera a sus legítimos propietarios para instar la recuperación de sus bienes, si en su caso este se diere, y también recuperar los de dominio público, como plazas públicas y edificaciones de uso comunal promovidos por vecinos y vecinas», expresó más adelante, para remachar: «Les matizo que no es el marco competencial de la entidad local, no pudiéndose destinar fondos públicos para la formalización de un contrato que tuviera por objeto acciones dirigidas a dilucidar la usurpación de un bien en su caso de propiedades privadas».

Bienes públicos

Descartado, según sus manifestaciones, ese punto, continuó defendiendo que los bienes de dominio público y comunales «son inalienables, inembargables e imprescriptibles, teniendo las entidades locales la prerrogativa de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trata de bienes de dominio público». Siguiendo ese planteamiento, otro de los acuerdos adoptados en pleno era en parte innecesario.

La más rotunda de sus afirmaciones se produjo en relación al IBI. «El artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales reconoce la exención del impuesto del IBI sobre los inmuebles de los que sea titular la Iglesia Católica», zanjó. Si se da por buena esa interpretación, no cabría debate sobre cobrar la Contribución a la Iglesia.

Sin embargo, el citado artículo 62 (sobre exenciones del IBI) fija en su apartado 1.c): «Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución».

Los de uso religioso y social

¿Y qué establece el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos? Reconoce que están liberados del IBI los templos y capillas destinados al culto y sus dependencias o edificios y locales anexos dedicados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes; las oficinas de la curia diocesana y oficinas parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas «en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas», y los «edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada». Esto es, y frente a lo mantenido por la concejala de Hacienda, el texto circunscribe la exención a bienes que cuentan con usos religiosos o sociales, por lo que no todos están libres.

Rivero, que ya había sorprendido en una rueda de prensa al tratar de justificar la reducción del presupuesto municipal por la «crisis del Mar Rojo» y otros factores internacionales, también sostuvo que «es de aplicación lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo». Este otro texto legal se muestra algo menos claro, pero su artículo 15, sobre los tributos locales, establece en su apartado primero: «Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades». Dicho en otras palabras: tampoco es una exención global e ilimitada.

Preguntados el viernes por las palabras de la edil y sobre si seguía en pie la comisión bilateral, fuentes oficiales del grupo de gobierno anunciaron la fecha de esta.