La Laguna deja claro que cinco plazas de iglesias son públicas y no del Obispado de Tenerife

Las plazas de la Catedral, La Concepción, Tejina, Guamasa y San Jerónimo (Taco) son públicas y no del Obispado de Tenerife. Así se desprende de un informe del Ayuntamiento de La Laguna sobre cuatro de ellas y lo confirman fuentes oficiales de la corporación acerca de la quinta. La trascendencia del asunto reside en que la Iglesia había defendido –y con vehemencia en algunos casos– que eran de su titularidad. En paralelo, el Consistorio, al menos públicamente, no se había expresado de forma nítida a este respecto. El reciente y clarificador documento municipal, evacuado por el Área de Hacienda, llega tras insistir Unidas se Puede (USP).

«Las plazas a las que se hace alusión: plaza de Los Remedios, plaza de la Catedral, plaza de Tejina, plaza de Guamasa y plaza de San Jerónimo se encuentran debidamente inventariadas en el Inventario General de Bienes y Derechos de esta corporación». Ese es el tenor literal del escrito, al que ha tenido acceso EL DÍA y que lleva la firma del director del Área de Hacienda y Servicios Económicos. Sin embargo, Unidas había solicitado también información sobre la céntrica plaza de La Concepción. En concreto, en una petición registrada el 10 de julio –y que fue reiterada el 23 de agosto–, la formación política solicitaba los «expedientes en los que conste quién es el propietario y desde cuándo de los siguientes espacios: plaza de Los Remedios (o de la Catedral), plaza de La Concepción, plaza de la iglesia de Tejina, plaza de la iglesia de Guamasa y centro parroquial de San Jerónimo y entorno del mismo».

Preguntadas este miércoles por este periódico acerca de si el hecho de que apareciese en el informe «plaza de Los Remedios, plaza de la Catedral (...)» (que, en principio, son el mismo lugar) pudiera tratarse de un lapsus calami y que, en realidad, la referencia era a La Concepción, fuentes oficiales del Ayuntamiento indicaron que esta última tiene «el mismo tratamiento que las demás (su categoría es la misma que la del resto)». Esto es, también es pública.

Las inmatriculaciones

La historia de fondo es larga y guarda conexión con la polémica de las inmatriculaciones (los registros de bienes por primera vez) de la Iglesia. Como se recordará, aquel lío tiene sus orígenes en una ley de 1998 que le permitió a la Iglesia realizar inmatriculaciones con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste económico. Esa coyuntura fue aprovechada por las diócesis de toda España para apuntarse incluso lo que no era suyo, según vino a confirmar en 2022 un informe en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) reconocía que un millar de esos bienes eran ajenos.

Aquella relación incluía casos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque con posterioridad el Obispado negó en un comunicado que hubiese registrado a su nombre propiedades de otros y que estas figuraban en el documento de la CEE por un «lamentable error». Sea como fuere, el Pleno de La Laguna aprobó por aquellos días estudiar los bienes inmatriculados en el municipio. El texto plenario también establecía la contratación de un informe jurídico y técnico «que sirva para colaborar en la restitución de estos bienes a sus legítimos propietarios y recuperar los de dominio público que pudieran estar en este caso, como plazas públicas o edificaciones de uso comunal promovidas por los vecinos».

Lo anterior se produjo en enero de 2022, una vez que se conoció el informe de la CEE. Ya en mayo de ese año, el portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, pidió que, aparte de los bienes recogidos en el documento de la Conferencia Episcopal, se analizase cómo fueron registrados otros. Se refería el concejal especialmente a espacios públicos e inmuebles construidos de forma colectiva. Ascanio puso el foco ya entonces en «plazas importantes» de La Laguna. «La de Tejina, la de la Catedral o la de la iglesia de La Concepción también fueron incluidas en algún momento entre los bienes inmatriculados por el Obispado», expresó el edil en aquella época, antes de referirse a que algunos de esos enclaves son «espacios públicos de referencia del municipio» y a que cuentan con servicios públicos como el de jardinería. «Lo más llamativo son, sobre todo, puntos que tienen un claro carácter público, como, por ejemplo, la plaza de Guamasa, que es una de las que aparecen dentro del listado», manifestó el edil.

Y terminó el mandato. Y Unidas, que gobernaba en pacto con el Partido Socialista (PSOE) y Avante, pasó a la oposición. En julio de 2023, ya iniciado el nuevo período de gobierno, el partido de Ascanio decidió formular una solicitud de información pública. Pedía «en el menor plazo posible» los ya referidos expedientes sobre las plazas e «información y copia de los expedientes» sobre «las impugnaciones, estudios o informes técnicos realizados ante las inmatriculaciones por parte de la Iglesia católica de posibles bienes públicos municipales».

Ante la falta de respuesta, USP reiteró la solicitud el 23 de agosto. Y, nuevamente, recibió la callada por respuesta. Así fue que Rubens Ascanio, el pasado 20 de diciembre de 2023, decidió presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Con este órgano de por medio, entonces sí, el Ayuntamiento lagunero le respondió.

«No constan» trámites

La respuesta fue la ya indicada del director del Área de Hacienda y Servicios Económicos. Esta también aborda la petición de información sobre «impugnaciones, estudios o informes técnicos». Se apunta a ese respecto que «no constan» tales trámites. Eso llevó el martes a Unidas se Puede a alertar en una nota de prensa de que no se está dando cumplimiento a los acuerdos plenarios para «clarificar posibles inmatriculaciones de bienes públicos». Asimismo, la formación de izquierdas aprecia una «clara dejación de las funciones de la Alcaldía ante 25 bienes municipales que no sabemos si fueron públicos en algún momento y que la propia Conferencia Episcopal reconoce no saber cómo se registraron».

En esa nota, desde Unidas señalaron al director técnico de Alcaldía, Óscar Olave, que es también el secretario de Organización del PSOE de La Laguna. «En anteriores momentos pedimos estos informes desde Unidas se Puede, caso de 2021, cuando se nos dio una tibia respuesta y el director técnico de Alcaldía nos manifestó por escrito su oposición a que cualquier asunto de estas características pudiera ser abordado», afirmó USP en la nota.

En opinión de Ascanio, la respuesta que finalmente ha dado el Consistorio lagunero es «significativa». Y añade: «Desde 2019 tenemos constancia de varias visitas al Ayuntamiento en las que representantes del Obispado alegaban la titularidad de algunos de estos espacios públicos y pedían la no celebración de ciertos eventos en los mismos, un aspecto que debería haber sido también clarificado con el informe jurídico acordado, tal y como pedimos de forma reiterada en el pasado mandato».

Cumbre alcalde-obispo

Sobre lo ocurrido en los últimos años, Rubens Ascanio relató este miércoles que a principios del pasado mandato llegó a haber una reunión en Alcaldía. «En 2019, el obispo se plantó en el despacho de Luis Yeray Gutiérrez con otros miembros del Obispado y unos planos. Le decía que la plaza de la Catedral, La Concepción (hasta la pared del edificio donde está el Melita), Tejina y Guamasa eran de su titularidad», aseguró. Preguntado este miércoles por este periódico sobre aquel encuentro, así como acerca del informe del Área de Hacienda y Servicios Económicos, el Obispado de Tenerife optó por no pronunciarse.

En la nota de prensa, Ascanio también mostró su preocupación con la «evidente cesión al Obispado que se está facilitando por acción u omisión desde el PSOE lagunero, titular de las áreas implicadas en el nulo desarrollo» de los acuerdos plenarios. «En este nuevo mandato estamos viendo un marcado acercamiento a las posiciones más conservadoras, dándole un papel a la Iglesia y a sus representantes que excede ampliamente los principios de aconfesionalidad del Estado, como se vio en el pregón de San Benito o en el de las fiestas del Cristo», agregó.

El concejal llevará al pleno de febrero una pregunta sobre los motivos de los incumplimientos del acuerdo plenario. «El deber de un alcalde no es con el Obispado; debe estar del lado del interés público y proteger los elementos que pudieron haber sido sometidos a procedimientos ilegítimos de inmatriculación», consideró.