La Justicia avala la limitación para aparcar en el Charco de La Arena, en La Laguna

El Club interpuso un recurso contencioso-administrativo frente al bando sobre el tránsito rodado en el camino La Costa

El Charco de La Arena, en la Punta del Hidalgo.

El Charco de La Arena, en la Punta del Hidalgo. / Carsten W. Lauritsen

D. Ramos

El bando del Ayuntamiento de La Laguna que limita el estacionamiento en las inmediaciones del Club Charco de La Arena, en la Punta del Hidalgo, ha sido avalado por la Justicia. La citada entidad interpuso un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión municipal y pidió la suspensión cautelar. Ahora, en una sentencia de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado la medida solicitada por la entidad.

El origen de todo lo anterior se encuentra en marzo de 2020. Apenas unos días antes de que se declarase el estado de alarma, el Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias anunciaron que desarrollarían conjuntamente una serie de medidas encaminadas a «proteger y salvaguardar los valores ecológicos» del camino La Costa, la vía de tierra que discurre junto a los charcos de La Punta. Posteriormente, en junio de ese mismo año, llegó el bando municipal que daba carta de oficialidad a aquella iniciativa.

En concreto, el documento impedía la circulación de vehículos a motor en la pista, salvo algunas excepciones, y establecía limitaciones de aparcamiento. Y el Club Charco de La Arena acabó acudiendo a la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En este punto, el juez considera que no se han acreditado «los posibles perjuicios económicos que viniera a causar la ejecución de la resolución impugnada y, muchos menos, que se traten de perjuicios de difícil reparación».

Asimismo, la sentencia recoge que el Tribunal Supremo «ha señalado en una serie reiterada de sentencias que en supuestos de construcción en suelo rústico, doctrina aplicable a casos como el presente en que el suelo ocupado es de dominio público sin autorización, prima el interés público de defensa del medio ambiente y de protección de la legalidad urbanística representado en la orden de derribo; sobre el económico o de otro tipo del propietario recurrente». Y completa: «Razones todas ellas determinantes de que no pueda prevalecer su interés particular frente al interés general subyacente en el mantenimiento de la decisión adoptada por la Administración demandada».

No es el único procedimiento judicial que tiene abierto el Charco de La Arena, sino que espera por otra sentencia que determinará su futuro. En 2017, el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidas se Puede para solicitar al Estado la concesión administrativa del Charco de la Arena y de dos espacios de baño más: el Club Náutico de Bajamar y las piscinas de los Apartamentos Altagay. El transcurrir del asunto lo ha acabado llevando hasta la Audiencia Nacional.