El Charco de la Arena, en La Laguna, espera por una sentencia de la Audiencia Nacional

El Charco de la Arena, en el camino La Costa, en la Punta del Hidalgo, está a la espera de una sentencia de la Audiencia Nacional. Así lo indicó el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés (PSOE), en el último pleno municipal. «El procedimiento judicial se encuentra culminado a la espera de que se dicte sentencia por parte de la Audiencia Nacional, procedimiento en el cual este ayuntamiento se ha personado como parte interesada», expresó el edil socialista.

Las manifestaciones de Cordobés llegaron en respuesta a una pregunta formulada por escrito por la concejala de Unidas se Puede Idaira Afonso «sobre qué acciones piensa realizar el Ayuntamiento, o está haciendo, para apoyar la plena recuperación del espacio público del Charco de la Arena». Se trata de un asunto que está sobre la mesa desde 2017, cuando el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidas para solicitar al Estado la concesión administrativa del Charco de la Arena y dos espacios de baño más: el Club Náutico de Bajamar y las piscinas de los Apartamentos Altagay.

Acuerdo plenario. Aquella decisión de 2017 resultó de una enmienda de sustitución consensuada y que establecía «realizar cuantos trámites legales y administrativos sean necesarios para solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la concesión administrativa de dichas instalaciones a favor de esta administración local, en la medida de lo posible, haciendo valer la preferencia que la normativa vigente establece en estos casos». La apostilla «en la medida de lo posible» era la vía por la que optó el PSOE local de la época, liderado por Mónica Martín y que tenía asumidas las competencias en Playas y Piscinas, para que el punto saliese adelante, evitar las críticas y que después durmiese el sueño de los justos. Y eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, y tras las elecciones de 2019, Unidas se Puede entró en el gobierno local. Eso, unido a la apuesta del PSOE de Luis Yeray Gutiérrez y Santiago Pérez de apostar por la Comarca Nordeste como importante caladero de votos, llevó a la ejecución de numerosos proyectos en la zona. Y también se implicaron con el Charco de la Arena. Además, y con ahínco, la Plataforma en Defensa de la Costa de La Laguna también se había puesto manos a la obra.

La ‘prehistoria’. En realidad, todo había empezado mucho antes de 2017. El inicio se puede situar cuando el ingeniero Pedro de Arce y Rueda registra el 14 de julio de 1962 el proyecto de piscina en la zona marítimo-terrestre de Charco de la Arena y el arquitecto Félix Sáenz firma un año después –28 de mayo de 1963– el proyecto de bar y restaurante asociado. Una orden ministerial del 17 de julio de 1964 –en pleno régimen franquista– otorga una concesión a Sergio González Machado para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y tres años después (1967) se levanta el primer acta de reconocimiento de las obras. A partir de ahí y hasta hoy solo han podido acceder a este privilegiado charco urbanizado los socios del club e invitados. Y desde hace unos años, quien pague 10 euros por día. El acceso solo es libre al restaurante para consumir.

Costas. Llegada la etapa contemporánea, y según publicó este periódico en 2021, se puso fin al permiso excepcional al club Charco de la Arena y se ordenó a sus responsables demoler todas las instalaciones privadas, incluido el restaurante, que se eleva sobre la piscina gracias a unos pilares y que nunca ha tenido licencia de apertura. Debían devolver la zona a su estado natural. Costas exponía en su pronunciamiento que la concesión ministerial acotaba la ocupación a 810 metros cuadrados y que el club ocupó, sin embargo, 7.170 metros cuadrados, nueve veces más de lo permitido, superficie que equivale a un campo de fútbol. El restaurante, por ejemplo, tenía autorización para 456 metros cuadrados pero ocupó 606. También se construyeron vestuarios no previstos de 150 metros cuadrados y se transformó la piscina natural en 3.180 metros cuadrados, cuando la superficie autorizada era de 589.

Otro enfoque. También en 2021, un portavoz del Charco de la Arena sostuvo que poseen «documentos que acreditan que tenemos derecho a mantener la concesión. Y vamos a ejercer ese derecho en los tribunales». Además, afirmó que «la resolución de Costas está llena de conclusiones erróneas o inexactas». A partir de ahí fue que el asunto acabase donde se encuentra en la actualidad, en la Audiencia Nacional.

Bando municipal. Un bando municipal de 2022 sobre las restricciones a la circulación de vehículos por el camino La Costa (donde se encuentra el Charco de la Arena) aporta algunos datos sobre el procedimiento judicial. El documento recoge: «Respecto al acceso a las instalaciones del Club Charco de la Arena, se ha tenido en cuenta la pendencia de un proceso judicial ante la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional interpuesto por la Sociedad Recreativa Charco de la Arena frente a la Resolución de la Sra. Directora General de Costas y el Mar de fecha 8 de marzo de 2021, por la que se deniega la prórroga de la concesión administrativa otorgada por Orden Ministerial de 17 de julio de 1964». Y añade: «Sin que a la fecha le conste a esta Administración que por parte del Servicio Provincial de Costas se haya procedido al levantamiento del acta de reversión de la ocupación del DPMT, por lo que transitoriamente se autorizará el acceso restringido a los miembros de dicha Sociedad en las condiciones que a continuación se señalan».

La Fiscalía. El digital Atlanticohoy.com publicó el pasado mes de agosto, en un contenido sobre este caso, que la Fiscalía también ha estado investigando este año lo ocurrido debido a una denuncia presentada en febrero de 2023 contra el club por no haber procedido a la demolición, si bien optó por archivarla porque no apreciaba indicios de delito. Según el referido medio, la Fiscalía apuntó que tenía que ser en la vía administrativa en la que se asegurase la ejecución de la demolición y retirada de las obras.