La justicia archiva por tercera vez el ‘caso Grúas’ al exalcalde José Alberto Díaz

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife archiva la parte del caso Grúas que afecta al exalcalde de La Laguna por Coalición Canaria, José Alberto Díaz, al que fuera concejal Antonio Pérez Godiño (CC) y a la técnica de Seguridad Rosario Hernández. Los magistrados José Félix Mota (presidente), Jaime Requena y Esther García (ponentes) rechazan los recursos presentados por Santiago Pérez (PSOE y Avante) y Rubens Ascanio (Unidas se puede), este mandato concejales del Gobierno de La Laguna y en anteriores, los principales denunciantes de esta causa cuando estaban en la oposición.

Es la tercera vez que un órgano judicial declara el sobreseimiento de las investigaciones a José Alberto Díaz, Antonio Pérez Godiño y Rosario Hernández. En todos los casos, los jueces rechazaron que cometieran los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos durante su participación en la privatización, aprobada en 2004, del servicio de recogida de vehículos en el municipio lagunero. Los actos por los que fueron denunciados ocurrieron cuando José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño eran concejales del grupo de gobierno de La Laguna.

En julio de 2020, María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, archiva por primera vez el procedimiento abierto a Díaz, Godiño y Hernández al descartar las irregularidades. Esta misma magistrada vuelve a dictar el sobreseimiento a estos tres cargos, que ya no tienen ninguna relación con el Ayuntamiento de La Laguna, en noviembre de 2021, al rechazar los recursos de los denunciantes. El auto comunicado ayer por los tres miembros de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial se convierte en el tercer archivo de este procedimiento.

Además, la parte de este caso Grúas abierta a otro de los denunciados, Fernando Clavijo, exalcalde de La Laguna por CC, también se archivó. En el caso de Clavijo, la decisión la adoptó el Tribunal Supremo (junio de 2020) pues en el momento en el que se desarrollaron las diligencias, el político lagunero era presidente del Gobierno de Canarias y, por tanto, estaba aforado y solo lo podía investigar un tribunal superior. La Sala Segunda del Supremo absolvió a Fernando Clavijo, hoy senador por la comunidad autónoma y candidato de los nacionalistas a la Presidencia del Gobierno canario en las elecciones del próximo 28 mayo, al descartar que incurriera en prevaricación y malversación.

El caso Grúas tiene que ver con la privatización del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Fernando Clavijo, como edil de Seguridad, abre en 2003 un expediente para adjudicar a una empresa externa las grúas. Según su criterio y a tenor de una serie de informes, la estructura pública que existía en ese momento –2 grúas y 6 operarios– no daba cobertura a todo el municipio. Asimismo, el Ayuntamiento carecía de medios económicos para contar con al menos 5 grúas y 20 empleados.

La historia de las grúas

El pleno del 12 de febrero de 2004 aprueba la privatización y el del 8 de julio acuerda adjudicar el servicio al empresario José Padilla por un plazo de cinco años, prorrogables a 25. Poco después, el pleno da el visto bueno a que la adjudicación pase de la persona de José Padilla a su empresa Autogrúas Poli SL. Los constantes problemas económicos fuerzan al empresario, en abril de 2011, a vender Autogrúas Poli a un grupo de empleados. Estos realizan la operación para salvar sus puestos de trabajo e internar reflotar la compañía con ayuda del Consistorio.

Fernando Clavijo, esta vez como alcalde de La Laguna, dicta un decreto en 2014 para levantar los reparos de la Intervención y permitir la concesión de un crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli con el fin de reflotar la empresa. Intervención Municipal considera que esta fórmula no tiene aval legal. El alcalde, sin embargo, se apoya en un informe realizado por dos catedráticos de la Universidad de La Laguna (ULL).

Las condiciones del préstamo son claras y están respaldadas por la Junta de Gobierno y el pleno: el dinero se destinará al pago de las nóminas y los gastos que permitan la continuidad del servicio. La intención del Consistorio en todo momento es salvar el servicio de grúas y evitar asumir esta tarea con medios municipales, lo que habría metido al Ayuntamiento en un grave problema económico. José Alberto Díaz, como concejal de Seguridad –ocupó este cargo antes de que entre 2015 y 2019 fuera alcalde–, propuso la concesión del préstamo para salvar a Autogrúas Poli y que La Laguna no se quedara sin el servicio de recogida de vehículos. Encargó asimismo los informes de la ULL que avalaron el préstamo de 120.000 euros. Antonio Pérez-Godiño, por su parte, como alcalde accidental, decidió en 2014 prorrogar por decreto hasta 2019 la concesión del servicio a Autogrúas Poli amparándose en un informe de la Concejalía de Seguridad, firmado por la técnica Rosario Hernández.

El 26 de abril de 2017, 14 años después de iniciarse el proceso de privatización de las grúas en La Laguna, dos concejales de la oposición en el Ayuntamiento, Santiago Pérez, entonces bajo las filas de Por Tenerife-Nueva Canarias, y Rubens Ascanio, de Unidas se puede, presentan una denuncia por presuntas irregularidades en el procedimiento contra el Gobierno municipal liderado por CC. Acuden a la Justicia después de considerar que la comisión de investigación que había organizado el Consistorio, presidida por Alarcó (PP), se había cerrado «en falso» sin determinar que había que depurar responsabilidades. No fue la única denuncia que elevaron contra los nacionalistas. También presentaron la del caso Reparos, que sigue abierta.

Empieza entonces un accidentado procedimiento que todavía colea y que alarga las imputaciones a los afectados. En realidad, antes de los tres sobreseimientos de las investigaciones a José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño, y del dictado por el Supremo en la parte que afectaba a Fernando Clavijo, hubo otro archivo general de la causa poco después de abrirse. En junio de 2017, la misma magistrada Celia Blanco anuncia el carpetazo de la causa, con el apoyo de la Fiscalía. Según la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, todos los decretos y procedimientos no infringen ninguna normativa y se hicieron en beneficio de los intereses del Ayuntamiento.

Poco después, en octubre de 2017, la Audiencia Provincial ordena reabrir el caso Grúas al considerar que la jueza lo sobreseyó de forma «precipitada» y «sin practicar diligencias de investigación». Acepta así el recurso de los denunciantes. Los recursos posteriores de Santiago Pérez y Rubens Ascanio no prosperan. Los últimos son los que han llevado ahora a la Sala Segunda de la Audiencia Provincial ha volver a cerrar el procedimiento. El presidente y los dos ponentes descartan que se vulnerara la tutela judicial y que existan indicios delictivos tanto en las decisiones adoptadas por José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño, como por la técnica Rosario Hernández.

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