gestión municipal | La proliferación de contratos menores en el Ayuntamiento

Anticorrupción fiscaliza centenares de contratos ‘a dedo’ del Gobierno lagunero

La Fiscalía investiga las numerosas adjudicaciones directas desde 2019 en el marco del ‘caso Laycas’, entre ellas las 373 aprobadas a las empresas de tres socios por 1,2 millones

Teatro Leal de La Laguna.

Teatro Leal de La Laguna. / E.D.

Daniel Millet

Daniel Millet

La Fiscalía Anticorrupción investiga centenares de contratos a dedo aprobados por el Gobierno de La Laguna tras la llegada en 2019 del grupo formado por PSOE, Unidas se puede y Avante. El ministerio público indaga si hay irregularidades en la adjudicación por parte del Ayuntamiento lagunero de numerosos servicios, desde la cultura al mantenimiento de sedes municipales. Estas adjudicaciones se han hecho de forma directa, sin que otras empresas pudieran optar a las prestaciones.

Las averiguaciones de Anticorrupción se desarrollan en el marco de las diligencias judiciales del caso Laycas. María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, abrió diligencias sobre una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados que denunció en mayo de 2021 el concejal no adscrito de La Laguna Alfredo Gómez. Son centenares de contratos menores que el Gobierno lagunero asegura que son legales y cuentan con informes favorables.

Por estas pesquisas están imputados el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y tres miembros de su actual equipo de gobierno: Yaiza López (Cultura), Carla Cabrera (Mercados y Presidencia) y Badel Albelo (Seguridad y Fiestas). También figura en la lista de investigados el exedil Alejandro Marrero, que dimitió el 22 de noviembre al verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial. Se les imputan los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada.

La red de los espectáculos

Entre la numerosa cantidad de adjudicaciones a dedo que fiscaliza Anticorrupción se encuentran los 373 contratos menores relacionados con el sector cultural y de los espectáculos que ha recibido desde 2019 una red societaria liderada por tres socios del sector de la cultura y los espectáculos de Tenerife. Los tres empresarios, Juan Agustín Hernández, Rayco Fumero y Domingo Rodríguez, han percibido 1,2 millones de euros a través de esta práctica en los últimos cuatro años.

Las pesquisas judiciales parten de una denuncia del concejal no adscrito Alfredo Gómez

Los contratos se concedieron sin que otras empresas pudieran optar a las prestaciones

Estos tres socios tinerfeños facturan el dinero público al Ayuntamiento de La Laguna por medio de seis sociedades, cuatro de ellas creadas tras la llegada del Gobierno lagunero de PSOE, Unidas se puede y Avante en julio de 2019. También han cobrado parte de estas facturas ellos mismos como personas físicas.

La parte de la denuncia del caso Laycas referida a esta red de sociedades asegura que no solo se adjudicaron presuntamente por parte del Ayuntamiento en contra la Ley de Contratos Públicos –que prohíbe que los contratos menores tengan una cuantía mayor a 15.000 euros y se repitan con el mismo objeto del servicio y a la misma empresa–, sino también sin que se presentaran otras dos ofertas. Además, la denuncia apunta que se adjudicaron antes del comienzo de la tramitación del expediente.

La ley exige en este tipo de contratos la concurrencia, es decir, que el expediente de contratación cuente con al menos tres presupuestos. Con esta medida se consigue comprobar si las ofertas están acordes con los precios del mercado.

Un encargo verbal

La denuncia también asegura que en la mayoría de estos casos, el encargo de los servicios ha sido verbal, sin siquiera contar con la tramitación previa de una memoria de necesidad y sin la acreditación de reserva de crédito presupuestario que avale luego el pago por parte del Ayuntamiento de La Laguna, siendo también en ambos casos exigencias en la contratación pública de las administraciones.

La sociedad matriz es Espectáculos Tenerife SL. Constituida en 2007, el principal accionista es Juan Agustín Hernández, que además de administrador único es director general. Rayco Fumero y Domingo Rodríguez, sus dos socios, aparecen como directores comerciales.

En 2014 constituyeron una segunda sociedad, Convenciones y Espectáculos SL, cuyo administrador único es Rayco Fumero. Y tras la llegada de Luis Yeray Gutiérrez a la Alcaldía abrieron otras tres: Tenerife Live Sound SL, cuyo administrador único es Rayco Fumero; Mueve 2020 Producciones SL, gestionada por Domingo Hernández; y Backup Producciones SL, administrada por Juan Agustín Hernández. También facturan a través de Doble RR, una sexta sociedad –esta civil, no limitada– gestionada por una amiga de Rayco Fumero.

La Fiscalía Anticorrupción ya tiene toda la documentación remitida por el concejal de la oposición denunciante, Alfredo Gómez, no solo de estos 373 contratos menores adjudicados a la red societaria dedicada a la cultura y los espectáculos, sino también de otros centenares de contratos menores relacionados con servicios como el suministro de mascarillas o las labores de mantenimiento de los centros ciudadanos.

Las pesquisas se abren después de que Alfredo Gómez, que abandonó Ciudadanos para pasar al grupo mixto en el Ayuntamiento de La Laguna, presentara la primera denuncia en mayo de 2021. La magistrada María Celia Blanco, del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, abre el procedimiento al observar indicios de irregularidades. Los cuatro investigados ya han declarado ante la jueza.

Presuntos delitos

Alfredo Gómez, que fue destituido de la presidencia de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento tras presentar esta denuncia, considera que estos hechos serían constitutivos de los delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas–, malversación de caudales públicos –administración desleal de recursos públicos, gestión interesada –autoridad o funcionario que se vale de sus funciones por un interés particular–, cohecho –soborno– y falsificación documental.