El secretario del pleno de La Laguna denuncia el fraccionamiento ilegal de 32 contratos

El secretario del pleno del Ayuntamiento de La Laguna, Octavio Fernández, denuncia que el Gobierno municipal fracciona contratos de manera ilegal para adjudicarlos a dedo y evitar sacarlos a concurso público. También acusa al equipo del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, de abonar por cada uno de ellos más dinero del permitido y de ocultarle los decretos por los que se aprueban.

Octavio Fernández, uno de los principales fiscalizadores de la gestión municipal, lo expone en un informe del pasado 12 de diciembre en el que explica que ha detectado esta práctica irregular durante este mandato –desde 2019– en al menos 32 contratos menores con 9 empresas para el suministro de servicios como actividades sociales de dinamización, compra de mascarillas, teleasistencia o transporte de personas con movilidad reducida. La suma total de los contratos supera los 500.000 euros.

En el escrito, el secretario del pleno concluye que esos contratos menores deben revisarse de oficio al ser nulos de pleno derecho porque vulneran la Ley de Contratos del Sector Público. Esta norma prohíbe el fraccionamiento para disminuir la cuantía y eludir los requisitos de publicidad y adjudicación a través de una licitación pública; es decir, que se firmen de forma sucesiva a la misma empresa por idéntico fin sin que otras empresas puedan optar a la prestación. También prohíbe que las cuantías de estos contratos menores superen los 15.000 euros.

Las empresas

De estos 32 contratos menores que Octavio Fernández considera nulos por su ilegalidad, 13 se firmaron con la empresa Kim Educativo SL con el fin de organizar actividades para mayores, 4 con Forum Activa Canarias para la atención telefónica, 3 con Tecnologías Plexus y Clece para el mantenimiento de sistemas y la teleasistencia respectivamente, 3 con Devicserver –uno de ellos junto a Venclean– sobre el suministro de mascarillas, y 2 con Pérez y Cairos, Guaguas Norte y Lázaro Pérez e Hijos para el transporte adaptado de mayores al centro de día del hospital Los Dolores.

En todos estos casos, el alto funcionario del Consistorio de La Laguna apunta que superan el límite legal de 15.000 euros para contratos menores. Octavio Fernández aclara que este método irregular también podría cometerse en otros servicios relacionados con el proyecto de nómadas digitales, la Escuela de Influencers, la compra de dispositivos para la toma de temperatura, servicios externos de comunicación, control de acceso al camping de La Punta y el servicio de azafatas para actos culturales. En todos ellos, Fernández aclara que «no se aportan datos de años e importes para poder hacer un análisis jurídico que determine la legalidad o no de la contratación menor».

Fernández acusa al Gobierno municipal de impedirle el acceso a decretos de las contrataciones

Otra de las denuncias del secretario del pleno en el informe del 12 de diciembre es la falta de transparencia del Gobierno lagunero, formado por PSOE, Unidas se puede y Avante. «Desde que el secretario general tomó posesión el 9 de mayo de 2022 no ha tenido acceso a los decretos de los órganos del Ayuntamiento de La Laguna, a diferencia de lo que sucede en cualquier corporación local», asegura.

Octavio Fernández recuerda que ha pedido en dos ocasiones estos decretos, el 8 de septiembre y el 25 de octubre de 2022. «Siguen sin atenderse con el argumento de la protección de datos, cuando los decretos de contratos administrativos menores de obras, servicios o suministros no contienen datos protegidos de carácter personal», apunta el alto funcionario.

El ‘caso Laycas’

Este informe llega en un momento en el que la justicia investiga en el caso Laycas al alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, tres de sus concejales en el grupo de gobierno –Yaiza López, Carla Cabrera y Badel Albelo– y el exedil Alejandro Marrero, que dimitió el pasado 22 de noviembre al verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche oficial.

Este proceso judicial está precisamente relacionado con el fraccionamiento de contratos menores. De hecho, tres de los que el secretario del pleno ha declarado que existe fraccionamiento ilegal figuran en el procedimiento del caso Laycas que lleva María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna. Son los adjudicados a la empresa Devicserver para el suministro de mascarillas.

La magistrada María Celia Blanco indaga una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados que denunció en mayo de 2021 el concejal no adscrito de La Laguna Alfredo Gómez. La denuncia de Gómez, que comenzó el mandato como concejal de Ciudadanos y pasó al grupo mixto al abandonar el partido, abarca más de un centenar de contratos menores por los que el Ayuntamiento se gastó una cantidad superior al millón de euros.

El alto funcionario asegura que el objeto de estos contratos superó el límite legal de 15.000 euros

El alcalde y los ediles están investigados por los presuntos delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas–, malversación de caudales públicos –administración desleal de recursos públicos–, gestión interesada –aprovechar las funciones públicas para un interés particular–, cohecho –soborno– y falsificación documental. Los cuatro investigados ya han declarado ante la jueza del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna.

Comisión de investigación

De forma paralela al caso Laycas, una comisión de investigación del Ayuntamiento de La Laguna indaga la legalidad y seguridad jurídica de los contratos menores de obras, servicios y suministros del Consistorio, sus organismos y la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa). En el pleno del pasado 9 de diciembre, el Ayuntamiento aprobó la prórroga de los trabajos de esta comisión por cuatro meses más tras constituirse oficialmente el 30 de junio.

Octavio Fernández es el mismo alto funcionario que declaró ilegal el nombramiento a dedo por parte del Gobierno municipal de La Laguna del exsenador y exdiputado socialista Julio Cruz como director del área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento lagunero. Lo concluyó el secretario del pleno en un informe del pasado 30 de noviembre. Fernández exige que se anule de oficio por la vía administrativa la incorporación de Julio Cruz por su ilegalidad y se saque el puesto a convocatoria pública, como debió hacerse desde el primer momento. Más de un mes después de este escrito, el equipo de gobierno sigue sin aclarar la situación de Julio Cruz.

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