Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, aseguró ayer en su declaración judicial ante la jueza Celia Blanco, del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, que no participó «de ninguna manera» en los contratos municipales por los que se le investiga a él y otros cuatro concejales de su equipo de gobierno y que estas adjudicaciones fueron «propuestas por los funcionarios» con «informes favorables» de estos empleados públicos.
Luis Yeray Gutiérrez declaró en el Palacio de Justicia de La Laguna ayer por la mañana durante una hora ante Celia Blanco y el fiscal Domingo González por el caso Laycas, en el que está investigado –como los otros cuatro ediles– por los presuntos delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas–, malversación de caudales públicos –administración desleal de recursos públicos–, gestión interesada –aprovechar las funciones públicas para un interés particular–, cohecho –soborno– y falsificación documental. En su comparecencia se negó a responder a las preguntas del denunciante, Alfredo Gómez, y la acusación popular, ejercida por los ediles de Coalición Canaria Francisco Hernández y Jonathan Domínguez.
La magistrada indaga una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados que denunció en mayo el concejal no adscrito de La Laguna Alfredo Gómez. La denuncia de Gómez, que comenzó el mandato como edil de Ciudadanos y pasó al grupo mixto al abandonar el partido, abarca 116 adjudicaciones por las que el Consistorio se gastó 952.000 euros de 2019 a 2021.
La Fiscalía también preguntó por otros tres contratos menores, incluidos en la documentación remitida al ministerio público antes de la denuncia que Gómez elevó a los juzgados. Fueron adjudicados de forma directa por el Ayuntamiento en 2020 a Sandra Rodríguez, precisamente la abogada de Luis Yeray Gutiérrez en esta causa. Sandra Rodríguez cobró por estas contrataciones sin concurso 45.000 euros para labores de asesoramiento y defensa jurídica.
Sandra Rodríguez es la misma abogada que llevó las denuncias de Santiago Pérez, cuando este estaba en la oposición en La Laguna –ahora es edil de Urbanismo en representación de dos partidos, PSOE y Avante–, contra los anteriores responsables municipales de CC, en el caso grúas, archivado por el Tribunal Supremo, y el caso reparos.
Sobre este asunto, el alcalde lagunero se volvió a amparar en los funcionarios al argumentar que cualquier contratación de bufetes de abogados los lleva la asesoría jurídica. Luis Yeray Gutiérrez no aclaró por qué Sandra Rodríguez recibió tres contratos menores de 15.000 euros cada uno por conceptos similares. Es la cantidad límite que permite la ley a un contrato menor sin concurso público. El límite de 15.000 euros lo establece la Ley de Contratos del Sector Público, una normativa creada para evitar una práctica muy extendida en los ayuntamientos: trocear adjudicaciones para sortear los controles y poder adjudicarlos a dedo.
Luis Yeray Gutiérrez subrayó, además, que no ha dado «en ningún momento» directrices para que se elija a personas o entidades determinadas, ni tampoco ha intervenido en la selección de empresas para la prestación de servicios.
También rechazó que mantenga una amistad con los dos responsables de tres empresas que acaparan el mayor número de contratos bajo la lupa judicial del caso Laycas: Desiré Trujillo y su marido Víctor Ventura, al frente de Catering Mi Favorita, Devicserver y Venclean. Según la querella, los empresarios mantienen una «íntima relación» con el alcalde y su pareja, la concejala Yaiza López. Estas empresas recibieron 42 encargos del Ayuntamiento que «en muchas ocasiones nada tenían que ver con el objeto social» y que presentaban «sobrecostes».
Devicserver, que fue constituida en marzo de 2020 para «provisión de comidas preparadas», recibió encargos para el suministro de mascarillas por la pandemia. Estas empresas también fueron contratadas para el suministro de agua, catering, desinfección y aparatos de control de temperatura, según la querella. Cobraron un total de 142.542 euros.
Sobre el hecho de que el Consistorio pagara por la compra de mascarillas a Devicserver, una empresa cuyo objeto social es el catering y no el suministro de material sanitario, Luis Yeray Gutiérrez puntualizó que se hizo por «las urgencias de la pandemia». Añadió que Desiré Trujillo ya prestaba servicios al Ayuntamiento antes de su llegada a la Alcaldía, en concreto desde 2018, cuando CC estaba al frente de la administración lagunera.
La jueza también preguntó al alcalde por otro supuesto beneficiado, el cantante Moisés González, primo segundo suyo. Fue contratado tres veces por 90.350 euros en total para actividades culturales. Luis Yeray precisó que la relación familiar con Moisés González es «nula» pero como profesional lo conoce de hace «muchos años».
El también secretario general de los socialistas laguneros –reelegido el pasado sábado– habló de otros supuestos favores denunciados. Sobre Silvia Zorita, esposa de Badel Albelo, concejal de Fiestas y también investigado, aclaró que no fue contratada de forma directa, sino a través de una empresa. La denuncia asegura que a ella y a un amigo de Albelo –Guancarlo Santeli– se les pagó «de forma reiterada» por buena parte de los espectáculos con mayor afluencia del municipio.
Sobre Julio Marrero, padre del concejal de Seguridad Alejandro Marrero, también investigado, el alcalde matizó que no se contrató a él directamente sino a la empresa a la que representa, Pinturas Juno. Le adjudicaron dos acuerdos menores de 8.089 euros y 13.549 euros para pintar los centros ciudadanos.
Tras su comparecencia judicial, Luis Yeray declaró por fuera del Palacio de Justicia que esta causa se ha abierto por «una denuncia política» tras la cual está «la mano de Coalición Canaria». El alcalde enfatizó que se basa en hechos «ficticios» y que todos los contratos cuentan «con los informes favorables de los funcionarios». El querellante, Alfredo Gómez, argumenta sin embargo que «el 95% de estas adjudicaciones carecen del aval exigido por ley». «No figuran los informes de fiscalización del secretario del Ayuntamiento ni, en su defecto, del director técnico jurídico». Gómez añadió que en breve ampliará la querella con nuevos acuerdos presuntamente irregulares.
También declaró ayer Yaiza López, concejala de Cultura y pareja del alcalde, investigada por los mismos delitos. Esta mañana lo harán Alejandro Marrero, edil de Hacienda y Seguridad, y Carla Cabrera, responsable de Mercados. Cerrará mañana la ronda de declaraciones judiciales por el caso Laycas Badel Albelo, edil de Fiestas. Los cinco investigados son del PSOE, que gobierna en La Laguna con Unidas se Puede y Avante.
Yaiza López también negó la amistad con Desiré Trujillo y Víctor Ventura, que desconocía que Julio Marrero trabajara en Pinturas Juno y que no hizo la mas mínima gestión para que se beneficiara a personas en concreto. Por ejemplo a su hermano, Alejandro López, beneficiado según la querella con ocho contratos a empresas para las que trabajaría como auxiliar de producción, La Creme Films y We Are Paradisso. Yaiza López negó que su hermano tenga relación con una de ellas, We Are Paradisso.
