El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, criticó ayer por primera vez a su propio gobierno (PSOE, Unidas y Avante) por la demora en la financiación necesaria para seguir trabajando en torno al Plan General de Ordenación (PGO) del municipio. «Estamos esperando, y lo digo aquí con toda la lealtad al gobierno del que formo parte, que nos transfieran los recursos», afirmó el veterano edil, miembro del PSOE y de Avante. «La Gerencia de Urbanismo y, en concreto, el Servicio de Planeamiento están piafando como los caballos o los atletas antes de que les den la salida», expresó con un símil. «Lo tenemos todo a punto, pero necesitamos financiación», urgió, antes de precisar que el compromiso que no se ha materializado es el de destinar «buena parte» de los remanentes líquidos de tesorería al citado fin.

El concejal lagunero se mostró rotundo: «Estamos en la fecha en la que estamos y estamos esperando. Lo digo con claridad. Lealtad al gobierno, pero luego que cada palo aguante su vela. Las cosas funcionan así». Estas manifestaciones las realizó en el transcurso de una rueda de prensa de balance de la gestión de la Gerencia de Urbanismo y en la que el polémico documento fue uno de los asuntos capitales. A continuación, concretó que el Servicio de Planeamiento aguarda para licitar, por un lado, una serie de nuevas modificaciones menores del planeamiento vigente y, por otro, para encargar «ese plan estratégico que debe presidir el debate que hemos de tener para rematar el PGO cuando toque».

Pérez sostuvo que en los primeros compases del mandato todos los informes jurídicos coincidían en que, si continuaban tramitando el Plan y lo remataban sin volverlo a someter a una nueva evaluación ambiental estratégica, tendría este un defecto de legalidad que llevaría a poder ser impugnado. «Y en esto sobreviene la pandemia, que ha dado lugar a un debate en todas las grandes zonas metropolitanas: ¿hacia dónde debe ir ahora el planeamiento urbanístico? Y en ese debate queremos participar, y lo queremos hacer a través del encargo de un plan estratégico, que será altamente participativo», aseveró.

Además, entiende que tampoco es conveniente que el PGO se aprobase ahora porque eso implicaría la incorporación al texto de un sistema viario «que le viene impuesto a La Laguna» por el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife (PTEOSVAM). Y añadió al respecto: «La Laguna no es las afueras de Santa Cruz, y algunas de estas vías están diseñadas desde el Ayuntamiento santacrucero, bendecidas por el Cabildo y con la complicidad de anteriores gobiernos municipales de La Laguna, que, probablemente, se inspiraron en el objetivo de una fusión Santa Cruz-La Laguna, a la que nunca ha renunciado ATI y que le ha llevado a callarse cuando se estaban tramitando instrumentos de ordenación insular o metropolitana que comprometían sin justificación la propia autonomía de La Laguna y su capacidad para ordenar su suelo».

Santiago Pérez había comenzado su intervención apuntando que el PGO no es el único asunto que ocupa a Urbanismo. «En los últimos días estoy oyendo, con la simpleza habitual, marca de la casa, a algunos representantes de CC permitiéndose decir que la Gerencia está parada, con el argumento de que el PGO no está aprobado ni en vías de próxima aprobación», lamentó. «Esa es solo una de las dimensiones sobre las que discurre la actividad de la Gerencia de Urbanismo», mantuvo, antes de referirse a campos de trabajo como la defensa de la legalidad o la protección del suelo rústico.

Doble de licencias de obra

El máximo responsable del urbanismo lagunero puso de relieve durante la comparecencia el trabajo de los profesionales del organismo autónomo que dirige. Entre los datos aportados destacó que se ha duplicado la concesión de licencias de obra durante la crisis sanitaria. Estas alcanzaron en el segundo trimestre de este año su cifra récord desde 2018, cuando se contabilizaron 494 títulos habilitantes. Pérez resaltó el «estímulo» que suponen estas cifras, y aludió a la implantación de la administración electrónica y al período medio de pago a proveedores mensual, con unos promedios inferiores a 30 días.

También se refirió al resto de indicadores que «no han parado de crecer» desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2021, como los expedientes tramitados (de 738 a 3.069), las resoluciones e informes emitidos (de 3.975 a 4.731), los títulos para el desarrollo de actividades (de 45 a 101) y los expedientes de conservación (de 147 a 248).